Amenaza de Maite Orsini a Francisco Leturia: “Tienes 24 horas para pedir disculpas”
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La diputada Maite Orsini (Frente Amplio) enfrenta nuevas acusaciones que intensifican la controversia en torno a su desempeño como parlamentaria. Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, reveló que en 2023 recibió una amenaza de Orsini que, según él, sobrepasó los límites éticos y legales. Este hecho se suma a otros episodios relacionados con su expareja, Jorge Valdivia, y ha generado críticas transversales en el ámbito político. Aquí te presentamos el caso resumido.
Puntos Claves del Caso
- La amenaza en palabras de Francisco Leturia
En declaraciones a medios nacionales, Francisco Leturia relató que en 2023 recibió un mensaje de la diputada Orsini exigiéndole disculpas públicas tras haber criticado su intervención en un control de identidad de Jorge Valdivia.
Según Leturia, la amenaza fue clara y directa: “Si te llama una autoridad y te dice: ‘Mis abogados, en plural, van a proceder con una querella que es para meter preso a alguien y te dicen que tienes 24 horas para que hagas esto, esto y esto, me pidas perdón públicamente y no lo haces, voy a ejercer acciones contra ti’, obviamente es una amenaza”.
No obstante, Leturia calificó esta acción como una “amenaza fallida”, argumentando que carecía de sustento jurídico y que, como abogado, tenía plena claridad de que dicha querella no prosperaría. Señaló además que este tipo de comportamientos refleja una falta de límites en el ejercicio de las funciones públicas. - Contacto con la fiscal Lorena Parra
Orsini también se comunicó recientemente con la fiscal encargada del caso Valdivia, Lorena Parra, para alertarla sobre una filtración de información confidencial y preguntar si esto sería investigado. La fiscal respondió que ya existía una indagación penal por violación de secreto. - Críticas desde todos los sectores políticos
- Antonia Orellana, ministra de la Mujer, calificó de “reprochable” el comportamiento de Orsini, enfatizando que este tipo de intervenciones vulneran la ética del servicio público.
- Luis Cordero, subsecretario del Interior, llamó a la responsabilidad en el ejercicio de cargos públicos, destacando que las autoridades deben actuar con prudencia y apego a sus atribuciones.
- Marlén Pérez (UDI) y Ximena Ossandón (RN) criticaron al Frente Amplio por su manejo del caso, señalando que la colectividad debe asumir la responsabilidad de las acciones de Orsini.
- Historial de intervenciones controversiales
Este episodio no es el primero en el que Maite Orsini ha sido señalada por gestiones cuestionables relacionadas con Jorge Valdivia. En 2023, la diputada llamó a Carabineros para interceder por Valdivia tras un control de identidad, lo que también generó críticas por supuesto abuso de poder. - Medidas disciplinarias en el Frente Amplio
Ante la acumulación de hechos, el Frente Amplio ha decidido remitir el caso al Tribunal Supremo del partido. Andrés Couble, secretario general de la colectividad, expresó:“Nos preocupa cualquier acción que pueda poner en riesgo las garantías para las víctimas. Los hechos conocidos trascienden el ámbito estrictamente personal y abren dudas respecto al rol que ha jugado como diputada”.
Esta instancia podría imponer sanciones internas dependiendo de la gravedad de las conclusiones del tribunal. - Impacto en la opinión pública
La amenaza a Leturia, sumada a los contactos con fiscales y su historial de intervenciones, ha intensificado las críticas hacia Orsini. Figuras de su propio sector político, como Jaime Sáez y Jorge Brito, han señalado la gravedad de los hechos, mientras que otros, como Tomás de Rementería, consideran que se ha magnificado su conducta.
El testimonio de Francisco Leturia pone en evidencia los riesgos de sobrepasar los límites éticos en el ejercicio del poder. Sus palabras: “Es su propio sector el que tiene que dar señales, si ese tipo de actitudes forman o no parte de su proyecto político”, resumen la preocupación general sobre las acciones de Maite Orsini.
Más allá de las sanciones internas o legales que puedan surgir, este caso plantea una reflexión profunda sobre la responsabilidad de las autoridades públicas. En este contexto, es crucial mantener la transparencia y garantizar la protección de las víctimas, que deben ser el centro de atención en casos de esta índole.
