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Auditoría Revela que Condenados por Graves Delitos Reciben Pensión de Gracia, Incluyendo Pornografía Infantil

Ilustracion de delicuente abriendo sobre con dinero con rostro cubierto Imagen generada con IA. Click para ampliar T
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La Contraloría General de la República ha hecho pública irregularidades significativas en el otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas por el estallido social en 2019. El informe, con fecha del 13 de diciembre de 2023, revela que 58 de los 419 beneficiarios tienen antecedentes penales por delitos graves, incluyendo abuso sexual, homicidio y producción de pornografía infantil.

Este hallazgo sugiere una falta de revisión adecuada de antecedentes penales en el proceso de aprobación de estas pensiones. Además, Contraloría criticó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por su rol en acreditar a las víctimas sin una validación adicional. De los expedientes revisados, 19 no tenían respaldos médicos adecuados o presentaban información contradictoria.

El informe de Contraloría da cuenta, además, que hay beneficiarios que tienen más de 10 condenas, existiendo gran variedad de tipos penales. La lista es larga e incluye estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar entre otros delitos

La Contraloría ordenó a la Subsecretaría del Interior actualizar y formalizar el procedimiento de revisión de antecedentes penales para los solicitantes de pensiones de gracia en un plazo de 30 días hábiles. También se instó a verificar la validez de 10 casos objetados y se dio un plazo de 60 días para adoptar medidas correctivas si es necesario.

Por último, se señaló en la auditoría la necesidad de un proceso disciplinario en la Subsecretaría del Interior y el INDH para investigar responsabilidades administrativas, con un plazo de 15 días hábiles para su inicio. En total, 108 de 144 casos revisados por el INDH carecían de respaldo médico adecuado, lo que pone en duda la eficacia del proceso de verificación.

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