Primer dictamen de Dorothy Pérez sacude al sector público: debate sobre “confianza legítima” será resuelto en tribunales

Dorothy Pérez, en su primer dictamen como contralora general de la República, tomó la decisión de trasladar al sistema judicial el debate sobre la “confianza legítima” de los empleados públicos contratados bajo la modalidad de “contrata”. Este principio es fundamental para muchos trabajadores, ya que determina si pueden esperar la renovación anual de sus contratos tras un tiempo de servicio. Hasta ahora, Contraloría definía que esta expectativa de renovación se consolidaba a los dos años, pero con este nuevo dictamen, la responsabilidad de establecer el tiempo para obtener esta confianza se transfiere a los tribunales de justicia. La decisión de Pérez ha generado un fuerte rechazo entre los sindicatos, quienes consideran que esto precariza el empleo en el sector público.

Puntos claves

• ¿Qué es la “confianza legítima” y por qué es importante?: En el sector público, muchos empleados son contratados a través de contratos anuales, llamados “contratas”. La “confianza legítima” es la expectativa que tienen estos trabajadores de que su contrato será renovado año tras año, especialmente tras haber estado varios años en el mismo puesto. Anteriormente, la Contraloría General de la República había establecido que esta expectativa podía considerarse “legítima” después de dos años de servicio continuo en contrata.
• Cambio de criterio en la Corte Suprema: Desde 2022, la Corte Suprema ha establecido en sus fallos que la “confianza legítima” solo se obtiene después de cinco años de trabajo bajo esta modalidad, lo que generó incertidumbre y debate. Los trabajadores en contrata esperaban que la Contraloría defendiera el criterio de dos años, pero la postura judicial ha generado una nueva interpretación.
• El dictamen de Dorothy Pérez: Dorothy Pérez, quien fue ratificada como contralora por el Senado esta semana, emitió su primer dictamen en el cual anunció que la Contraloría dejará de intervenir en el tema de la “confianza legítima” y transferirá el debate a los tribunales de justicia. En su dictamen, Pérez señaló que esta decisión se tomó porque el tema ha pasado a ser “litigioso”, lo que implica que debe resolverse en el ámbito judicial y no administrativo.
• Lo que implica esta decisión para los funcionarios públicos: Con este cambio, los empleados que antes podían recurrir a la Contraloría para solicitar el reconocimiento de la confianza legítima tras dos años en contrata ahora deberán presentar su caso ante los tribunales, donde los plazos y el proceso son más complejos. Esto ha generado preocupación, ya que el acceso a la justicia suele ser más largo y costoso para los trabajadores.
• Reacción de los sindicatos y el impacto en los trabajadores: La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y su presidente, José Pérez, calificaron el dictamen como un “retroceso” que afecta la estabilidad de los trabajadores en contrata. La ANEF ha defendido la confianza legítima como una herramienta que protege la estabilidad laboral en el sector público, y ahora teme que este cambio aumente la precariedad laboral. Según José Pérez, este dictamen “precariza aún más la estabilidad del empleo en el Estado”, ya que elimina la posibilidad de que los trabajadores puedan contar con la Contraloría para asegurar la continuidad de sus contratos.
• Posibles acciones y la vía legislativa: A pesar de las críticas, algunos dirigentes sindicales han visto en esta situación una oportunidad para plantear una ley que proteja de manera formal la “confianza legítima”. Según José Pérez, en las negociaciones de la ANEF con el gobierno se planteó la necesidad de avanzar en una normativa que asegure la estabilidad laboral de los empleados públicos. Esta situación, según la ANEF, refuerza la necesidad de crear leyes que den estabilidad a los trabajadores en contrata sin depender de interpretaciones administrativas o judiciales.
• Manifestaciones en la Contraloría: La mañana del viernes, trabajadores de la ANEF se manifestaron frente a la sede de la Contraloría en Santiago, expresando su descontento con el dictamen de Pérez. Los manifestantes sostuvieron pancartas y consignas en rechazo a la decisión, argumentando que afectará a cientos de empleados públicos contratados bajo esta modalidad. Los trabajadores exigieron que se respete la confianza legítima a partir de los dos años, como había sido el criterio tradicional de la Contraloría antes del cambio.

El primer dictamen de la contralora Dorothy Pérez representa un giro en la política de la Contraloría sobre la confianza legítima, al trasladar a los tribunales el debate sobre la estabilidad laboral de los empleados públicos en contrata. Este cambio, que responde a los recientes fallos de la Corte Suprema, implica que la Contraloría ya no actuará en estos casos, dejando a los trabajadores sin respaldo administrativo y obligándolos a recurrir a la justicia para defender su estabilidad laboral. La medida ha generado rechazo en el sector sindical, que considera que este cambio precariza el empleo en el sector público. Al mismo tiempo, los sindicatos consideran que es una oportunidad para impulsar una legislación que garantice de manera formal la estabilidad laboral para los empleados públicos.