El Poder Judicial pagó 1.500 millones por una casona en Valparaíso que no ha podido ser usada durante 6 años. Está tomada por okupas
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Una investigación rigurosa llevada a cabo por BBCL Investiga (BioBio Chile) ha destapado una situación complicada para el Poder Judicial de Chile. Una casona en Valparaíso, adquirida por más de $1.500 millones con el propósito de convertirse en el nuevo Juzgado Laboral, ha estado ocupada ilegalmente durante más de seis años, frustrando los planes de la institución y acumulando gastos sin ningún avance tangible.
Puntos clave de la problemática
- Compra de la Propiedad: La Corporación Administrativa del Poder Judicial adquirió la casona ubicada en la calle Yungay 1754, Valparaíso, al Arzobispado local en 2018, por una suma que supera los $1.500 millones de pesos. La intención era establecer allí el nuevo Juzgado de Letras del Trabajo y el Centro de Notificaciones Judiciales.
- Ocupación Ilegal Prolongada: Incluso antes de la compra, el inmueble ya estaba invadido por okupas. Desde entonces, la situación ha permanecido igual, con múltiples intentos fallidos por parte del Poder Judicial para recuperar la propiedad.
- Esfuerzos por el Desalojo: La Corporación ha intentado numerosas estrategias para desalojar a los ocupantes, incluyendo el diálogo y acciones legales. Sin embargo, todas las tentativas han resultado infructuosas. Una reciente querella busca nuevamente abordar el delito de usurpación.
- Incidentes y Delitos Reportados: La situación en la propiedad ha sido complicada, incluyendo incidentes con las fuerzas del orden y hasta la muerte de una joven en circunstancias extrañas dentro del inmueble.
- Impacto Económico y Funcional: El gasto realizado en la compra del inmueble hasta ahora ha sido infructuoso, afectando tanto económicamente a la institución como impidiendo la implementación de servicios judiciales planeados para la comunidad de Valparaíso.
El caso de la casona en calle Yungay representa no solo un desafío logístico y legal para el Poder Judicial, sino también un ejemplo claro de cómo las inversiones públicas pueden verse severamente afectadas por problemas de gestión de propiedades y control de ocupaciones ilegales. La continuidad de esta situación destaca la necesidad de estrategias más efectivas y una posible revisión de las políticas de adquisición de inmuebles por parte de entidades gubernamentales. A la fecha, la resolución del conflicto sigue pendiente, esperando que las nuevas medidas legales puedan finalmente revertir esta prolongada ocupación ilegal.
