Embajada de Argentina en Caracas bajo asedio: policías venezolanos rodean la sede diplomática

Seis opositores venezolanos, refugiados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo, denuncian un asedio policial intensificado desde la noche del viernes. Esta embajada, ahora bajo protección de Brasil tras la ruptura diplomática entre Argentina y Venezuela, está rodeada por agentes de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. Los opositores acusan al gobierno venezolano de interrumpir el suministro eléctrico del recinto y de utilizar tácticas de intimidación para forzar su rendición.

Puntos claves:

• Asedio policial: Desde la noche del viernes, agentes de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), junto con miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), rodean la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas. Según Pedro Urruchurtu, coordinador internacional del partido opositor Vente Venezuela (VV), los funcionarios están armados y encapuchados, intensificando el clima de tensión.
• Corte de electricidad: El exdiputado Omar González, también refugiado en la embajada, denunció que el gobierno venezolano cortó el suministro eléctrico, dejando al recinto operando con una pequeña planta de emergencia. Esto, según González, es parte de las tácticas para forzar su salida y aumentar la presión sobre los asilados.
• Refugiados en la embajada: Los seis opositores que se encuentran refugiados en la residencia son: Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela; Omar González, exdiputado de Vente Venezuela; Magalli Meda, jefa de campaña para las elecciones presidenciales de María Corina Machado; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de Vente Venezuela; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de Vente Venezuela, y Fernando Martínez Mottola, exministro y asesor de la Plataforma Unitaria Democrática. Ellos se refugiaron tras ser acusados por la Fiscalía venezolana de delitos como conspiración y traición a la patria.
• Protección diplomática bajo Brasil: Desde el 1° de agosto, Brasil asumió la custodia de las embajadas de Argentina y Perú en Venezuela. Sin embargo, el 5 de agosto de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro revocó la autorización de Brasil para continuar con esta responsabilidad, acusando a los opositores refugiados de planear actividades terroristas desde la embajada. Este movimiento abre la puerta para que las fuerzas de seguridad ingresen a la residencia.
• Acusaciones de terrorismo: El gobierno de Maduro justifica el asedio bajo la premisa de que posee pruebas de que los refugiados han utilizado las instalaciones diplomáticas para planificar magnicidios contra el propio Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Además, citan la Convención de Viena para argumentar que sus acciones cumplen con las normativas internacionales.
• Denuncias de la oposición y comunidad internacional: Líderes opositores y exjefes de Estado, como Eduardo Frei Ruiz-Tagle, junto con 31 exmandatarios, solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) la detención de Nicolás Maduro. Señalan la brutal represión en Venezuela y denuncian que el régimen utiliza el aparato militar para cometer crímenes de lesa humanidad contra opositores y la población civil.
• Contexto electoral y represión: El asedio a la embajada ocurre tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue proclamado vencedor. La oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, desconoce los resultados y asegura que más del 80% de las actas electorales respaldan a González como el verdadero ganador, con un 67% de los votos. La represión post-electoral se ha intensificado, afectando tanto a figuras políticas como a civiles.

El asedio a la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas por parte de agentes del gobierno de Nicolás Maduro es un nuevo episodio en la creciente tensión política en Venezuela. La situación de los seis opositores refugiados y las denuncias de violaciones a derechos humanos resaltan la gravedad de la crisis. La comunidad internacional sigue presionando para que se respeten las normas diplomáticas y se ponga fin a la represión en el país, mientras que las acciones del gobierno venezolano enfrentan un creciente rechazo global.