¿Las cuentas gubernamentales pueden bloquear a civiles? ¿Cómo es en otros países? ¿Se pueden tomar acciones legales? Preguntamos a la IA

Siempre que se consulta asesoría legal con Inteligencia Artificial es muy importante ser consciente que esta información puede contener errores, según cómo se formula la pregunta la IA tiende forzar conexiones que tal vez no existen en la vida real. Considerando lo anterior, esta información es solo una referencia o punto de partida a otras investigaciones, de ninguna forma se debiera considerar como una base legal para una decisión judicial, o al menos no solo con esto. Esta conversación se realizó con ChatGPT 4

En honor al tiempo orientamos la investigación a países desarrollados. Nuestra pregunta principal:

¿Las cuentas sociales gubernamentales en países desarrollados pueden bloquear usuarios? ¿Qué consecuencias tiene?

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A lo que ChatGPT responde

En muchos países desarrollados, las cuentas sociales gubernamentales son vistas como extensiones de las funciones del gobierno, y por lo tanto están sujetas a ciertas normas legales y éticas, especialmente en relación con la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a comunicarse con sus representantes. La posibilidad de que estas cuentas bloqueen a usuarios puede generar controversias y llevar a debates sobre la censura y el acceso público a la información.

Consecuencias de Bloquear Usuarios

1. Demandas por violación de derechos civiles: Los usuarios bloqueados pueden presentar demandas legales argumentando que se les ha negado el acceso a información pública o la oportunidad de participar en un diálogo público, lo cual podría ser considerado una violación de sus derechos civiles bajo ciertas constituciones o leyes de derechos humanos.
2. Críticas y mala prensa: El bloqueo de usuarios por parte de cuentas gubernamentales puede atraer críticas de la prensa y el público, quienes pueden ver estas acciones como antitéticas a los principios de transparencia y rendición de cuentas en un gobierno democrático.
3. Cambios en la política de comunicaciones: Los desafíos legales y las críticas pueden forzar a los gobiernos a reevaluar y posiblemente cambiar sus políticas sobre cómo interactúan en las plataformas de redes sociales.

Ejemplos

1. Estados Unidos – Caso Donald Trump: Uno de los casos más notables involucró al presidente Donald Trump, quien fue demandado por bloquear a críticos en su cuenta de Twitter. En 2019, un tribunal de apelaciones dictaminó que como Trump utilizaba su cuenta para fines oficiales, bloquear a los críticos violaba la Primera Enmienda de la Constitución de los EE. UU., que garantiza la libertad de expresión. Este fallo estableció un precedente importante sobre cómo las cuentas de redes sociales operadas por funcionarios gubernamentales deben ser accesibles al público.
2. Canadá: En Canadá, ha habido debates similares sobre si los políticos pueden bloquear usuarios en sus cuentas de redes sociales. Aunque no ha habido una decisión judicial de alto perfil como en el caso de los EE. UU., las directrices de ética sugieren que los funcionarios deben usar sus cuentas de manera que respeten la libertad de expresión y eviten la percepción de censura.

ChatGPT 4

En realidad, son pocos los casos que han tenido consecuencias legales propiamente dichas (el caso de Trump sería el más emblemático). La mayoría de los países desarrollados han discutido este asunto y han establecido directrices para regular la comunicación institucional. Además, la Unión Europea cuenta con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que, aunque no aborda el tema directamente, establece derechos y garantías para los ciudadanos que podrían aplicarse en casos de bloqueos de cuentas gubernamentales.

La pregunta lógica tras analizar esta información es cómo funciona en nuestro país, a lo cual ChatGPT nos responde:

En Chile, si una cuenta gubernamental realiza prácticas como bloquear usuarios, lo cual podría interpretarse como una infracción de derechos constitucionales como la libertad de expresión o el derecho a la información pública, los afectados pueden emprender varias acciones legales, incluyendo una demanda colectiva. Aquí te explico cómo procedería este tipo de demanda:

1. Identificación de la Base Legal

Primero, los demandantes deben identificar la base legal de la demanda. Esto implica determinar cuál de los derechos garantizados por la Constitución o por leyes específicas ha sido violado por la acción de bloquear usuarios en una cuenta gubernamental. Por ejemplo, podría argumentarse que se viola el derecho a la libertad de expresión (Artículo 19, Nº 12 de la Constitución) o el derecho al acceso a la información pública (Ley N° 20.285).

2. Organización de los Afectados

Para una demanda colectiva, es necesario organizar a un grupo de afectados que compartan el mismo interés y perjuicio. Este grupo puede ser representado por uno o varios de los afectados, o por una organización que defienda los derechos civiles o la transparencia gubernamental.

3. Recurso de Protección

En Chile, el mecanismo más común para responder rápidamente a la vulneración de derechos constitucionales es el Recurso de Protección. Este recurso está diseñado para proteger los derechos garantizados por la Constitución frente a actos u omisiones de autoridades o particulares que los vulneren.

• Dónde se presenta: El Recurso de Protección se presenta ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio donde se produjo el acto arbitrario o ilegal.
• Plazos: Debe presentarse dentro de un plazo de 30 días desde que se comete el acto o desde que el afectado tuvo conocimiento de este.

4. Acciones ante el Consejo para la Transparencia

Si el asunto está relacionado específicamente con el acceso a la información, los afectados también pueden presentar una reclamación ante el Consejo para la Transparencia, alegando que se les ha negado ilegalmente el acceso a información pública.

5. Litigio

Una vez presentada la demanda o el recurso, seguirá el proceso litigioso, durante el cual se deben presentar pruebas del acto de bloqueo y cómo esto constituye una vulneración de los derechos. El tribunal competente evaluará los argumentos y pruebas, y emitirá una resolución que puede incluir la orden de desbloquear a los usuarios y garantizar el acceso no discriminado a la información pública.

6. Seguimiento y Cumplimiento

Después de una decisión favorable, es crucial monitorear que la entidad gubernamental cumpla con la orden del tribunal. Si no se cumple, los demandantes pueden solicitar al tribunal que implemente medidas para forzar el cumplimiento.

Este proceso refleja la importancia de los mecanismos legales para proteger los derechos constitucionales y garantizar que las cuentas gubernamentales en redes sociales operen de manera transparente y accesible.

ChatGPT 4

Independientemente de las consecuencias legales, el bloqueo de civiles por cuentas gubernamentales es una señal antidemocrática preocupante que merece atención. En Chile, existen recursos y vías de acción legal, como el Recurso de Protección y las reclamaciones ante el Consejo para la Transparencia, que pueden utilizarse para defender estos derechos. Es esencial promover la transparencia y la rendición de cuentas en la comunicación gubernamental para garantizar el acceso igualitario a la información pública y proteger la libertad de expresión.