Polémica campaña de Reforma de Pensiones por $430 millones desata críticas y acusaciones
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La ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), ha defendido enérgicamente la campaña de difusión del proyecto de reforma de pensiones, pese a las advertencias de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y las críticas de la oposición. La campaña, con un costo de $430 millones, busca contrarrestar lo que la ministra denomina “desinformación” por parte de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y promover el proyecto de ley que actualmente se encuentra en trámite en el Senado. Sin embargo, la base de esta campaña y su justificación ha sido objeto de intensos cuestionamientos y controversias.
Puntos Claves
- Origen de la Campaña:
- La idea del Ministerio del Trabajo, encabezado por Jeannette Jara, de lanzar una campaña publicitaria para fortalecer la postura del Gobierno respecto a la reforma de pensiones surgió tras el estancamiento de las negociaciones en el Senado, luego de la aprobación en la Cámara de Diputados.
- La campaña “Mejores pensiones para Chile” fue impulsada para hacer frente a las campañas publicitarias de las AFP, que según la ministra, desinforman a la ciudadanía.
- Advertencias de Secom:
- Desde Secom se advirtió que endurecer el tono de la campaña podría tener consecuencias negativas, tanto en la búsqueda de un acuerdo con la oposición como en el clima previo a la cuenta pública presidencial.
- Las advertencias no se limitaron a Secom; dentro del comité político también se expresó preocupación por los posibles efectos adversos de la campaña en el contexto político.
- Justificación de la Ministra Jara:
- La ministra Jara justificó la difusión de la campaña alegando que las AFP invierten grandes recursos en desinformar a la ciudadanía, y que el Gobierno tiene la responsabilidad de informar adecuadamente sobre el proyecto de ley.
- Según Jara, el Gobierno seguirá informando sobre los desafíos y virtudes del proyecto de reforma de pensiones, a pesar de las críticas.
- Cuestionamientos a la Base de la Campaña:
- La justificación de la campaña basada en contrarrestar la “desinformación” de las AFP es altamente cuestionable. Utilizar fondos públicos para este fin no debería ser la base de ninguna política pública, ya que esto puede derivar en propaganda gubernamental disfrazada de información pública.
- La credibilidad y la objetividad de las campañas informativas del Gobierno se ponen en duda cuando se basan en acusaciones de desinformación sin pruebas claras y objetivas.
- Costo de la Campaña:
- La campaña tuvo un costo total de $430 millones, con un gasto específico de $47.501.123 para el spot de la reforma de pensiones.
- La agencia CyberCenter S.A. fue contratada para desarrollar la campaña, bajo un contrato firmado por el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes.
- Reacción de la Oposición:
- La oposición acusó al Gobierno de utilizar recursos públicos para proselitismo político, lo que consideran una grave transgresión de las normas sobre administración financiera y el uso de recursos públicos.
- Chile Vamos y Republicanos presentaron recursos ante la Contraloría General de la República para investigar la legalidad de la campaña. Argumentan que el Gobierno está utilizando una estrategia burda para convencer a los chilenos de que el sistema de reparto es el mejor camino para mejorar las pensiones.
- Defensa del Gobierno:
- La Subsecretaría de Previsión Social defendió la legalidad de la campaña, citando dictámenes de la Contraloría que permiten la difusión de proyectos de ley en trámite, siempre que se especifique su estado legislativo.
- La ministra Jara reiteró que el Gobierno busca informar a la ciudadanía sobre los desafíos y virtudes del proyecto de reforma de pensiones, a pesar de las críticas de la oposición.
La campaña de la reforma de pensiones promovida por el Ministerio del Trabajo ha desatado una fuerte controversia política. Las advertencias de Secom y las críticas de la oposición destacan la naturaleza problemática de basar una campaña pública en la supuesta necesidad de contrarrestar la desinformación. Esto socava la credibilidad y objetividad necesarias en las políticas públicas. Mientras el Gobierno defiende la legalidad y necesidad de la campaña, la oposición cuestiona su ética y legalidad, y ha recurrido a la Contraloría para una evaluación más exhaustiva. En este contexto, el debate sobre la reforma previsional continúa intensamente en el Senado, con implicaciones significativas para el futuro del sistema de pensiones en Chile.
