Fallas en inhibidores de señal en cárceles: reos acceden a llamadas e internet, el Gobierno niega problemas y critica filtración del informe

La Contraloría General de la República (CGR) detectó serias anomalías en el sistema de inhibidores de señal instalado en cárceles chilenas, a pesar de que su implementación costó más de $5.654 millones. El informe reveló que los reos siguen utilizando teléfonos móviles y accediendo a internet, desafiando la efectividad del sistema. Esto ha generado fuertes cuestionamientos desde el Congreso y un emplazamiento al Gobierno por el manejo de los recursos públicos.

Puntos Claves:

• Fallas detectadas en los inhibidores de señal: La Contraloría encontró que el sistema de inhibición, denominado “Guardian”, no impide de manera efectiva que los internos utilicen teléfonos móviles e internet, permitiendo incluso que equipos en “lista negra” accedan a la red.
• Anomalías en la tecnología empleada: Según el informe de la CGR, las fallas del sistema se deben a varios factores, entre ellos:
  • Interferencias de antenas externas: Estas generan distorsiones en las señales de bloqueo, permitiendo que dispositivos bloqueados sigan operando. Esta explicación es preocupante, si resultada ser cierto significaría que el sistema es poco eficiente en «entornos reales».
  • Creatividad criminal: Los internos han encontrado maneras de esquivar el sistema mediante acciones como eliminación del GPS de los dispositivos, cambio reiterado de chips, encendido y apagado constante de los equipos, clonación de IMEI y otras contramedidas tecnológicas.
  • Limitaciones técnicas del sistema: La evolución tecnológica exige actualizaciones constantes, lo que no siempre se ha realizado, afectando la capacidad de bloqueo.
• Pago del servicio sin garantizar su funcionamiento: A pesar de los problemas, Gendarmería continuó pagando por el servicio de inhibición. Se detectaron períodos en los que el sistema no detectó dispositivos, pero aun así se realizaron pagos millonarios a las empresas responsables. En específico:
  • El 27 de agosto de 2024, se realizó un pago de $471.240.000 por los meses de abril a junio.
  • Se detectó un período de inactividad en mayo, lo que podría haber significado multas por $27 millones que no fueron aplicadas.
  • La Contraloría solicitó a Gendarmería que remita la documentación que acredite la aplicación de las multas en un plazo de 60 días hábiles.
• Falla en otros sistemas de inhibición: No solo el sistema “Guardian” presenta problemas. Otro sistema llamado “Jammer”, instalado en cárceles de Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Antofagasta, Bío Bío, Valdivia y Puerto Montt, opera con una tecnología obsoleta que solo bloquea hasta la red 2G, mientras que los internos utilizan redes 3G y 4G. Además:
  • En el Centro Penitenciario de La Serena, se comprobó que los internos podían hacer llamadas y conectarse a internet sin problemas.
  • Un 33,52% de los dispositivos Jammer está dañado debido a vandalismo, y solo el 66,48% sigue operativo.
• Críticas desde el Congreso: El diputado UDI, Sergio Bobadilla, acusó al exministro de Justicia y actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, de engañar al país sobre el funcionamiento del sistema. “Se han botado $5.700 millones al tacho de la basura”, afirmó Bobadilla, exigiendo que el Consejo de Defensa del Estado tome medidas contra quienes autorizaron estos pagos.
• Respuesta de Gendarmería: El director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, defendió la efectividad del sistema “Guardian”, asegurando que ha permitido bloquear más de 51.000 chips y 32.000 dispositivos desde su implementación. Además, indicó que muchas de las observaciones de la CGR ya han sido acogidas y se han incorporado mejoras en la licitación para expandir el sistema a otras nueve cárceles.
• Preocupación por la filtración del informe: Tanto Gendarmería como el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expresaron su inquietud por la difusión del informe de la CGR, argumentando que esto compromete la seguridad penitenciaria y nacional. Gajardo insistió en que el sistema sigue funcionando, aunque requiere mejoras y ajustes.
• Futuro del sistema: Se está trabajando en una nueva licitación para dotar de tecnología de inhibición a nueve unidades penales en Arica, Copiapó, Valparaíso, Colina I y II, Puente Alto, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, incorporando las correcciones necesarias según lo observado por la Contraloría.

A pesar de las afirmaciones de Gendarmería y el Ministerio de Justicia sobre el funcionamiento del sistema, el informe de la CGR deja en evidencia serios problemas en la efectividad de los inhibidores de señal, cuestionando la inversión realizada y la gestión de los recursos públicos. La situación sigue generando críticas y exigencias de mayor transparencia y control en la implementación de estos sistemas de seguridad en las cárceles chilenas.