Diputados izquierdas alcanzan nuevo nivel de maldad y depravación: En septiembre de 2024 dieron reconocimiento a transexual María López Barrera sabiendo que había sido condenado por violación, hoy sabemos que a un menor de edad que contagió con VIH

En un acto que ha sido calificado por muchos como una nueva muestra de la depravación moral de ciertos sectores de la política chilena, en septiembre de 2024, la Cámara de Diputados de Chile decidió honrar a María Alejandra López Barrera, una figura prominente del activismo trans en el país. Este reconocimiento, otorgado a pesar del conocimiento público de su condena por violación, revela ahora una faceta aún más oscura: López Barrera no solo fue condenado por violación, sino que también contagió a un menor de 14 años con VIH durante el delito. Este artículo explora la historia de López Barrera, la reacción política y la ética detrás del reconocimiento otorgado.

Puntos Claves

1. Historia de López Barrera:
   • Rodrigo Alejandro López Barrera, ahora conocida como María Alejandra López Barrera, nació en Los Andes en 1975. A una edad temprana, financiaba su adicción a las drogas con actividades sexuales remuneradas.
   • En 2004, López Barrera, entonces trabajando en el burdel “La Torre 10”, cometió un acto atroz al violar a un menor de 14 años, abusando de su posición y fuerza, y le transmitió VIH.
   • Fue condenada a 15 años de prisión, cumpliendo su sentencia en varios penales del país, con un historial de mal comportamiento que le costó privilegios carcelarios.
2. El Reconocimiento Político:
   • En septiembre de 2024, López Barrera, ahora directora de la Organización Féminas Diversas y el Comité de Vivienda LGTB, fue reconocida por la Cámara de Diputados de Chile. Este acto de reconocimiento ocurrió a pesar de que su condena era de conocimiento público, aunque los detalles específicos del crimen solo han sido recientemente desvelados en su totalidad.
   • La premisa del reconocimiento se basó en la creación del Comité de la Vivienda para Personas LGBTIQ+, pero ignora deliberadamente el historial criminal de López Barrera.
3. Reacciones y Críticas:
   • El reconocimiento ha generado una división en la opinión pública y dentro de la comunidad política. Algunos políticos, especialmente aquellos de izquierda, han mantenido un silencio incómodo, mientras que otros han expresado su desaprobación, destacando la falta de ética y responsabilidad en la decisión.
   • El Alcalde Edgardo González Arancibia ha criticado públicamente la decisión, señalando que López Barrera no debería tener acceso a posiciones de influencia debido a su pasado criminal.
4. Implicaciones Legales y Morales:
   • Legalmente, López Barrera debería estar inhabilitada perpetuamente para ejercer cargos públicos, según el fallo de su condena en 2004. Sin embargo, al cumplir su sentencia, su registro delictivo se borró del sistema, permitiéndole una “segunda vida” sin el estigma de su crimen.
   • Desde un punto de vista moral, la actuación de los diputados izquierdistas no solo se percibe como un error de juicio, sino como una profundización en la inmoralidad y maldad pura del izquierdismo. La extensión de garantías y privilegios a personas involucradas en actividades delictivas, sin considerar adecuadamente los contextos y antecedentes, representa un riesgo significativo. Aunque es cierto que todos merecemos una segunda oportunidad, hay crímenes de tal gravedad que necesariamente deben acarrear consecuencias permanentes. Esto es sencillamente las consecuencias de nuestros actos.
5. Profesionalismo y valentía periodística:
   • Toda esta información es pública principalmente gracias al profesionalismo de Radio Aconcagua, quienes hace unos días publicaron una nota que resume los principales antecedentes del caso. Incluso fueron demandados pero finalmente la ley falló a favor de la radio, entendiendo que se relatan hechos públicos de interés ciudadano.

El reconocimiento a María López Barrera por parte de diputados de izquierda en 2024 es un ejemplo claro de cómo la política puede ser ciega a la moralidad cuando se trata de promover agendas ideológicas. Este acto no solo ignora la gravedad del crimen cometido contra un menor, sino que también subraya una preocupante falta de ética en la esfera pública. La sociedad chilena debe reflexionar sobre cómo se valoran y protegen los derechos de las víctimas frente a la promoción de figuras públicas con pasados oscuros, asegurando que la justicia y la moralidad no sean sacrificadas en el altar del activismo político.