Los Manotazos Fiscales de Marcel y Javiera Martínez: Traspasos por $3,4 Billones Desde Corfo al Gobierno en Medio de Crisis Presupuestaria

El gobierno de Gabriel Boric está nuevamente en el ojo del huracán tras revelarse que, durante 2023, el Ministerio de Hacienda solicitó traspasos extraordinarios desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) por más de $3,4 billones (alrededor de US$3.500 millones), parte de los cuales se financió con la venta de activos financieros de la institución. Este mecanismo, utilizado en el pasado solo en situaciones de crisis (como práctica excepcional), ha despertado críticas por la falta de transparencia y la aparente necesidad de recursos para cuadrar las cuentas fiscales ante la falta de planificación. La situación ha desatado una ola de cuestionamientos a la administración económica del país y ha llevado a la oposición a solicitar comisiones investigadoras.

Puntos Claves:

Traspasos multimillonarios desde Corfo al Gobierno

• Monto total de los traspasos: Se realizaron seis transferencias a lo largo de 2023, sumando un total de $3,4 billones, lo que equivale al 4,5% del presupuesto del país para ese año.
• Origen de los fondos: Mientras que parte de estos recursos provino de los excedentes generados por la explotación del litio en el Salar de Atacama, la última transferencia, realizada en noviembre de 2023 por US$1.500 millones, se financió con la venta de activos financieros de Corfo.
• Motivo de la solicitud: En las actas revisadas por The Clinic, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, justificó la medida debido a que el nivel de endeudamiento del Estado estaba “copado”, lo que impedía sostener la caja a través de la emisión de deuda.

Falta de transparencia y cuestionamientos

• El vicepresidente de Corfo se abstuvo: José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, se negó a aprobar el traspaso de noviembre argumentando que este reducía los fondos patrimoniales que garantizan el funcionamiento de largo plazo de la institución.
• Explicaciones poco convincentes del gobierno: Desde la Dirección de Presupuestos (Dipres), liderada por Javiera Martínez, señalaron que los fondos fueron utilizados para “el financiamiento general del presupuesto”, sin especificar un destino concreto.
• El ministro de Economía evade la polémica: Nicolás Grau, ministro de Economía y presidente del consejo de Corfo, se negó a responder consultas sobre el tema.

Precedentes y diferencias con gobiernos anteriores

• Comparación con la crisis del Covid-19: En 2020, el gobierno de Sebastián Piñera solicitó un traspaso de US$1.000 millones desde Corfo para enfrentar la pandemia, una crisis de alcance global. En cambio, la administración Boric triplicó esa cifra sin que mediara una crisis de la misma magnitud.
• Uso excepcional del mecanismo: Exautoridades de Corfo indicaron que estos traspasos han sido utilizados en ocasiones específicas, pero nunca como una fuente permanente de financiamiento.

Impacto en la gestión fiscal y reacciones políticas

• Críticas de la oposición: Parlamentarios de la UDI, Renovación Nacional y el Partido Republicano han calificado la situación como “un escándalo gigantesco” y han solicitado comisiones investigadoras para determinar responsabilidades.
• Investigaciones en curso: Se han anunciado comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados para esclarecer el uso de estos fondos y determinar si se vulneraron principios de responsabilidad fiscal.
• Declaraciones de economistas: Especialistas han advertido que la venta de activos financieros implica una pérdida patrimonial real para Corfo, lo que podría afectar su capacidad de inversión a futuro.

La falta de planificación y la opacidad en el uso de estos recursos ponen en entredicho la responsabilidad fiscal del gobierno de Boric. A pesar de los intentos de justificar la medida, la necesidad de recurrir a traspasos extraordinarios y liquidación de activos financieros revela un problema estructural en la gestión de las finanzas públicas. También es importante considerar la evidente debilidad institucional y financiera que tendrá el país en los años venideros con estas prácticas cuestionables. Las comisiones investigadoras y la presión política podrían marcar un antes y un después en la supervisión del uso de estos fondos, en un contexto donde la credibilidad del Ejecutivo en materia económica ya ha sido seriamente cuestionada.