Seleccionar página

Desalojo en San Felipe: extranjeros exigieron condiciones pese a ocupar ilegalmente terrenos con prostíbulo, discoteca y casino

Ilustración toma tono desafiante Imagen generada con IA. Click para ampliar T
publicidad disponible

El desalojo del campamento Yevide en San Felipe, donde vivían más de 600 personas, en su mayoría extranjeras, desató tensiones e indignación luego de que varios ocupantes, pese a no tener ningún derecho legal sobre el terreno, se opusieran al procedimiento y exigieran condiciones especiales para su salida. La toma, que funcionaba hace años, albergaba recintos ilegales y fue objeto de una orden judicial que obligaba su desalojo. A pesar de contar con albergues disponibles, varios rechazaron la asistencia ofrecida por el municipio.

Puntos Claves:

  • Campamento ilegal ocupado en su mayoría por extranjeros es desalojado por orden judicial: El desalojo se realizó el jueves 3 de abril en el sector conocido como “cuadrícula 11” del campamento Yevide, en San Felipe. El terreno, propiedad de Esval, la constructora San Bartolomé y los responsables de la ruta CH-60, fue ocupado ilegalmente durante años. El procedimiento fue ordenado judicialmente y coordinado por Carabineros y la Delegación Presidencial de Valparaíso.
  • Habitantes resistieron con barricadas y protestas, pese a haber sido notificados con meses de anticipación: Aunque los ocupantes fueron informados en enero sobre la orden judicial, cerca de 30 personas intentaron impedir el operativo con barricadas, quemando muebles y hasta un vehículo. La intervención policial incluyó el uso de vehículos lanzagua y agentes de diálogo. No hubo lesionados ni detenidos.
  • Municipalidad ofreció albergues que fueron rechazados por algunos ocupantes: La Municipalidad de San Felipe, liderada por la alcaldesa Carmen Castillo, habilitó dos albergues transitorios con capacidad para 40 personas cada uno. Según confirmaron autoridades y dirigentes vecinales, los albergues están activos y disponibles, aunque varios de los afectados se negaron a usarlos. Algunos argumentaron falta de privacidad o condiciones dignas. Dunel Auguste, presidente de la JJ.VV. del campamento, señaló que el primer albergue ya fue activado y que el segundo estaba operativo durante la jornada del jueves. A pesar de los cuestionamientos, los albergues continúan disponibles para quienes sí deseen acogerse a esta solución de emergencia.
  • Extranjeros exigieron condiciones y plazos, generando molestia ciudadana: Durante el operativo, varios ocupantes extranjeros reclamaron en televisión abierta por el procedimiento. Algunos incluso exigieron más tiempo y mejores condiciones para salir, pese a vivir en un terreno tomado, sin derechos ni permisos.
    • Un ciudadano boliviano declaró: “Dicen que hay albergue, pero es un galpón lleno de colchones, entonces dónde está la privacidad”.
    • Una mujer peruana sostuvo: “Nosotros no necesitamos que nos regalen casa como los chilenos dicen, nosotros necesitamos un plazo para que todos tengamos un techo digno donde irnos”.
    Estas declaraciones generaron indignación en redes sociales, donde muchos ciudadanos cuestionaron que quienes se encontraban en situación irregular exigieran beneficios mientras vulneraban la ley.
  • Toma con múltiples actividades ilegales y antecedentes criminales: En el interior del campamento funcionaban de forma clandestina una discoteca, botillerías, un casino y un prostíbulo. En enero, se decomisaron miles de litros de alcohol y hubo nueve detenidos. En agosto del año pasado, un ciudadano haitiano fue asesinado a las afueras de la discoteca. Estas actividades, además de la ocupación ilegal, generaron un grave foco de inseguridad en el sector.
  • La ley debe primar por sobre la ocupación irregular: A pesar del drama humano que implica cualquier desalojo, las autoridades recalcaron que el procedimiento era legal, estaba notificado con anticipación y se realizó con respeto a los derechos de las personas. El coronel Mauricio Guzmán señaló que “se trabajó con bastante calma, prudencia (…) Esto es una resolución judicial y había que cumplirla”. El delegado presidencial Daniel Muñoz complementó que “la Municipalidad de San Felipe ha dispuesto dispositivos de albergue para las personas que requieran dirigirse hacia el lugar”, reforzando que el Estado no los ha dejado sin alternativas.
  • Próxima demolición y recuperación del terreno para viviendas sociales: Tras el desalojo, la empresa San Bartolomé iniciará la demolición de las viviendas irregulares, permitiendo la construcción de 121 casas. Se otorgará un plazo prudente para que los ocupantes retiren sus pertenencias. “Hoy esto tiene que quedar desocupado”, enfatizó el coronel Guzmán.
  • Reacción ciudadana: molestia ante exigencias de ocupantes ilegales: La actitud de quienes resistieron el desalojo y rechazaron la ayuda provocó molestia entre vecinos y ciudadanos. Muchos expresaron indignación frente a los reclamos de extranjeros que, tras ocupar ilegalmente un terreno por años, ahora exigían condiciones que no tienen respaldo legal. El caso generó debate sobre la necesidad de aplicar con firmeza las leyes y recuperar el control del territorio nacional.

Este caso evidencia la importancia de actuar con decisión frente a tomas ilegales, más aún cuando generan focos de delito y desorden. El cumplimiento de la ley no puede ser condicionado por presiones o exigencias de quienes no respetan las normas.

Si bien es necesario proteger los derechos humanos y ofrecer apoyo digno a quienes lo requieran, también es fundamental que toda persona, sin importar su origen, entienda que en Chile las reglas se respetan. Las soluciones habitacionales deben priorizar a quienes cumplen la ley y no a quienes la desafían abiertamente.