Republicanos recurrirán al TC para solicitar la destitución de Maya Fernández e Isabel Allende tras fallida compra de casa de Salvador Allende

La bancada de diputados del Partido Republicano anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la destitución de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora socialista Isabel Allende, tras la polémica fallida compra de la casa que perteneció al expresidente Salvador Allende. La operación buscaba transformar la propiedad en un museo, pero fue anulada debido a la prohibición constitucional que impide a ministros y parlamentarios celebrar contratos con el Estado.

La controversia estalló luego de que se revelara que, aunque el proceso no fue completado, el contrato de compraventa fue firmado en notaría, involucrando directamente a la ministra y la senadora, quienes son parte de la copropiedad del inmueble.

Puntos Claves:

• La compra y la controversia legal: El Ejecutivo planeaba adquirir la residencia del expresidente Salvador Allende en Providencia por $933 millones para convertirla en un museo. Sin embargo, la operación violaba el artículo 37 de la Constitución, que prohíbe a autoridades públicas celebrar contratos con el Estado. Aunque la compra fue anulada, el contrato fue firmado, lo que, según el Partido Republicano, configura una causal de cesación automática en los cargos de Fernández y Allende.
• Ofensiva republicana y respaldo de Chile Vamos: La bancada republicana argumenta que la firma del contrato constituye una infracción grave, contemplada en los artículos 60 y 93 de la Constitución. “El contrato se llegó a suscribir, y por lo tanto, se llegó a producir la causal de cesación del cargo”, afirmó el jefe de bancada republicano, Luis Sánchez. El requerimiento al TC cuenta con amplio respaldo opositor, incluido el de sectores de Chile Vamos, que evalúan unirse formalmente al proceso.
• Críticas al conflicto de interés: La oposición ha señalado que la operación refleja un claro conflicto de interés, ya que tanto la ministra Maya Fernández como la senadora Isabel Allende son parte de la copropiedad del inmueble. Además, destacaron la responsabilidad política del Ejecutivo en haber permitido que avanzara una operación cuestionada desde el inicio.
• Dimisión de la ministra de Bienes Nacionales: La ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, renunció tras la polémica, asumiendo los costos políticos del caso. Desde el oficialismo han argumentado que esta dimisión cierra el capítulo, pero la oposición considera que la responsabilidad de Fernández y Allende no puede quedar sin consecuencias legales.
• Comisión investigadora: Además del requerimiento al TC, los republicanos han solicitado la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) para profundizar en las irregularidades del proceso. “Esperamos citar a funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales para esclarecer cómo ocurrió esto”, señaló Sánchez, destacando la necesidad de transparentar la operación.
• Apoyo del Partido Socialista a las implicadas: El Partido Socialista ha defendido a Isabel Allende y Maya Fernández, calificando la ofensiva republicana como un “ataque político sin fundamento”. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, afirmó que ambas contaban con respaldo irrestricto de la colectividad y que la responsabilidad principal recae en errores administrativos. Sin embargo, internamente se han reconocido tensiones por el impacto del caso en el prestigio del partido.
• Reacciones cruzadas y autocrítica: Desde el oficialismo, algunos parlamentarios han criticado la desprolijidad con que se manejó el caso. La diputada socialista Daniella Cicardini expresó: “Lamentamos que un proyecto que buscaba honrar el legado del presidente Allende haya sido empañado por torpezas administrativas”.
• Argumentos republicanos sobre la inhabilidad: Los republicanos sostienen que tanto Fernández como Allende están inhabilitadas para continuar en sus cargos desde el momento en que firmaron el contrato. “Esto no solo afecta a una ministra, sino también a una senadora que sigue votando en el Congreso, afectando la democracia”, cuestionó Sánchez.
• Posibles efectos en el Tribunal Constitucional: En el caso de Isabel Allende, los republicanos confían en que el TC fallará a su favor debido a la claridad del artículo 60 de la Constitución. Respecto a Maya Fernández, existen dudas legales, ya que el cargo de ministra está regulado por diferentes disposiciones. Sin embargo, el bloque opositor insiste en que ambas autoridades deben enfrentar las consecuencias legales de sus acciones.
• Precedentes en el TC: El caso recuerda intentos previos de destitución de parlamentarios por parte del TC, como el requerimiento contra el exdiputado Hugo Gutiérrez en 2020, que finalmente fue rechazado tras meses de deliberación. Sin embargo, la oposición confía en que esta vez el fallo será distinto debido a la gravedad de la infracción.

El caso ha escalado en una crisis política que no solo afecta al Gobierno, sino también al Partido Socialista, donde Isabel Allende y Maya Fernández son figuras emblemáticas. Mientras el oficialismo intenta blindarlas, la oposición busca usar el caso como un ejemplo de inhabilidades constitucionales y conflictos de interés. La decisión del TC, que podría tomar meses, será crucial para definir el futuro de las involucradas y el impacto político de este controvertido episodio.