Vallejo niega ‘Pacto de Silencio’ en caso Monsalve, lo que no cambia el hecho que no denunciaran a tiempo y mantuviera al acusado en funciones
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El Caso Monsalve sigue sumiendo al Gobierno de Gabriel Boric en una profunda crisis política. La ministra vocera, Camila Vallejo, ha desestimado las acusaciones de un supuesto “pacto de silencio”, pero los hechos muestran un Ejecutivo que actuó tarde y permitió que el exsubsecretario del Interior permaneciera en el cargo, a pesar de la gravedad de la denuncia en su contra. Las críticas apuntan a una gestión que, lejos de proteger a la víctima, priorizó estrategias que hoy parecen más un intento de contención política que de justicia.
Gravísimo: Tohá no habría informado completamente a Boric sobre el caso Monsalve o existe un pacto secreto
El caso de abuso sexual y violación que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha puesto en jaque al gobierno del Presidente Gabriel Boric, debido a la información confusa[…]
Puntos claves:
- Demora injustificada en la actuación del Ejecutivo
A pesar de la denuncia presentada contra Manuel Monsalve, el Gobierno tardó en tomar decisiones concretas. El hecho de que el presidente Gabriel Boric informara previamente a sus asesores, Miguel Crispi y Carlos Durán, sin que se tomaran medidas inmediatas, genera dudas razonables sobre la intención real del Ejecutivo. La permanencia de Monsalve en su cargo no solo expuso un riesgo de posible destrucción de evidencia, sino que pudo haber facilitado actos de intimidación o manipulación hacia la víctima. - Camila Vallejo: entre la defensa y la minimización del problema
La ministra Vallejo rechazó tajantemente las acusaciones de un “pacto de silencio”, pero su discurso ha sido percibido como un intento de desviar la atención hacia la oposición, más que de asumir responsabilidad. La insistencia en que “en política no todo vale” parece insuficiente frente a los hechos: el Gobierno conocía los antecedentes y permitió que el exsubsecretario siguiera en funciones, mientras el escándalo crecía. - Falta de contundencia para proteger a la víctima
Desde diversos sectores, incluida la oposición, se ha señalado la ausencia de un enfoque claro y decidido por parte del Ejecutivo para salvaguardar a la víctima. En lugar de actuar con firmeza, las autoridades optaron por medidas tardías y ambiguas que priorizaron la imagen del Gobierno, dejando de lado el impacto que esto podría tener sobre una persona que, según la denuncia, ya había sido vulnerada. - Críticas a la narrativa del Gobierno
El Gobierno ha intentado justificar sus acciones destacando la colaboración con la justicia, pero estas explicaciones llegan tarde y no logran despejar la percepción de negligencia. Las declaraciones voluntarias de Boric y otros altos funcionarios parecen más un acto reactivo que una muestra genuina de transparencia, sobre todo cuando la confianza pública ya está seriamente dañada. - La sombra de la inacción y el cálculo político
La reacción inicial del Gobierno, sumada a su posterior intento de enmarcar las críticas como un ataque político de la oposición, ha profundizado el descontento. La demora en apartar a Monsalve refuerza la idea de un cálculo político que puso en segundo plano el deber de actuar con rapidez y contundencia ante una denuncia tan grave.
El Caso Monsalve evidencia no solo un manejo errático de la crisis, sino también una falta de compromiso real con los principios de justicia y protección de las víctimas. Aunque Camila Vallejo rechaza la idea de un “pacto de silencio”, lo cierto es que la inacción del Gobierno y la permanencia de Monsalve en su cargo son pruebas innegables de negligencia y cálculo político. La Moneda parece más preocupada por controlar los daños que por responder con celeridad y responsabilidad ante un caso que, por su naturaleza, exige máxima transparencia y contundencia.
El Ejecutivo no solo ha fallado en proteger a la víctima, sino que ha dejado en evidencia su incapacidad para manejar crisis políticas y éticas. Frente a esta situación, la indignación ciudadana es más que comprensible. Un gobierno que se presenta como defensor de los derechos humanos no puede permitirse decisiones tardías que dejan en el aire preguntas fundamentales: ¿la protección de las víctimas realmente es prioridad o solo un discurso vacío?
