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Gobierno de Boric gasta más de $1.000 millones al año en nuevos arriendos en el centro de Santiago

Ilustración malgasto de dinero en Palacio de la Moneda Imagen generada con IA. Click para ampliar T
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Una investigación de El Líbero reveló que el gobierno de Gabriel Boric ha gastado más de $1.000 millones al año en nuevos arriendos de oficinas y bodegas solo en el centro de Santiago. Con 12 contratos de arrendamiento, el Estado destina más de $88 millones mensuales a estos espacios, pese a la existencia de infraestructura pública que podría optimizarse. Este gasto excesivo se suma al crecimiento del aparato estatal, que ha incorporado 38.472 nuevos funcionarios, alcanzando un total de 479.986 empleados en el gobierno central. Estos datos exponen un uso irresponsable de los recursos públicos y dejan en evidencia la falta de control sobre el presupuesto estatal.

Puntos Claves:

  • Aumento del gasto en arriendos: El gobierno de Boric gasta aproximadamente $88.666.975 mensuales en 12 contratos de arriendo en el centro de Santiago, lo que equivale a $1.064 millones al año.
  • Incremento del número de funcionarios: Entre marzo de 2022 y septiembre de 2024, los empleados del gobierno central aumentaron en 38.472 personas, alcanzando un total de 479.986 funcionarios, lo que representa un incremento del 8,7%.
  • Más de 2.500 metros cuadrados adicionales: En cuatro de los 12 contratos revisados se menciona el metraje, totalizando 2.564,14 m². Basado en este dato, se estima que el gobierno ha arrendado aproximadamente 5.798,94 m² en total.
  • Valor del metro cuadrado en arriendos: Se calculó que el valor promedio del metro cuadrado de oficina en el centro de Santiago es de $15.290.
  • Ministerios que han requerido arriendos: Los 10 ministerios que han celebrado nuevos contratos de arriendo son:
    • Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) (2 contratos)
    • Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) (2 contratos)
    • Ministerio del Interior (1 contrato)
    • Ministerio de Hacienda (1 contrato)
    • Ministerio de Desarrollo Social (1 contrato)
    • Ministerio de Educación (1 contrato)
    • Ministerio de Salud (1 contrato)
    • Ministerio de Energía (1 contrato)
    • Ministerio de Bienes Nacionales (1 contrato)
    • Ministerio de Ciencias (1 contrato)
  • Ubicación y costos de los principales arriendos:
    • Segpres: Arrendó dos oficinas en Nueva York N° 9 y Morandé N° 115, con costos mensuales de $4.461.893 y $16.022.075 respectivamente.
    • Segegob: Arrendó oficinas en Amanda Labarca 96 y Teatinos 20 tras el incendio de su Oficina de Partes, con un costo mensual de $940.000 y $1.500.000 respectivamente.
    • Ministerio del Interior: Arrendó oficinas en Teatinos 20 y Av. Libertador Bernardo O’Higgins, de 657 m², por $6.207.851 mensuales.
    • Ministerio de Hacienda: Arrendó una oficina en Hermanos Amunátegui 232, de 328 m², por $4.837.390 mensuales.
    • Ministerio de Desarrollo Social: Arrendó en Huérfanos 770 para la Unidad de Asuntos Indígenas por $3.227.306 mensuales.
    • Ministerio de Educación: Arrendó en Av. Bernardo O’Higgins 1449 por $13.262.686 mensuales.
    • Ministerio de Salud: Arrendó en José Miguel de la Barra N° 480, con 203 m², por $7.876.211 mensuales.
    • Ministerio de Bienes Nacionales: Arrendó en Ahumada 79 (Eurocentro) por $10.845.892 mensuales tras el incendio de su anterior sede.
    • Ministerio de Energía: Arrendó cuatro oficinas en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, por $19.351.424 mensuales.
    • Ministerio de Ciencias: Arrendó una bodega en Morandé 226 por $134.244 mensuales para almacenamiento de material de oficina y aseo.

El informe de El Líbero deja en evidencia la falta de eficiencia en la administración del gasto público bajo la gestión de Boric. Mientras el país enfrenta presiones económicas y muchas necesidades urgentes quedan sin financiamiento, el gobierno opta por despilfarrar más de $1.000 millones anuales solo en arriendos en una única comuna.

El crecimiento del aparato estatal, sumado a la falta de transparencia en el metraje de muchas de estas propiedades, levanta serias dudas sobre la justificación de estos gastos. En lugar de optimizar la infraestructura existente o buscar soluciones más rentables, la administración ha optado por expandirse sin control ni responsabilidad fiscal. Esto no solo compromete los recursos públicos, sino que también refleja una gestión ineficiente y desprolija del Estado.