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Auditoría revela falta de rendición en 73 Proyectos del Servicio de Protección a la Niñez en 2022
Una reciente auditoría realizada por la Contraloría General de la República de Chile ha detectado importantes irregularidades en la gestión de fondos destinados a la protección de niños y adolescentes. El informe destaca que durante el año 2022, 73 proyectos no presentaron la debida rendición de cuentas por un monto total de $785 millones.
Puntos Claves
- Auditoría en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SENAME): El SENAME, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, transfirió recursos a 73 proyectos sin que estos presentaran rendiciones o gastos aceptados en la contabilidad.
- Declaraciones de la Contralora Subrogante: Dorothy Pérez, contralora subrogante, aclaró que aunque hay errores en las rendiciones y la contabilidad, no se afirma que los dineros hayan desaparecido. Destacó la necesidad de rendiciones detalladas y su correcta reflejo en la contabilidad para una adecuada toma de decisiones.
- Problemas en Proyecto Específico: Se evidenció que la Fundación Mi Hogar Mi Familia recibió transferencias que no fueron rendidas adecuadamente, sumando más de $23 millones entre enero y diciembre de 2022.
- Situación de Conadi y Chikawal: La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) enfrenta también escrutinio después de que la Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada, creada en febrero de 2023, se adjudicara cinco licitaciones por un valor de $245 millones, detectándose múltiples irregularidades.
- Medidas Disciplinarias y Legales: Se han remitido antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para investigar posibles delitos en las adjudicaciones realizadas por Conadi a Chikawal.
La auditoría de la Contraloría General de la República revela serias deficiencias en la gestión de fondos destinados a la protección de niños y adolescentes en Chile, exponiendo la necesidad de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Este informe no solo subraya los errores administrativos, sino que también resalta la importancia de una contabilidad precisa para las decisiones futuras en la protección de los más vulnerables.