Nuevo escándalo en la izquierda chilena: Frente Amplio suspende a diputada Marcela Riquelme tras denuncia de abuso sexual

El Frente Amplio (FA) ha suspendido temporalmente la militancia de la diputada Marcela Riquelme, quien representa a la región de O’Higgins, tras una denuncia en su contra por abuso sexual, presentada por una colaboradora en la comuna de Rengo. La decisión del Tribunal Supremo del partido refleja la complejidad de la situación y pone en cuestionamiento la capacidad de la colectividad para responder de manera coherente a sus propios principios sobre feminismo y derechos de las mujeres, especialmente en un contexto donde estas denuncias sacuden cada vez más el ámbito político.

Puntos claves:

• Suspensión de militancia: Según confirmó el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, el Tribunal Supremo decretó la suspensión de la militancia de Riquelme como medida cautelar, aludiendo a la “gravedad de la denuncia”. Sin embargo, esta acción ha generado interrogantes, ya que el FA, reconocido por su postura feminista, enfrenta un caso de violencia de género en sus propias filas. La medida resalta las contradicciones de un colectivo que históricamente ha abogado por la protección de las víctimas y la erradicación de conductas abusivas en la política.
• Respuesta de la diputada Riquelme: La diputada Riquelme, a través de un comunicado, manifestó que mantendrá silencio “por respeto” a su familia y a la denunciante, confiando en que las investigaciones demostrarán su inocencia. Aunque Riquelme defiende su derecho a un proceso justo, su respuesta también contrasta con la insistencia en la transparencia y responsabilidad que el Frente Amplio suele demandar de otros sectores políticos en casos similares.
• Apoyo a la denunciante: El Frente Amplio aseguró que la denunciante recibirá respaldo y acompañamiento en este proceso, de acuerdo con su compromiso con la protección de quienes denuncian agresiones sexuales. Sin embargo, el partido también enfrenta la presión de demostrar que estos principios se aplican de manera igualitaria, sin importar quién esté implicado. La situación pone a prueba la credibilidad del colectivo en términos de coherencia y compromiso con los derechos de las víctimas.
• Divulgación de la denuncia y filtración a medios: Parte de la información en torno al caso fue filtrada a los medios, incluyendo la evidencia de conversaciones de WhatsApp con supuestas insinuaciones sexuales por parte de Riquelme. Frente a esta filtración, el Frente Amplio anunció una investigación interna para sancionar a quienes hayan comprometido la confidencialidad del proceso, una medida que también podría interpretarse como un intento por limitar la repercusión pública de un caso altamente sensible.
• Declaración de la ministra Antonia Orellana: La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, aseguró que su cartera se ha puesto en contacto con la denunciante, brindándole apoyo psicosocial y orientación jurídica. En este contexto, la declaración de la ministra fue limitada, aunque no abordó abiertamente la posición del gobierno frente a denuncias de esta índole que involucran a figuras públicas aliadas. Su intervención, sin mayor crítica hacia el FA, podría interpretarse como una forma de contener las posibles tensiones entre su ministerio y el Frente Amplio, lo cual ha generado reacciones de escepticismo entre sectores que cuestionan el compromiso real con la erradicación de la violencia de género.
• Incertidumbre sobre acciones judiciales: La Fiscalía Regional de O’Higgins confirmó que, por ahora, no existe una denuncia formal contra la diputada Riquelme en el Ministerio Público, lo cual genera dudas sobre si el caso avanzará más allá de la instancia partidaria. La falta de una acción judicial inmediata refuerza la percepción de que existen factores de protección en juego, un punto que críticos han señalado como otro obstáculo para que la denuncia siga un proceso transparente y sin influencias políticas.
• Compromiso del Frente Amplio y la contradicción en sus principios: A pesar de haber suspendido a la diputada, el Frente Amplio enfrenta una disyuntiva que pone a prueba su credibilidad. El partido insiste en su compromiso con la lucha contra la violencia sexual y el feminismo, pero este caso pone en evidencia la complejidad de aplicar estos ideales en situaciones que afectan a sus propias figuras políticas. La manera en que el FA maneje este caso podría definir su capacidad de actuar en concordancia con los principios que proclama y de enfrentar las posibles críticas de sesgo y protección hacia sus integrantes.

La suspensión de la diputada Marcela Riquelme marca un desafío importante para el Frente Amplio, que ahora enfrenta cuestionamientos sobre su coherencia y capacidad de manejar internamente casos de abuso sexual de forma justa y transparente. Las reacciones han puesto en entredicho el compromiso del partido con la igualdad y la protección a las víctimas, mientras el silencio de la diputada y la intervención prudente de la ministra Orellana refuerzan la percepción de que el Frente Amplio podría estar protegiendo a una de sus propias figuras. La situación exige una revisión profunda de cómo las instituciones políticas responden a sus principios en casos internos y si los mismos se aplican sin distinciones ni excepciones.