Sebastián Depolo (Revolución Democrática) rectifica su declaración de patrimonio tras polémicas omisiones y vínculos familiares

El embajador de Chile en Brasil, Sebastián Depolo, exvocero del Frente Amplio y expresidente de Revolución Democrática, corrigió su Declaración de Patrimonio e Intereses (DIP) luego de un requerimiento de la Contraloría General de la República. En la rectificación, Depolo incluyó información previamente omitida sobre su red familiar y agregó detalles sobre su relación con la Fundación Rumbo Colectivo, un think tank ligado al Frente Amplio que ha estado bajo escrutinio público por posibles conflictos de interés y nexos con instituciones públicas.

Puntos Claves:

• Correcciones tras requerimiento de Contraloría:
  Depolo ajustó su DIP el 11 de diciembre luego de que la Contraloría detectara que no había declarado a su red familiar. En su actualización, incluyó a sus hermanos mayores, sus suegros y sus hijos, elementos obligatorios para quienes ejercen cargos como jefaturas de servicio público.
  • Omisión inicial: La declaración original de Depolo, presentada al asumir el cargo en 2023, no mencionaba a sus familiares ni a su vínculo con la Fundación Rumbo Colectivo, a pesar de que este último fue añadido parcialmente en marzo de 2024.
• Rumbo Colectivo: think tank frenteamplista en la mira:
  Un think tank, o centro de pensamiento, es una organización destinada a la investigación y formulación de políticas públicas. Rumbo Colectivo, fundado por Depolo y otros militantes de Revolución Democrática, busca influir en debates políticos y sociales mediante la elaboración de propuestas, estudios y actividades formativas.
  • Rumbo Colectivo ha sido señalado por su cercanía al oficialismo y su vínculo con la Fundación Democracia Viva, protagonista del Caso Convenios. Aunque no se han detectado transferencias directas de fondos públicos a Rumbo Colectivo, la fundación ha trabajado en actividades financiadas por instituciones estatales.
  • Entre sus colaboradores y exdirigentes destacan figuras como Javiera Martínez, actual directora de la Dirección de Presupuestos, y José Miguel Ahumada, exsubsecretario de Relaciones Económicas Internacionales.
• Vínculos familiares destacados:
  Depolo incluyó a su hermano Adolfo, juez en Concepción que ha dictado fallos de alto impacto, y a Paola, profesora de ciencias en Rancagua. También declaró a sus suegros, Víctor Cadima y Tatiana Gallardo, ligados al ámbito cultural y a pequeñas actividades comerciales.
  • Víctor Cadima, suegro de Depolo, es un reconocido activista cultural y víctima de prisión política durante la dictadura. A pesar de ello, ni su taller cultural ni las actividades empresariales de su esposa e hija han recibido fondos fiscales durante este gobierno.
  • La declaración también confirmó que Depolo tiene separación de bienes con su esposa, un dato relevante en el contexto de potenciales conflictos de interés.
• Críticas y posibles irregularidades:
  • ¿Por qué se omitió información clave? Según Depolo, su omisión se debió a un malentendido sobre las obligaciones de su cargo. Sin embargo, los embajadores son considerados jefes de servicio público y están obligados a declarar redes familiares para prevenir conflictos de interés.
  • Falta de proactividad: Aunque aseguró que algunas correcciones fueron voluntarias, como añadir el RUT de Rumbo Colectivo, su declaración inicial no incluyó el vínculo con esta fundación, algo que podría interpretarse como un intento de minimizar posibles cuestionamientos.
  • Fundación bajo escrutinio: Las actividades de Rumbo Colectivo han estado en la órbita del Caso Convenios debido a su colaboración con Democracia Viva. Aunque no ha recibido fondos públicos directamente, los nexos políticos y actividades compartidas con Democracia Viva han levantado dudas sobre su rol en la red de fundaciones ligadas al Frente Amplio.

La rectificación de Sebastián Depolo expone deficiencias en su transparencia inicial como servidor público y resalta la necesidad de mayor rigor en la declaración de patrimonio e intereses de autoridades. Si bien añadió información relevante tras el requerimiento de Contraloría, las omisiones previas generan dudas legítimas sobre su voluntad de cumplir con los estándares éticos requeridos para su cargo. En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, estas irregularidades refuerzan la necesidad de fiscalización y transparencia en la gestión pública.