Revelan chats entre tasadores en caso Sierra Bella: fijaron precio antes de tasar y podrían haber recibido presiones desde el municipio

Una grave revelación marca un nuevo episodio en la polémica por la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago. Se filtraron conversaciones entre dos tasadores donde acuerdan un precio incluso antes de realizar la evaluación técnica del inmueble, según informa T13. El caso ya estaba siendo investigado por presunto fraude al fisco, y estos mensajes refuerzan las sospechas de irregularidades graves en el proceso.

Puntos Claves:

• Tasadores acordaron un precio antes de tasar la propiedad: En una conversación por WhatsApp, dos de los tres tasadores contratados para valorar la ex clínica Sierra Bella discutieron directamente cuánto debía costar la propiedad, sin basarse en una tasación objetiva. Esto es considerado una falta grave, ya que los tasadores deben actuar con total independencia y basar su informe en criterios técnicos, no en un monto predefinido.
• Conversación completa muestra cómo se definió el precio sin justificación técnica:
  – Patricio Gajardo: ¿A cuánto hay que llegar?
  – María José Sepúlveda: Entre 7.950 y 8.200
  – PG: ¿Pesos o UF?
  – MJS: Pesos
  – MJS: Millones
  – MJS: En UF yo llegué a 234 mil y fracción
  – PG: UF 235.600
  Esta conversación demuestra que el precio fue definido entre ambos, y no calculado en base a una evaluación independiente, como exige la ley en este tipo de procesos.
• Funcionaria municipal habría presionado para fijar un precio específico: Según la investigación, una funcionaria del municipio de Santiago, identificada como Loreto Fernández, habría apurado a los tasadores y les habría indicado el rango de precios que se debía usar. En un audio enviado por WhatsApp, la tasadora María José Sepúlveda dice:
  
  “Hola chiquillas, oigan, me llamaron y necesito las tasaciones para mañana antes del mediodía, porque hay una reunión súper importante, se acercaron más compradores, está la mansa cag… y necesitan comprar ahora ya”.
  
  Luego agrega: “Y lo otro es que el precio tiene que ser entre 7.950 y 8.200, como que no 7.800, ya tiene que ser mucho más cercano a 8.000. Eso, por fa, por fa, por fa, antes del mediodía necesito las tasaciones”.
• Contraloría ya había detectado irregularidades en 2023: En su momento, la Contraloría General de la República objetó la compra al detectar que el precio estaba injustificadamente alto. Esto gatilló una investigación judicial, actualmente liderada por el fiscal Patricio Cooper, por posible fraude al fisco.
• Dueño de la ex clínica defiende el valor, pero critica el proceso: Felipe Sánchez, propietario del inmueble, defendió que “el precio es correcto” y dijo contar con siete informes que respaldan ese valor. Sin embargo, también cuestionó la forma en que se realizó la tasación: “Todo era ridículo, la manera en que llevaron las cosas, los tres tasadores, que fueran juntos. Esta gente en realidad está como jugando a administrar la Municipalidad de Santiago”.
• Abogado de Sánchez acusa motivaciones políticas: Nelson Salas, abogado defensor del dueño de la ex clínica, declaró que “lamentablemente se utilizó este elemento a mi juicio con eventuales fines políticos para dar cuenta de un sobreprecio que no es tal”.
• Los tasadores y la funcionaria no han dado explicaciones públicas: Hasta el momento, ni los tasadores involucrados ni la funcionaria municipal han querido referirse a las acusaciones ni a los mensajes filtrados.

La revelación de estos chats deja en evidencia un proceso de tasación irregular, donde se habría intentado ajustar el valor de la propiedad a un precio predeterminado. Si se confirma que hubo presiones desde el municipio y que los tasadores no actuaron con independencia, el caso podría escalar hacia sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales.

Esta situación no solo pone en duda la transparencia del proceso de compra, sino que también golpea la confianza de la ciudadanía en cómo se toman decisiones con recursos públicos. La investigación judicial sigue en curso, y aún podrían surgir nuevos antecedentes que clarifiquen quiénes fueron los responsables directos de estas irregularidades.