Cámara aprueba test de drogas obligatorio para presidente Boric y su gabinete: Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional para impedirlo

La Cámara de Diputados aprobó una indicación propuesta por la bancada de la UDI en el marco de la Ley de Presupuesto 2025, la cual obliga al presidente Gabriel Boric, junto con sus ministros y subsecretarios, a realizarse un test de drogas obligatorio y semestral durante el próximo año. La medida, que ha generado debate en el Congreso, enfrenta ahora una posible revisión por el Tribunal Constitucional (TC) debido a una reserva de constitucionalidad interpuesta por el Gobierno.

Puntos claves:

• Aprobación en la Cámara: La indicación fue aprobada con 81 votos a favor, 4 abstenciones y 35 en contra. La propuesta fue presentada por la bancada de la UDI y apoyada por diversos parlamentarios, incluso algunos del oficialismo, quienes consideraron importante someter a las autoridades a pruebas periódicas de consumo de sustancias ilegales.
• Detalles de la indicación: La normativa exige que el presidente, ministros y subsecretarios se sometan semestralmente a un control de sustancias estupefacientes y psicoactivas ilegales, replicando así el modelo que actualmente aplica a los diputados. La propuesta inicialmente fue considerada inadmisible, pero fue declarada admisible por la Sala, permitiendo su votación.
• Apoyo transversal y resistencia del Gobierno: La medida fue respaldada no solo por Chile Vamos y Republicanos, sino también por algunos diputados oficialistas, como Jaime Araya (PPD) y Camila Musante (PPD). Sin embargo, el Frente Amplio y el Partido Comunista votaron mayoritariamente en contra, en línea con el Gobierno. Mario Marcel, ministro de Hacienda, presentó una reserva de constitucionalidad, anunciando que el Ejecutivo recurrirá al TC.
• Argumentos a favor y en contra: El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) defendió la indicación, afirmando que “no hay razón para que el presidente y sus ministros no deban someterse al test de drogas, como ya lo hacemos los parlamentarios”. Coloma sostuvo que esta medida aporta transparencia y combate el narcotráfico en el Estado. En contraparte, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) expresó que la propuesta es “inconstitucional” y desvía el objetivo central de la Ley de Presupuesto.
• Medidas adicionales en el presupuesto 2025: En la misma sesión, la Cámara aprobó diversas partidas presupuestarias, incluyendo fondos para la Presidencia, el Congreso, el Poder Judicial y la Contraloría. Entre las modificaciones, destaca la reducción a 1.000 pesos de los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior, tras las dudas generadas por el “caso Monsalve”. Además, se rechazaron fondos para la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), con el objetivo de presionar al Gobierno para aumentar su presupuesto.
• Polémica en torno a compra de armas israelíes: En un contexto relacionado, el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) propuso una indicación para prohibir la adquisición de armas de origen israelí, argumentando que tales compras contradicen principios de derecho internacional y moral. Esta indicación fue declarada inadmisible, lo que generó críticas entre sus defensores.

La aprobación de un test de drogas obligatorio para el presidente Boric y su gabinete representa una demanda de transparencia que el Gobierno parece rehuir, dando una señal confusa a la ciudadanía en un contexto de creciente inseguridad y crimen organizado. Al optar por acudir al Tribunal Constitucional, el Ejecutivo refuerza la percepción de que no está dispuesto a someterse al mismo estándar de probidad que ha exigido a otros poderes del Estado, en lugar de demostrar un compromiso inequívoco con la integridad. Esta actitud de resistencia contrasta con la urgencia social por restaurar la confianza en las autoridades, especialmente en un país que enfrenta desafíos significativos en materia de narcotráfico y corrupción. La negativa del Gobierno a implementar esta medida no solo resulta inentendible para la ciudadanía, sino que también parece desafiar las demandas de seguridad y transparencia que la sociedad chilena espera de sus líderes.