Controversia en Pensiones de Gracia del 18-O: Más de $2.680 millones desembolsados y múltiples casos revocados
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En Chile, las pensiones de gracia destinadas a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social del 18 de octubre de 2019 han desatado una profunda controversia. Estas pensiones, que comenzaron a otorgarse en el gobierno de Sebastián Piñera y fueron incrementadas bajo la administración de Gabriel Boric, han acumulado un gasto de $2.680.914.316, según a podido recopilar Ex-Ante. La situación se complicó aún más tras descubrirse que varios beneficiarios condenados por delitos graves también recibían estos beneficios, lo que llevó a múltiples revocaciones.
Casos Revocados
Las pensiones de gracia, establecidas inicialmente para ofrecer reparación a las víctimas de abusos durante las manifestaciones, se han visto envueltas en polémicas por la inclusión de individuos con antecedentes penales notorios. Estos son algunos de los casos más emblemáticos que fueron revocados (fuente Ex-Ante), junto con los montos que recibieron antes de la anulación de sus beneficios:
- Andrés Fuica Fuica: Identificado inicialmente como víctima de violencia policial, fue condenado por participar en el saqueo de un supermercado en Viña del Mar. Recibió una pensión de $3.140.438.
- Gabriel Allende Torres: Condenado por agresión con una molotov en Curacaví. La pensión que recibió ascendió a $5.894.124.
- Adán Castro Cifuentes: Involucrado en agresiones físicas a Carabineros en Villarrica. Su pensión alcanzó los $3.442.106.
- Jonathan Parra Rebolledo: Condenado por incendiar una estructura y causar desórdenes públicos en Talca. La pensión otorgada fue de $3.140.438.
- Osvaldo Cepeda González: A pesar de tener antecedentes por violencia doméstica, recibió una pensión de $3.140.438 antes de su revocación.
- Francisco Gatica Catalán: Recibió $7.341.227 como una supuesta víctima de trauma ocular, que más tarde se demostró fue un accidente de tránsito no relacionado con las protestas.
- José Lagos Lagos: Beneficiario de una pensión de $3.442.106, a pesar de estar condenado por delitos relacionados con la producción de material pornográfico infantil.
- Robinson Jaramillo Monje: A pesar de una condena previa por abuso sexual a una menor, recibió $6.896.461.
Considerando la información recolectada y publicada por Ex-Ante, se estaría hablando de un aproximado de $36.437.338 en pensiones revocadas detectadas.
Implicaciones Políticas y Económicas
El gasto total de las pensiones hasta marzo de 2023 alcanzó los $2.680.914.316, cubriendo a 407 de los 418 beneficiarios iniciales. Las revocaciones han provocado un debate político intenso, particularmente con el Partido Comunista defendiendo la no revocación de estos beneficios incluso para individuos con antecedentes penales, lo que ha generado tensiones dentro del espectro político y cuestionamientos sobre la administración de justicia y reparación.
La gestión de las pensiones de gracia tras el 18-O destaca la complejidad de administrar justicia reparativa en un contexto de alta polarización y escrutinio público. La necesidad de procesos más rigurosos y transparentes es evidente para garantizar que los beneficios estatales se entreguen de manera justa y equitativa, respetando el espíritu de reparación sin comprometer la integridad del sistema de justicia. La controversia sigue abierta, demostrando la dificultad de balancear derechos humanos con responsabilidad fiscal y penal.
