El Caso Monsalve se agrava: Denunciante demanda al Gobierno por vulneración de derechos fundamentales y expone negligencias de La Moneda

La reciente demanda laboral presentada por la denunciante de Manuel Monsalve contra la Subsecretaría del Interior ha intensificado las críticas hacia el gobierno, acusando negligencia en la protección de los derechos fundamentales de la víctima tras la denuncia de violación contra el exsubsecretario, lo que expone graves fallas en los protocolos de La Moneda y genera cuestionamientos sobre su actuar, sumado a las sospechas por el manejo de $847 millones en gastos reservados durante la gestión de Monsalve.

Puntos Claves:

• Demanda laboral contra el gobierno por vulneración de derechos fundamentales: La denunciante de Manuel Monsalve presentó una demanda ante el Segundo Juzgado Laboral de Santiago, acusando al gobierno de no haber tomado medidas adecuadas para proteger su integridad psíquica, física y derechos laborales tras su denuncia de violación contra el exsubsecretario del Interior. Este acto pone en evidencia la falta de protocolos efectivos dentro de La Moneda para abordar casos de violencia sexual en el ámbito laboral.
  • Detalles de la denuncia laboral:
    • La denunciante posee un vínculo de subordinación y dependencia con su empleador, lo que debe estar contractualmente establecido.
    • La Subsecretaría del Interior vulneró sus derechos fundamentales durante su relación laboral.
    • Monsalve, como representante de la Subsecretaría, incurrió en actos de connotación sexual que afectaron gravemente la integridad de la víctima.
    • La entidad no tomó medidas frente al acoso, evidenciando negligencia.
    • Se responsabiliza a la Subsecretaría por los daños sufridos, tanto pasados como presentes.
    • No se busca una compensación económica, sino medidas que garanticen la integridad de la víctima.
• Críticas a la Subsecretaría del Interior por negligencia: Los abogados de la denunciante, Rodrigo Azócar y Romina Urzúa, recalcaron que el objetivo de la demanda no es obtener compensaciones económicas, sino medidas que prevengan futuras vulneraciones. La Subsecretaría del Interior, encabezada actualmente por Luis Cordero, es señalada por su omisión al no implementar medidas de protección tras conocerse los hechos, lo que revela serias falencias en la administración del gobierno.
• Reacciones políticas que evidencian deficiencias gubernamentales: El diputado Miguel Mellado (RN), presidente de la Comisión Investigadora del Caso Monsalve, subrayó que los actos y omisiones descritos por la víctima son fundamentales para las conclusiones de la investigación. Por su parte, la diputada Camila Musante (independiente-PPD) criticó al gobierno por no contar con protocolos claros ante denuncias de delitos sexuales, destacando que varios funcionarios declararon desconocer las directrices a seguir, evidenciando la falta de preparación y seriedad del Ejecutivo frente a estas situaciones.
• Expertos critican fallas en la implementación de normativas de prevención: La doctora Pamela Martínez alertó sobre la falta de capacitación en los servicios públicos respecto a la Ley Karin y otras normativas de prevención de violencia en el trabajo, subrayando que el gobierno no ha hecho lo suficiente para erradicar estas prácticas, lo que contribuyó al sufrimiento prolongado de la denunciante y agrava la responsabilidad de La Moneda en este caso.
• Luis Cordero intenta desligar al gobierno, pero admite omisiones: El actual subsecretario del Interior afirmó que el Ejecutivo ha colaborado con la investigación, pero reconoció que existieron omisiones que ya fueron presentadas ante la Comisión Investigadora. Sus declaraciones reflejan un intento de distanciarse de la gestión anterior, mientras admite la falta de acciones oportunas para proteger a la denunciante, lo que incrementa las críticas hacia el gobierno de Gabriel Boric.
• Posibles consecuencias económicas y políticas para el Estado: Si se comprueba que la Subsecretaría del Interior vulneró los derechos de la denunciante, el Estado podría enfrentar sanciones económicas y nuevas críticas sobre su manejo de situaciones de violencia laboral, dañando aún más la ya debilitada imagen del gobierno.
• El Caso Monsalve: un reflejo de la falta de transparencia y seriedad gubernamental: La falta de respuesta a más del 60% de los oficios enviados por la Comisión Investigadora, muchos de ellos dirigidos al Ministerio del Interior, muestra una preocupante falta de transparencia y colaboración por parte del Ejecutivo, alimentando sospechas de ocultamiento de información. Michel Figueroa, Director Ejecutivo de Transparente, cuestionó qué es lo que el gobierno pretende esconder, aumentando la presión sobre La Moneda.
• Sospechas sobre el uso indebido de $847 millones en gastos reservados por parte de Monsalve: Las irregularidades en los gastos reservados del exsubsecretario, que incluyen pagos en efectivo y un notable incremento de su patrimonio durante su gestión, generan serias dudas sobre la supervisión del gobierno. La falta de control y las evasivas de La Moneda sobre estos temas, junto con el reciente cambio de régimen conyugal de Monsalve, solo incrementan las sospechas de malversación y corrupción dentro del Ejecutivo. La familia de Ronald Ojeda también desmintió haber recibido parte de estos fondos, lo que pone en tela de juicio las explicaciones oficiales sobre el uso de los $847 millones asignados durante los 30 meses de gestión de Monsalve.

Investigación de El Líbero

El líbero hace unas semanas hizo un detallado reportaje sobre los Gastos Reservados del caso Monsalve, pueden revisar el artículo aquí.

El misterioso caso de Manuel Monsalve y el dinero de gastos reservados que la familia de Ronald Ojeda niega haber recibido | #Reportajesellíbero #Ellíbero #Ronaldojeda #manuelmonsalve pic.twitter.com/UCCQJ8XMGT

— El Líbero (@elliberocl) February 1, 2025

La demanda laboral presentada por la denunciante de Manuel Monsalve expone graves falencias en los protocolos de protección del gobierno, dejando en evidencia la negligencia de La Moneda y su falta de preparación ante casos de violencia sexual en el ámbito laboral. Las críticas no solo apuntan al exsubsecretario, sino también al Ejecutivo, que ha mostrado deficiencias en la implementación de normativas de prevención y transparencia, lo que agrava su responsabilidad en este caso y daña aún más su credibilidad.