El Gobierno Regional Metropolitano enfrenta un escándalo de corrupción tras detectar la aprobación de 61 facturas ideológicamente falsas por más de $6.500 millones, sin respaldo en servicios ni bienes. La querella presentada por el gobernador Claudio Orrego apunta al exanalista Carlos Basaletti como responsable directo, aunque el exfuncionario asegura ser víctima de una persecución y culpa a su jefatura.
Puntos Claves:
- Fraude detectado en el GORE Metropolitano: El gobernador Claudio Orrego presentó una querella por el visado y aceptación de 61 facturas falsas por un total de $6.547 millones entre enero de 2024 y marzo de 2025. La denuncia fue presentada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento privado.
- Funcionario apuntado como responsable: Carlos Basaletti Alvarado, exanalista del Departamento de Inversión de la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR), fue desvinculado el lunes 24 de marzo tras constatarse su rol en la aprobación de los documentos. El funcionario ingresó al GORE durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.
- Facturas sin respaldo de servicios o contratos: Según la querella, ninguna de las facturas estaba vinculada a la ejecución de contratos, proyectos o servicios. El GORE confirmó que los documentos no tienen relación con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y que no existe respaldo de bienes o prestaciones.
- Empresa emisora de los documentos falsos: Las facturas fueron emitidas por Gopa Soluciones SpA, una empresa fundada en 2021 por Arnaldo Alarcón González. En 2023, la compañía tenía contratos por $1.300 millones en Mercado Público, monto que se disparó a más de $6.500 millones en 2024 sin una justificación aparente.
- Correo desde Factoring Xepelin destapa el fraude: El 19 de marzo de 2025, un trabajador de Xepelin contactó a la Municipalidad de Renca para verificar el estado de 13 facturas. En su mensaje advertía que los pagos estaban siendo dirigidos directamente a Gopa Soluciones, generando un posible doble pago.
- Cita literal: “Junto con saludar, agradeceré confirmar en qué estado se encuentran las siguientes facturas del emisor Gopa Soluciones SPA, las cuales fueron factorizadas, pero estos pagos están siendo efectuados al emisor por lo que el cliente estaría recibiendo doble pago por estas facturas”.
- Reacción del GORE tras conocerse los hechos: Tras revisar los antecedentes, el GORE desvinculó a Basaletti, inició un sumario interno e informó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). También interpuso una demanda civil, junto con la querella penal.
- Querella revela documentos adicionales falsificados: Luego de la alerta, el GORE detectó otros 48 documentos tributarios ideológicamente falsos, aumentando la gravedad del fraude.
- Declaración de Carlos Basaletti: El exfuncionario asegura que no recuerda haber aprobado las facturas y que éstas pasaron por otros estamentos del GORE antes de llegar a él. En su testimonio, apuntó directamente a su jefatura, el jefe del Departamento de Inversión, Gabriel Aldana Domange, como responsable de la validación previa. Además, acusó una “persecución política” y afirmó que su desvinculación fue irregular porque no se esperó el término del sumario administrativo.
- Cita literal: “Las facturas debían haber pasado antes por contabilidad, y la notificación pasa antes por mi jefatura, o pasa antes por otro estamento del GORE que también la tuvo que haber aceptado”.
- Empresa de factoring también se querella: Xepelin presentó una querella contra Gopa Soluciones por uso fraudulento de facturas y afirmó estar colaborando con las autoridades. Además, comunicaron que están revisando caso a caso las relaciones con sus clientes.
- El GORE asegura que no ha pagado ninguna factura: Aunque afirman que los mecanismos de control funcionaron, la institución reconoció que las facturas podrían generar un “pasivo” ficticio en sus finanzas, dejando al GORE “como deudor de obligaciones inexistentes”.
Este caso pone en evidencia un grave fallo en la fiscalización de los fondos públicos y ha despertado preocupación por la posible existencia de una red de corrupción dentro del aparato estatal. Las investigaciones buscan determinar responsabilidades no solo de Basaletti, sino también de otros funcionarios y entes involucrados en la cadena de aprobación.
A medida que avance el proceso judicial, será clave dilucidar el alcance del perjuicio fiscal y establecer medidas concretas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Las autoridades han declarado su compromiso con la transparencia, pero la magnitud del fraude exige respuestas claras, sanciones ejemplares y una revisión profunda de los mecanismos de control interno.