Nicolás Piña Palomera, condenado a 10 años de cárcel por lanzar una bomba molotov a un furgón policial con carabineros en su interior, se encuentra prófugo desde enero pese a una orden vigente de detención. Su caso ha generado controversia no solo por la gravedad de los hechos, sino también por el respaldo que recibió anteriormente del ahora Presidente Gabriel Boric y del actual seremi de Seguridad de la Región Metropolitana, Jaime Fuentes Purran, quien incluso marchó en su defensa en 2021. Este artículo se basa en una investigación realizada por El Líbero.
Puntos Claves:
- Condenado por ataque con bomba molotov a carabineros:
Nicolás Piña Palomera, ingeniero en prevención de riesgos y padre de dos hijos, fue condenado a 10 años de cárcel por los delitos de homicidio frustrado contra carabineros y lanzamiento de artefacto incendiario. El ataque ocurrió el 12 de febrero de 2021 en calle Pío Nono, Recoleta, durante una manifestación. Vestido con bolsas de basura, una máscara antigases y antiparras, lanzó una bomba molotov al interior de un furgón policial con al menos seis carabineros en su interior. Según el fallo, su intención era provocar la muerte de los funcionarios. - Confirmación de condena y estado de prófugo:
El Segundo Tribunal Oral de Santiago dictó sentencia en octubre de 2023, y la Corte Suprema la ratificó el 7 de enero de 2024. Desde entonces, Piña se encuentra prófugo. Pese a los esfuerzos de la Fiscalía Centro Norte, no ha sido ubicado. Una orden de detención emitida en octubre de 2023 sigue vigente. - Defensa judicial y cuestionamientos familiares:
La defensa fue liderada primero por Víctor Providel y luego por Claudio Fierro. Familiares de Piña han criticado ambos procesos por supuestos errores. Desde una cuenta en redes sociales llamada “Nicolás Piña Libre”, se señala que su juicio fue viciado y que “ningún personero de gobierno ha defendido a Nico”. - Apoyos políticos antes de la condena:
El actual Presidente Gabriel Boric, cuando era candidato, visitó a Piña en prisión preventiva el 30 de julio de 2021. En ese entonces declaró: “Seguiremos trabajando por verdad, justicia, reparación y la libertad de los presos de la revuelta”. En paralelo, el actual seremi de Seguridad de la RM, Jaime Fuentes Purran (FA), fue uno de los voceros de la Asamblea Nacional de Familiares de los llamados “presos políticos” y marchó pidiendo su libertad. - Reacción posterior de los familiares y contradicciones:
Tras la visita de Boric, la familia expresó sentirse decepcionada por la actitud del gobierno, acusando que el Ministerio del Interior fue querellante en el caso. Piña mismo dijo en entrevista a El Ciudadano que “Boric es como un segundo Aylwin” y que “no hubo ningún cambio profundo desde la revuelta”. - Cronología del caso judicial:
- 12 de febrero de 2021: Detención de Piña tras ataque con molotov.
- Febrero 2021 a marzo 2022: Estuvo en prisión preventiva en Santiago Uno.
- Marzo 2022: Quedó con arraigo nacional.
- Octubre 2023: Tribunal emite condena; Corte de Apelaciones revoca libertad.
- Enero 2024: Corte Suprema confirma la condena.
- Actualidad: Piña sigue prófugo.
- Contexto político del nuevo seremi de Seguridad:
Jaime Fuentes Purran, abogado y militante del Frente Amplio, asumió el 1 de abril como seremi de Seguridad de la RM. Anteriormente, se desempeñó como seremi de Justicia. Su pasado como vocero de familiares de detenidos del 18-O, incluida su participación en manifestaciones por Nicolás Piña, ha provocado críticas de sectores políticos como Renovación Nacional, que lo acusan de apoyar la violencia. - Críticas de RN y defensa del gobierno:
Parlamentarios de RN oficiaron al ministro de Seguridad, Luis Cordero, cuestionando el nombramiento de Fuentes. Argumentaron que “reivindicar a personas condenadas por ataques a carabineros transgrede el deber del Ejecutivo”. Desde el gobierno, Cordero defendió la designación afirmando que Fuentes “está mejor evaluado respecto de su desempeño profesional”. - Otras figuras polémicas en el nuevo Ministerio de Seguridad:
Además de Fuentes, otros seremis designados tienen antecedentes de haber criticado a Carabineros o de haber participado en protestas durante el estallido social. Algunos de ellos provienen del PC, FA, PL y el PS, generando inquietud por su actual rol coordinador de las policías.
La historia de Nicolás Piña Palomera evidencia no solo la gravedad del ataque cometido, sino también una alarmante incoherencia por parte de autoridades que hoy están a cargo del resguardo del orden público. Que el nuevo seremi de Seguridad de la Región Metropolitana haya marchado pidiendo la libertad de quien fue condenado por intentar quemar vivos a carabineros, y que el propio Presidente lo visitara en prisión, deja una señal preocupante sobre las prioridades políticas del Ejecutivo en materia de seguridad. Resulta inaceptable que quienes hoy deben liderar la coordinación con las policías hayan respaldado activamente a condenados por violencia extrema.
Más aún, la incapacidad del Estado para dar cumplimiento a una sentencia firme, con Piña prófugo desde enero pese a una orden de detención vigente, agrava la percepción de impunidad. El gobierno no solo se ha abstenido de condenar de manera clara este tipo de acciones, sino que ha promovido en cargos clave a quienes antes relativizaron la violencia ejercida durante el estallido social. Esta falta de coherencia institucional socava la legitimidad del nuevo Ministerio de Seguridad y mina la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para garantizar justicia y orden.