Boric antes decía “No necesitamos grandes lujos”: hoy es descubierto fragmentando gastos de hotelería para ocultar el costo real en viaje presidencial a Punta Arenas

Durante su último viaje a Punta Arenas, el Presidente Gabriel Boric eligió un costoso hotel para hospedarse, marcando un contraste con su discurso de austeridad de años atrás. Ahora, su gobierno enfrenta una denuncia ante la Contraloría por presuntamente fragmentar pagos públicos para eludir la licitación obligatoria por ley.

Puntos Claves:

• De la austeridad al confort presidencial: En 2022, Gabriel Boric dormía en un hostal de Punta Arenas y declaraba que “no necesitamos grandes lujos”. Esa imagen quedó atrás. En su reciente visita del 25 de marzo de 2025 a la misma ciudad, su equipo se hospedó en Hotel Australis, con un gasto total superior a los 12 millones de pesos. El contraste ha generado críticas y sospechas sobre el verdadero compromiso del mandatario con la austeridad y la transparencia.
• Denuncia formal por presuntas irregularidades: Los abogados Raimundo Palamara y John Reid presentaron una denuncia ante la Contraloría General de la República contra la Presidencia, acusando pagos fraccionados por parte del gobierno para evitar una licitación pública, lo cual podría constituir una infracción grave a la Ley de Compras Públicas (Ley N° 19.886).
• El detalle de los pagos cuestionados: Según el documento presentado, el 25 de marzo la Presidencia contrató al Hotel Australis a través de tres pagos separados, todos en la misma fecha y al mismo proveedor, por los siguientes montos:
  • $4.688.600 por 33 habitaciones sencillas.
  • $3.141.600 por un concepto no especificado.
  • $4.355.400 también sin detallar.
    En conjunto, los pagos suman $12.815.600, cifra que supera con creces el umbral de 100 UTM ($6.803.400 en marzo de 2025) permitido por ley para realizar compras por trato directo sin licitación.
• Fraccionamiento como práctica ilegal: La Ley de Compras Públicas es clara: el fraccionamiento de adquisiciones con el objetivo de eludir la obligación de licitar está expresamente prohibido. El artículo 10 de la ley establece que cualquier compra superior a 100 UTM debe someterse a un proceso de licitación pública, salvo casos muy específicos y debidamente justificados, lo que no ocurrió en este caso. Según los denunciantes, la práctica utilizada podría ser considerada una elusión dolosa de la normativa.
• Ausencia de justificación ni resoluciones válidas: Una de las compras no cuenta con resolución exenta publicada (documento que justifica y autoriza ese gasto), lo que agrava la situación. Las resoluciones exentas que sí fueron registradas en el portal de Mercado Público fueron firmadas por la directora administrativa de la Presidencia, Antonia Illanes, pero no explican por qué se fraccionó el gasto ni cuál era la necesidad específica de cada servicio. Esto constituye una omisión grave desde el punto de vista administrativo y legal.
• Posibles consecuencias legales y administrativas: Si la Contraloría determina que se trató efectivamente de una maniobra para eludir la ley, los responsables podrían enfrentar sanciones. Esto podría incluir la apertura de un sumario administrativo, sanciones disciplinarias, la invalidación de los contratos y la eventual responsabilidad civil o penal de los funcionarios involucrados. La jurisprudencia de la Contraloría ha sido reiterada al respecto: dividir intencionalmente una compra para sortear el límite legal de trato directo es una infracción grave a los principios de eficiencia, probidad y transparencia en la administración del Estado.
• Práctica reiteradamente observada y criticada: El fraccionamiento de pagos ha sido advertido en múltiples ocasiones por la Contraloría como una maniobra inaceptable que impide la libre competencia, fomenta la opacidad en el uso de recursos públicos y vulnera los principios rectores del sistema de compras del Estado. Su uso por parte de la Presidencia agrava la situación, dado el ejemplo que debe dar el más alto cargo del país.
• Solicitan investigación urgente y sanciones proporcionales: Los abogados Palamara y Reid solicitan a la Contraloría que se inicie un sumario administrativo para determinar con claridad quiénes participaron en esta operación, bajo qué fundamentos se fraccionaron los pagos y por qué no se respetaron los procedimientos establecidos en la ley. En sus palabras: “Se deben esclarecer por qué se fraccionaron los pagos y quiénes autorizaron estas adquisiciones sin respetar la ley”.

Este caso no solo pone en entredicho la gestión financiera de la Presidencia, sino también la coherencia política de Gabriel Boric, quien ha hecho de la probidad un eje central de su discurso público. El contraste entre sus palabras de austeridad y los hechos actuales deja expuesto al mandatario a críticas tanto legales como éticas.

De comprobarse las irregularidades, no se trataría solo de un error administrativo, sino de una violación directa a las normativas que regulan el buen uso del dinero público. Un escándalo que se origina no por el lujo en sí, sino por la forma en que se intentó ocultar, fragmentando pagos para que nadie notara el total de la factura.