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Catalina Pérez se presenta como imputada en investigación por “Democracia Viva”

Ilustracion declaracion justicia Imagen generada con IA. Click para ampliar T
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En un nuevo capítulo del caso “Democracia Viva”, la diputada Catalina Pérez ha declarado como imputada ante la Fiscalía Nacional de Chile, refutando cualquier participación en irregularidades de asignación de recursos o selección de fundaciones. Su abogado, Gonzalo Medina, enfatizó la ausencia total de tráfico de influencias por parte de la diputada.

Puntos clave

  1. Lugar de la declaración: Catalina Pérez, con militancia suspendida en Revolución Democrática (RD), compareció en la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago.
  2. Declaraciones previas: Durante la investigación, también declararon el ministro Carlos Montes y Verónica Serrano (tía de Miguel Crispi y exjefa nacional de Asentamientos Precarios), ambos en calidad de testigos.
  3. Detalles de la declaración de Pérez:
    • Pérez renunció voluntariamente a su derecho a guardar silencio.
    • Aseguró no haber participado en la selección de fundaciones ni en la asignación de fondos.
    • Espera que su declaración aclare las especulaciones y descarte acusaciones de tráfico de influencias.
  4. Continuidad de la investigación: El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, mencionó que la investigación sigue abierta y no descarta nuevas citaciones. En total, se investigan 82 convenios repartidos en 12 regiones del país, involucrando cerca de 8 mil millones de pesos.
  5. Posible nueva citación: Miguel Crispi podría ser citado nuevamente debido a posibles contradicciones reveladas tras la declaración de la exsubsecretaria Tatiana Rojas.

La situación legal de Catalina Pérez se mantiene en el centro de la atención pública y legal. Con la investigación en curso y posibles nuevas citaciones a figuras clave, el caso “Democracia Viva” continúa desarrollándose, manteniendo en vilo tanto a políticos como a ciudadanos interesados en la transparencia y la integridad en la administración pública. Las autoridades judiciales siguen comprometidas en esclarecer completamente el caso, asegurando que cualquier irregularidad sea debidamente sancionada.