Fabiola Campillai propone Ley de Reparación Integral: ¿Reparación a víctimas o seguir ordeñando las arcas fiscales?
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Ayer lunes, la senadora Fabiola Campillai presentó en La Moneda su proyecto de Ley de Reparación Integral para las víctimas del estallido social, una propuesta que ha despertado debate tanto por su alcance como por el impacto que podría tener en el país. El proyecto será ingresado al Senado hoy martes 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Puntos clave del proyecto
- Objetivo del proyecto
El proyecto busca reparar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 7 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2022, periodo marcado por movilizaciones sociales y denuncias de violencia institucional. Se incluyen como víctimas a quienes sufrieron lesiones graves, violencia sexual, tortura o incluso muerte a manos de agentes del Estado. - Creación de la Comisión de Verdad y Reparación
La propuesta contempla una comisión integrada por siete miembros con experiencia en derechos humanos. Esta tendrá la tarea de calificar a las víctimas a través de antecedentes judiciales, informes médicos y otros documentos. - Beneficios económicos y pensiones
Las personas reconocidas como víctimas tendrán derecho a una pensión económica cuyo monto será definido por la comisión. Además, se contempla la posibilidad de otros beneficios para quienes califiquen bajo los criterios establecidos. - Participación de diversas organizaciones
El proyecto fue desarrollado en la “Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna”, donde participaron agrupaciones de derechos humanos, académicos y representantes de la sociedad civil. - Enfoque en derechos humanos
La iniciativa se alinea con compromisos internacionales y busca suplir las deficiencias del Estado en atender oportunamente a las víctimas, según señaló la senadora Campillai.
Principales críticas
Si bien la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos es un deber ineludible del Estado, la implementación de este proyecto genera preguntas fundamentales:
- Falta de criterios claros para determinar víctimas reales
Un aspecto preocupante es el riesgo de incluir a personas que participaron en actos delictivos durante el estallido, algunos de los cuales han reincidido. La delimitación precisa de quién califica como víctima será crucial para evitar abusos. - Carga económica para el Estado
En un contexto de restricciones presupuestarias, otorgar pensiones y beneficios adicionales puede generar tensiones en las arcas fiscales. Esto podría requerir un análisis más detallado del impacto financiero. - Credibilidad del proceso
La inclusión de organizaciones de derechos humanos en la selección de miembros de la comisión podría politizar el proceso, afectando su objetividad y legitimidad.
Es necesario esperar conocer todos los detalles del proyecto, pero hasta ahora no se habla de requisitos o exclusiones específicas, tampoco se menciona qué sucede con quienes ya reciben compensación por concepto de reparación.
La iniciativa de la senadora Fabiola Campillai representa un esfuerzo por reparar las heridas del estallido social, pero enfrenta desafíos en su implementación. Es fundamental que este proyecto garantice justicia y reparación para quienes realmente fueron víctimas, sin caer en arbitrariedades ni generar incentivos negativos. Solo así podrá cumplir con su propósito de construir una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos.
