Caso Matías Ramírez y Claudio Crespo: Mecanismos de fiscalización y posibles consecuencias para el diputado comunista que gusta difamar

El diputado comunista Matías Ramírez Pascal generó polémica al insistir en calificar al excarabinero Claudio Crespo como “violador de derechos humanos”, a pesar de que la Corte Suprema ordenó a la senadora Fabiola Campillai eliminar publicaciones en redes sociales donde realizaba la misma acusación. Este episodio plantea interrogantes sobre los límites del discurso parlamentario, la responsabilidad de los legisladores en sus declaraciones públicas y las posibles sanciones que podría enfrentar Ramírez Pascal por sus dichos.

Existen tres mecanismos principales dentro del ordenamiento jurídico y parlamentario chileno que pueden abordar esta situación:

1. Código de Conducta y el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados
2. Comité de Ética y Transparencia
3. Justicia Ordinaria o el Tribunal Constitucional

A continuación, se detallan cómo podrían aplicarse en este caso y cuáles serían sus eventuales consecuencias.

Si la Senadora Campillai no puede decirlo lo diremos nosotros! Claudio Crespo es un violador de derechos humanos. Un sicópata que debería estar preso. https://t.co/t6MsNC372E

— Matias Ramirez Pascal (@matiasramirezpa) February 21, 2025

Puntos Claves:

1. Código de Conducta y Reglamento Interno de la Cámara de Diputados

Los diputados están sujetos a normas que regulan su comportamiento, buscando asegurar que su actuar no afecte la institucionalidad del Congreso ni vulnere los derechos de otras personas.

• Normativa aplicable:
  • El Reglamento de la Cámara de Diputados establece que los parlamentarios deben regirse por principios de probidad, respeto y transparencia, lo que implica evitar declaraciones que puedan considerarse injuriosas o difamatorias.
  • Según la Ley Orgánica del Congreso, los diputados deben actuar con integridad, evitando conductas que puedan ser interpretadas como abuso de su investidura para afectar la honra de terceros.
  • El Código de Conducta Parlamentaria estipula que los legisladores deben mantener un debate público dentro de los marcos del respeto y la responsabilidad.
• Aplicación al caso de Matías Ramírez:
  • Al insistir en una acusación que la Corte Suprema ya consideró improcedente en el caso de la senadora Campillai, el diputado podría estar vulnerando su deber de actuar con responsabilidad y respeto.
  • Sus declaraciones en X podrían interpretarse como una infracción a las normas internas del Congreso, ya que afectan la imagen institucional y podrían constituir un uso indebido de su plataforma parlamentaria para realizar acusaciones sin respaldo judicial.
• Consecuencias posibles:
  • Amonestación interna: Puede recibir un llamado de atención por parte de la Mesa de la Cámara.
  • Multa o descuento en la dieta parlamentaria: Si se considera una infracción grave, podría aplicarse una sanción económica.
  • Suspensión temporal de su participación en comisiones: En casos más severos, podría restringirse su actividad legislativa en ciertas instancias.

2. Comité de Ética y Transparencia: Órgano fiscalizador dentro del Congreso

Este comité es el encargado de evaluar y sancionar faltas a la ética parlamentaria. Puede actuar ante denuncias de otros diputados, ciudadanos o por iniciativa propia.

• Proceso ante el Comité de Ética:
  • Recepción de denuncia: Cualquier persona, incluyendo el propio Claudio Crespo, otro parlamentario o incluso un ciudadano común, podría solicitar una revisión del caso.
  • Investigación y deliberación: El comité revisaría el contexto de las declaraciones de Ramírez Pascal, analizando si constituyen una falta a la ética parlamentaria.
  • Determinación de sanción (si procede): Dependiendo de la gravedad de la infracción, las sanciones pueden ir desde un llamado de atención hasta sanciones más severas.
• Posibles consecuencias específicas en este caso:
  • Censura pública: El comité podría emitir una declaración oficial condenando las declaraciones del diputado.
  • Sanción económica: Se le podría aplicar una multa, con un descuento en su dieta parlamentaria.
  • Restricción de funciones legislativas: En casos más serios, se podría limitar su participación en ciertas comisiones o actividades legislativas.

3. Justicia Ordinaria y Tribunal Constitucional: Implicancias legales de sus declaraciones

Más allá de las sanciones internas del Congreso, si las declaraciones del diputado Ramírez Pascal afectan derechos fundamentales o constituyen una infracción legal, el caso podría escalar a la justicia ordinaria o incluso al Tribunal Constitucional.

• Posibles acciones judiciales:
  • Querella por injurias y calumnias: Claudio Crespo, al ser mencionado con una acusación que la Corte Suprema ya declaró inapropiada en otro caso, podría presentar una querella contra el diputado.
  • Orden de retractación y eliminación de publicaciones: Similar a lo que ocurrió con la senadora Campillai, la justicia podría ordenar a Ramírez Pascal eliminar su declaración y abstenerse de emitir nuevas acusaciones en contra de Crespo sin pruebas judiciales.
  • Indemnización por daño moral: Si se demuestra que las declaraciones afectaron la honra de Claudio Crespo, este podría demandar una compensación económica.

Y este es un honorable diputado de la República? @matiasramirezpa
Claramente siendo del partido comunista no me extraña en absoluto.
Sin embargo, creo que cámara de Diputados debería pronunciarse sobre esto @Camara_cl pic.twitter.com/nR7Gg4lPXH

— CLAUDIO CRESPO (@ClaudioCrespoG) February 22, 2025

El diputado Matías Ramírez Pascal, como funcionario público y representante de la ciudadanía, tiene el deber de actuar con responsabilidad y respeto en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, al insistir en calificar públicamente a Claudio Crespo como “violador de derechos humanos”, a pesar de que la Corte Suprema ya falló en contra de afirmaciones similares, vulnera principios fundamentales de probidad y transparencia. Utilizar su investidura para realizar acusaciones sin respaldo judicial no solo daña la institucionalidad del Congreso, sino que también evidencia un uso irresponsable de su cargo para incidir en la opinión pública con afirmaciones que pueden constituir calumnia.