El poder oculto del PC: cómo sus propiedades terminaron en manos de militantes y sociedades afines

Una investigación de CIPER reveló que, a casi una década de que el Partido Comunista de Chile (PC) vendiera 218 inmuebles para cumplir con una nueva ley, al menos 31 de estas propiedades terminaron en manos de personas o sociedades vinculadas al mismo partido. Aunque la justicia ya sobreseyó la operación original, los nuevos antecedentes muestran posibles conflictos de interés y falta de transparencia en el traspaso del millonario patrimonio político, lo que vuelve a encender las alertas sobre el uso del poder al interior del PC.

Puntos Claves:

• El Partido Comunista vendió 218 propiedades en 2016 para cumplir con una ley:
  En octubre de 2016, el PC vendió 218 inmuebles —departamentos, bodegas y estacionamientos— ubicados en Santiago y La Cisterna. La venta fue obligada por la nueva Ley de Partidos Políticos, que impedía que las agrupaciones políticas mantuvieran propiedades que no fueran de uso político.
• La compradora fue una empresa recién creada por un militante comunista:
  La empresa que compró todos los inmuebles fue Inversiones Progreso SpA, creada solo un mes antes de la compra y con un capital de apenas $5 millones. Fue fundada por Ricardo Castro, académico y militante del PC, quien no contaba con solvencia económica para adquirir un patrimonio avaluado en $3 mil millones. Castro logró la operación comprando las acciones de Araucaria SpA, la sociedad inmobiliaria que tenía los inmuebles del PC.
• Progreso SpA no ha pagado la mayor parte de la deuda al partido:
  Aunque el valor de venta fue de $3 mil millones, hasta fines de 2022, la empresa solo había pagado el 33,9% del total. Actualmente, debe más de $4.500 millones al partido, debido a intereses, reajustes por la UF y repactaciones. El PC ha permitido tres reprogramaciones del pago: en 2016, 2018 y 2021.
• Los inmuebles se revendieron principalmente a personas o entidades ligadas al PC:
  Entre 2017 y 2023, Progreso vendió 43 propiedades. De estas, al menos 31 fueron adquiridas por personas naturales o jurídicas con vínculos políticos o económicos con el PC. Aunque legalmente no está prohibido, esto genera serias dudas sobre la transparencia de la operación y podría interpretarse como una venta indirecta “de partido a partido”.

Principales compradores relacionados al PC:

• Inmobiliaria Libertad S.A.:
  Compró 14 propiedades entre 2019 y 2021. Esta sociedad fue clave en la toma de control de la Universidad ARCIS por parte del PC en 2004, y hoy está compuesta por el Instituto ICAL y Ediciones ICAL, ambos con estrechos vínculos con el partido. Algunos de sus directivos actuales integran el Comité Central del PC.
• Álvaro Palma:
  Militante del PC y candidato a la directiva del Comité Central (2024-2028). Compró ocho inmuebles entre 2020 y 2021. Lo hizo a través de su hermana, Sandra Palma, dueña de la corredora Varela Propiedades, empresa que presta servicios de arriendo al PC.
• Ricardo Paredes:
  Compró un departamento, dos bodegas y un estacionamiento. Es socio de Sandra Palma en otra empresa y también aparece ligado al entorno de Varela Propiedades.
• Patricia Sepúlveda:
  Compró un departamento y una bodega. Su madre, Juana Biget, es dueña de una sede de las Juventudes Comunistas en Ñuñoa. Su cónyuge, Jorge Vilches, también adquirió inmuebles a través de su empresa Transportes Aurora, y luego los vendió a Inmobiliaria Libertad.
• Raúl Reyes Alonso (Inversiones Huelquén S.A.):
  Compró dos inmuebles en 2018. Hasta diciembre de 2023 fue el contador del PC y recibió más de $55 millones por su trabajo.
• Pedro Vuskovic:
  Compró tres departamentos y tres bodegas. Aunque no es militante, es hijo del exministro de Allende y exmilitante comunista Pedro Vuskovic Bravo. Los inmuebles están administrados por Varela Propiedades.
• Andrés Varela Propiedades:
  Esta corredora compró ocho propiedades en 2017. Luego se las vendió a Álvaro Palma. Su fundación y administración han estado ligadas históricamente a figuras cercanas al PC, y hasta hoy mantiene contratos vigentes con el partido.
• Un mismo nombre aparece en ambas partes del negocio:
  José Ricardo Solé, actual integrante del Comité Central del PC, fue directivo tanto de la empresa vendedora (Araucaria) como de la compradora (Progreso), y también integró el directorio de Inmobiliaria Libertad. Es decir, estuvo vinculado a todas las etapas del traspaso de los inmuebles, lo que plantea un claro conflicto de interés.
• La justicia ya investigó y sobreseyó la operación original:
  En 2017, Chile Vamos presentó una querella por eventual contrato simulado y falsificación. La Fiscalía de Alta Complejidad revisó el caso y en 2018 se determinó que no existieron delitos, cerrando la investigación. Sin embargo, los nuevos antecedentes no fueron parte de esa causa.
• CIPER contactó al Partido Comunista, pero no hubo respuesta:
  El medio solicitó declaraciones al presidente del PC, Lautaro Carmona, sin obtener respuesta formal. Tampoco hablaron Ricardo Castro ni Sandra Palma, salvo para confirmar relaciones comerciales con el partido.

Estos hechos no prueban la existencia de un delito, pero muestran una red de relaciones que cuestiona la transparencia del proceso de venta. El hecho de que muchas de las propiedades hayan terminado en manos de militantes, exfuncionarios o sociedades controladas por el propio partido genera dudas legítimas sobre si se cumplió el espíritu de la ley.

El traspaso de propiedades que alguna vez pertenecieron al Partido Comunista a manos de personas y entidades cercanas al mismo partido, deja en evidencia posibles conflictos de interés, aunque hasta ahora la justicia no ha determinado responsabilidades penales. La falta de pagos por parte de la empresa compradora y la participación de altos militantes en ambos lados del negocio refuerzan la necesidad de mayor fiscalización y transparencia en el uso del patrimonio de los partidos políticos.