Adiós al Indulto: Luis Castillo recibe condena de cuatro años por robo y otros delitos

En un reciente giro judicial, Luis Castillo, quien había sido indultado por el presidente Gabriel Boric a finales de 2022, enfrenta ahora una condena de cuatro años de prisión. Esta sentencia responde a su participación en actos de robo con intimidación y violencia, así como manejo bajo la influencia de estupefacientes, eventos que tuvieron lugar en Copiapó en diciembre de 2023.

Puntos Clave

1. Condena y Procedimiento Judicial:
   • Castillo fue sentenciado a cuatro años y un día de cárcel en un procedimiento abreviado este lunes, aceptando su responsabilidad en los delitos imputados.
   • La misma pena se impuso a su pareja, Camila Morales, quien obtuvo una sanción sustitutiva debido a su previa conducta irreprochable.
2. Contexto del Delito:
   • Los delitos ocurrieron en diciembre de 2023, cuando Castillo, junto a asociados, intimidó y violentó a una víctima para robar su vehículo, valorado en más de 8 millones de pesos.
   • Los hechos incluyeron secuestro temporal del dueño del vehículo, quien fue encerrado en el maletero mientras los perpetradores intentaban negociar la venta del auto.
3. Antecedentes de Castillo:
   • Anteriormente conocido como «insurrecto», Castillo fue indultado en el último día hábil de 2022 tras su participación en el estallido social, donde también enfrentó cargos por desórdenes y robo (en su tiempo fue muy mediática la carta que le escribió al presidente aludiendo al «divino derecho a la rebelión»).
   • Su reciente condena plantea preguntas sobre la eficacia y criterios de los indultos gubernamentales, particularmente cuando el beneficiario reincide en actividades criminales.
4. Reacciones Gubernamentales:
   • El gobierno, a través de la ministra vocera Camila Vallejo, subrayó que los indultos no garantizan inmunidad ante futuros delitos, reafirmando que el estado de derecho prevalece.
5. Impacto y Precedentes:
   • Esta sentencia no solo resalta las consecuencias legales para quienes incumplen la ley post-indulto, sino que también refuerza la vigilancia sobre las decisiones de clemencia ejecutiva.

La condena de Luis Castillo destaca la tensión entre las políticas de indulto y la seguridad pública. Mientras el gobierno defiende la integridad de las instituciones judiciales, este caso subraya la importancia de evaluar meticulosamente a quienes se considera para clemencia. Así, se plantea un importante debate sobre la justicia y la rehabilitación en el contexto de la justicia penal chilena.