Chats borrados, empresarios chinos y patentes de alcoholes: la trama se complejiza para Karol Cariola e Irací Hassler

Un nuevo escándalo golpea al Partido Comunista y al oficialismo, luego de que la Policía de Investigaciones allanara la casa de la diputada Karol Cariola en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias. La parlamentaria habría solicitado a la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, interceder en favor de dos empresarios chinos para obtener patentes de alcoholes. Aunque el caso se descubrió a partir de las pesquisas de la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella, se trata de una investigación independiente que ya abrió una nueva causa penal contra ambas figuras del PC. A pesar de las pruebas, el Gobierno y su sector político han intentado desviar la atención, alegando una supuesta persecución.

Puntos Claves:

Investigación separada de Sierra Bella, pero con los mismos protagonistas

• Un nuevo caso penal contra Cariola y Hassler: Aunque las pesquisas iniciales surgieron del caso Sierra Bella, la Fiscalía decidió abrir una causa penal independiente tras detectar indicios de un tráfico de influencias en favor de empresarios chinos.
• El rol de Karol Cariola: La diputada comunista solicitó a la entonces alcaldesa Irací Hassler que facilitara patentes de alcohol para dos empresarios extranjeros que serían sus amigos, según los chats recuperados por la PDI.
• Chats borrados y recuperados: Parte de estas conversaciones habían sido eliminadas por Hassler, pero fueron restauradas gracias al sistema forense “Cellebrite Reader”, lo que permitió a la Fiscalía reunir pruebas suficientes para avanzar con la investigación.
• Autorización judicial: Con estos antecedentes, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, solicitó la autorización del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que dio luz verde al allanamiento del domicilio de Cariola y la incautación de sus dispositivos electrónicos.

La caída del discurso ético del Partido Comunista

• Corrupción disfrazada de gestión política: Mientras públicamente el PC ha defendido su compromiso con la transparencia y la ética, los antecedentes indican que sus figuras habrían utilizado el aparato estatal para beneficiar a privados, en este caso, dos empresarios chinos.
• Uso del poder municipal en beneficio de terceros: No se trata de una gestión administrativa, sino de una clara intervención política para favorecer a ciertos empresarios en la obtención de patentes de alcohol, algo que no corresponde a la labor de una diputada.
• El oficialismo en silencio o defendiendo lo indefendible: Aunque las pruebas son contundentes, la respuesta del sector político de Cariola y Hassler ha sido de encubrimiento, desinformación y distracción, en lugar de condenar los hechos y dejar que la justicia actúe.

Excusas, victimización y el falso argumento de la “persecución política”

• El PC reacciona con ataques a la Fiscalía: En lugar de abordar los hechos concretos, parlamentarios como Carmen Hertz, Daniel Jadue y Alejandra Placencia han calificado el allanamiento como un acto de «inquina» y «persecución política», buscando desviar la atención.
• El intento de distraer con la «perspectiva de género»: La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, optó por centrar la discusión en el momento del allanamiento –cuando Cariola se encontraba en postparto–, ignorando el fondo del caso y sugiriendo que la justicia debió actuar con más «sensibilidad».
• Declaraciones ambiguas de Cariola: Lejos de dar una respuesta clara sobre su rol en la investigación, la diputada se limitó a decir que desconoce los detalles del caso y que siempre ha actuado «apegada a la ley». Sin embargo, los mensajes recuperados apuntan a su intervención directa en la gestión de las patentes de alcohol.

El Gobierno tambaleando ante un nuevo escándalo

• Credibilidad del oficialismo en jaque: El caso Sierra Bella ya había debilitado la imagen del Gobierno, pero ahora, con una diputada comunista directamente involucrada en tráfico de influencias, la situación se vuelve aún más grave.
• Antonia Orellana y su silencio cómplice: La ministra de la Mujer intentó justificar la controversia con una defensa tibia, señalando que el momento del allanamiento era cuestionable, pero sin referirse a la gravedad de los hechos investigados.
• El PC, atrapado en su propia narrativa: Durante años, el Partido Comunista se ha presentado como un defensor de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, cuando las irregularidades los afectan directamente, su respuesta ha sido negación, manipulación mediática y victimización.

El allanamiento y las pruebas en contra de Karol Cariola e Irací Hassler no son un ataque político ni un «show mediático», como insiste el oficialismo, sino el resultado de una investigación penal con evidencia concreta. La existencia de una nueva causa penal refuerza la gravedad de los hechos y confirma que el escándalo de Sierra Bella no fue un caso aislado, sino parte de una red de tráfico de influencias que ahora tiene a importantes figuras del PC bajo la lupa.