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Corea del Sur declara la ley marcial: “Amenazas de las fuerzas comunistas” o estrategia para frenar investigaciones de corrupción

Ilustración ley marcial en corea del sur Imagen generada con IA. Click para ampliar T
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El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha declarado la ley marcial en un movimiento que sacude al país y provoca divisiones entre quienes creen que responde a “las amenazas que plantean las fuerzas comunistas” y quienes lo ven como un intento de frenar a la oposición que lidera investigaciones de corrupción relacionadas con su administración y círculo cercano.

Puntos clave sobre la declaración de ley marcial

  1. Motivos oficiales: “Amenazas comunistas” y protección del sistema
    En su discurso televisado, Yoon afirmó que la ley marcial busca erradicar las “fuerzas antiestatales” que, según él, están llevando al país al caos. Acusó al principal partido opositor, el Partido Democrático (PD), de simpatizar con Corea del Norte y de actuar como “un refugio de delincuentes” que amenaza la democracia surcoreana.“Debemos proteger a Corea del Sur de las amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte y de quienes buscan derrocar nuestro sistema democrático”, señaló el mandatario, marcando un tono de enfrentamiento ideológico.
  2. Restricciones bajo la ley marcial
    • Políticas y legislativas: La Asamblea Nacional quedó clausurada y todas las actividades políticas prohibidas.
    • Libertades civiles: Se restringieron las manifestaciones y protestas, mientras que los medios de comunicación fueron colocados bajo control estatal para prevenir lo que el gobierno denominó “propaganda falsa”.
    • Penas severas: La ley permite detenciones sin orden judicial para quienes violen las disposiciones, según los artículos 9 y 14 de la normativa.
  3. El contexto político y las tensiones previas
    El conflicto se intensificó después de que el Partido Democrático aprobara un presupuesto reducido para 2025 sin el apoyo del oficialismo y promoviera mociones para destituir a altos fiscales y al jefe de auditoría estatal. Estas acciones se suman a investigaciones que la oposición lleva adelante sobre supuestos escándalos de corrupción vinculados al presidente, su esposa Kim Keon Hee y altos funcionarios gubernamentales.
  4. Corrupción y nepotismo: Otra interpretación
    La esposa de Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee, ha sido objeto de críticas por presuntas irregularidades financieras, mientras que otros altos funcionarios de su administración enfrentan acusaciones de abuso de poder y desvío de fondos públicos. La oposición ha exigido investigaciones independientes, lo que ha sido rechazado por el presidente, generando sospechas de que la ley marcial podría ser una estrategia para bloquear estas indagatorias.
  5. Reacción de la oposición y división en el oficialismo
    • Oposición: El líder del PD, Lee Jae Myung, calificó la medida como “un ataque directo a la democracia” y afirmó que busca “silenciar a quienes buscan justicia”.
    • Oficialismo: Incluso dentro del Partido del Poder Popular (PPP), el líder Han Dong Hoon criticó la decisión, calificándola de “ilegal e inconstitucional” y prometió unirse a los esfuerzos para revocarla.
  6. Respuestas internacionales y protestas en Corea del Sur
    Miles de ciudadanos han salido a protestar en Seúl, exigiendo el levantamiento inmediato de la ley marcial. Mientras tanto, la Casa Blanca y otras potencias mundiales han expresado su preocupación por las implicaciones de esta medida para la estabilidad democrática del país.
  7. Revocación por la Asamblea Nacional
    En una sesión plenaria extraordinaria, el Parlamento surcoreano votó con 190 votos a favor de anular la ley marcial. Según la Constitución, el presidente está obligado a acatar esta decisión, aunque el futuro político del país permanece en la incertidumbre.

La declaración de ley marcial en Corea del Sur, la primera en más de cuatro décadas, refleja un panorama político altamente polarizado. Si bien el presidente Yoon argumenta que responde a “las amenazas que plantean las fuerzas comunistas”, los críticos sugieren que es una maniobra para frenar investigaciones de corrupción que podrían debilitar aún más su administración. Este evento subraya los desafíos para la democracia surcoreana, mientras el país enfrenta un delicado equilibrio entre estabilidad política y rendición de cuentas.