Contrato directo de $244 millones: El acuerdo de carácter secreto del Gobierno con Datavoz, posiblemente para crear su “relato”
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Un contrato de $244 millones entre la Secretaría General del Gobierno (Segegob) y la empresa Datavoz ha generado una controversia significativa debido a la adjudicación directa y la confidencialidad de los detalles. Este acuerdo ha levantado preguntas sobre la transparencia y la necesidad de un gasto público tan elevado.
Puntos Claves
- Contrato Directo y Confidencialidad:
- El contrato, valorado en 6.501 UF (aproximadamente $244 millones), fue adjudicado sin un proceso de licitación pública.
- Los detalles del contrato y sus objetivos se mantienen en secreto, lo que impide la competencia abierta entre otras empresas.
- Actores Clave:
- La Secretaría General del Gobierno (Segegob), liderada por la ministra Camila Vallejo (Partido Comunista), fue responsable de suscribir el contrato.
- Datavoz, una empresa perteneciente al grupo Statcom y fundada por Paulina Valenzuela, fue la beneficiaria del contrato.
- Pablo Paredes (Revolución Democrática), director de la Secretaría de Comunicaciones y Cultura (Secom), solicitó la aprobación del contrato.
- Justificaciones del Gobierno:
- La justificación oficial para no realizar una licitación pública fue la “indispensabilidad” de acudir exclusivamente a Datavoz debido a sus características únicas y experiencia acumulada.
- Camila Vallejo defendió la legalidad y carácter estratégico del contrato, argumentando que estos estudios son de carácter reservado y estratégico hasta el final del periodo de gobierno.
- Reacciones y Críticas:
- El diputado independiente Álvaro Carter anunció que solicitará a la Contraloría revisar el contrato, cuestionando tanto el monto elevado como la naturaleza secreta y reservada del acuerdo.
- Críticos señalan que otras empresas con experiencia en el sector, como CADEM, Criteria y Activa, podrían haber competido por el contrato si hubiera habido un proceso de licitación abierto.
- Detalles del Acuerdo:
- El contrato incluye la realización de 44 estudios desarrollados de forma remota, con pagos de 138,9 UF (alrededor de $5,2 millones) por cada focus group y 256,6 UF (aproximadamente $5,8 millones) por cada entrevista.
- Existe una cláusula que permite modificar el monto total del contrato hasta un 30% adicional, lo que podría elevar el costo hasta 8.451 UF (más de $317 millones).
- Respuesta de Datavoz:
- Datavoz defendió la legalidad del contrato y señaló que la elección de la empresa como proveedora y el propósito de los estudios son competencia del comprador.
- La empresa también mencionó que mantiene contratos con otras entidades públicas, tanto a través de tratos directos como de licitaciones públicas.
- Posibles Motivos Ocultos:
- Algunos observadores sugieren que el verdadero objetivo del contrato podría ser la creación de un “relato” gubernamental para los últimos 20 meses de gestión, lo que explicaría el hermetismo en torno a los objetivos y conclusiones del trabajo.
El contrato directo y reservado de $244 millones entre el Gobierno y Datavoz ha desatado un debate sobre la transparencia y el uso de los fondos públicos. Mientras el gobierno defiende la legalidad y necesidad estratégica del acuerdo, las críticas continúan, enfocándose en el secretismo y la falta de un proceso de licitación. La intervención de la Contraloría será crucial para esclarecer la justificación de este polémico contrato y asegurar que se haya actuado en el mejor interés del público. La ciudadanía sigue esperando con atención los resultados de esta revisión para determinar si este caso representa un ejemplo de buena gobernanza o de opacidad en la administración de los recursos del Estado.
