Gravísimo: 2 Detectives de la PDI involucrados en red de comercio sexual del Tren de Aragua
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Una reciente investigación desarrollada por Mega ha expuesto la implicación de dos detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile en una célula del Tren de Aragua, dedicada al comercio sexual en la Plaza de Armas de Santiago. Este descubrimiento ha llevado a su desvinculación y detención, revelando una compleja red de corrupción y crimen organizado que operaba desde noviembre de 2022.
Puntos Clave
- Desvinculación de la PDI: Los detectives Nicolás Ortega Castro y Sebastián Peredo Vera, antes parte de la PDI, fueron desvinculados y están en prisión preventiva debido a su asociación con la célula criminal.
- Operativo clave: La operación que destapó esta red comenzó con la detención de una adolescente venezolana en noviembre de 2022, quien estaba siendo explotada sexualmente.
- Comunicaciones comprometedoras: Los primeros indicios se levantaron en noviembre de 2022 cuando la PDI tomó detenida a una menor de 17 años en investigaciones por exploración sexual. Ante lo cual Yariel Ulloa López, un ciudadano cubano clave en la red, escribe directamente a los detectives involucrados preguntando “¿a dónde la van a dejar?” aludiendo a la joven rescatada. Interceptaciones telefónicas y el propio análisis del celular de Yariel son concluyentes respecto a la colaboración de estos oficiales con la organización criminal
- Cargos y acusaciones: Los implicados enfrentan múltiples cargos, incluyendo asociación ilícita, trata de personas, lavado de dinero, cohecho y soborno.
- Estructura criminal: La investigación identificó a 13 personas como parte de la organización, con roles bien definidos, incluyendo el liderazgo de Lewis Ponce Ortiz, venezolano y cabeza de la célula.
- Impacto en las víctimas: Se estima que la red tenía al menos 100 víctimas destinadas a la explotación sexual, muchas de ellas vigiladas y controladas constantemente.
- Lavado de dinero: A través de negocios fachada como peluquerías, la organización blanqueaba los ingresos de sus actividades ilícitas.
La implicación de funcionarios de la PDI en actividades criminales subraya la seriedad de la corrupción dentro de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. Este caso no solo destapa la explotación y el abuso de vulnerables, sino que también queda en evidencia la expansión del crimen organizado en las mismas fuerzas del orden público. Esta situación es extremadamente crítica, se espera que las investigaciones sigan su curso y las autoridades tomen carta en el asunto para prevenir o evitar que el crimen organizado siga extendiendo sus tentáculos en las fuerzas del orden y sociedad civil
