Justicia argentina confirma 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández Kirchner por corrupción, caso Vialidad
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La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta sentencia responde a su implicación en el caso “Vialidad”, que involucra presuntas irregularidades en la asignación de obras viales durante sus mandatos. Sin embargo, la expresidenta aún no ingresará en prisión hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia, última instancia judicial en el país.
Puntos claves:
- Confirmación de condena e inhabilitación: La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2. Fernández fue hallada culpable de administración fraudulenta de fondos públicos en la adjudicación de obras en la provincia de Santa Cruz.
- Irregularidades en obras viales: La investigación abarcó 51 obras asignadas a empresas del empresario Lázaro Báez, estrechamente relacionado con el kirchnerismo. La fiscalía sostiene que estas adjudicaciones se otorgaron con sobrecostos y mediante un esquema que permitió desviar fondos públicos, presuntamente en beneficio del Grupo Austral, propiedad de Báez.
- Montos involucrados: Se estima que el monto total de los fondos públicos comprometidos asciende a cerca de 85 mil millones de pesos argentinos (aproximadamente 83 mil 500 millones de pesos chilenos), lo que representa uno de los casos de corrupción más significativos en Argentina en términos económicos.
- Proceso de apelación: Aunque la sentencia está confirmada por la Cámara de Casación, Fernández tiene la opción de apelar ante la Corte Suprema, la última instancia legal del país. Este proceso podría retrasar varios años la ejecución de la sentencia, debido a los plazos judiciales y a la estructura del sistema procesal penal argentino.
- Respuesta de Cristina Fernández: La expresidenta denunció un intento de “proscripción” y “lawfare”, alegando una persecución política y judicial para inhabilitarla de futuras candidaturas. Fernández, quien no asistió al tribunal, afirmó que la causa es un “show” con el objetivo de apartarla de la vida política, lo cual expresó en sus redes sociales. Además, destacó que tanto el Congreso Nacional como la Auditoría General de la Nación aprobaron los presupuestos nacionales durante su administración.
- Otros implicados en la causa: Además de Fernández, otras figuras cercanas a su administración también recibieron condenas. Entre ellos se destacan el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas, José López, quienes recibieron seis años de prisión, junto con otros funcionarios como Nelson Periotti, exdirector de la Dirección Nacional de Vialidad.
- Desvinculaciones: Algunos colaboradores del kirchnerismo fueron absueltos, como el exministro de Planificación Julio De Vido y el primo del fallecido Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, lo que demuestra que las decisiones judiciales evaluaron las pruebas de cada implicado individualmente.
- Ejecución de la pena y decomiso de bienes: Aún con la confirmación de la sentencia, Fernández no será encarcelada hasta que la Corte Suprema resuelva la última apelación. Además, la sentencia incluye el decomiso de bienes por un monto de $84.835.227.378, el cual será actualizado al momento de ejecutarse definitivamente.
- Implicancias políticas: La inhabilitación perpetua de Fernández afecta su capacidad para presentarse en futuras elecciones, particularmente las legislativas de 2025. Sin embargo, mientras no se agoten las instancias judiciales, la sentencia no afecta directamente su participación política.
La confirmación de la condena contra Cristina Fernández en el caso “Vialidad” marca un momento crucial en la historia judicial y política argentina. La expresidenta enfrenta no solo la pena de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, sino también el desafío de apelar en la Corte Suprema, lo que podría extender el caso durante años. La controversia alrededor de este juicio refleja la polarización en Argentina y reabre el debate sobre la relación entre la justicia y la política en el país.
