Graves observaciones de Contraloría en el GORE de Los Ríos: cuestionan $38 mil millones en traspasos y se derivan antecedentes al CDE

La Contraloría General de la República reveló severas irregularidades en la administración de recursos públicos por parte del Gobierno Regional (GORE) de Los Ríos, bajo la gestión del gobernador socialista Luis Cuvertino. En su informe final, el organismo cuestionó transferencias por más de $38 mil millones realizadas entre 2021 y 2023, principalmente a entidades privadas sin fines de lucro, y remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) debido a la gravedad de los hallazgos.

Puntos Claves:

• Informe de Contraloría detecta graves irregularidades en traspasos del GORE Los Ríos:
  El 11 de octubre de 2023, Contraloría publicó su informe final sobre la auditoría realizada al Gobierno Regional de Los Ríos, detectando múltiples deficiencias en la ejecución de proyectos y en las transferencias a entidades privadas.
• Monto total observado supera los $38 mil millones:
  Según el informe, entre 2021 y 2023 se realizaron transferencias por cerca de $31 mil millones a 764 organizaciones sin fines de lucro, pero el total de irregularidades observadas alcanza los $38 mil millones.
• Alta concentración de recursos en pocas instituciones:
  • Universidad Austral: $6 mil millones
  • Corporación de Desarrollo Productivo de la Región: $5 mil millones
  • Fundación de Desarrollo Educacional La Araucana: $3 mil millones
  • Bomberos: $3 mil millones
  • Corporación de Patrimonio Cultural: $2 mil millones
• Proyecto de ferias costumbristas entre los más cuestionados:
  Una iniciativa para fortalecer ferias costumbristas recibió $3 mil millones asignados a una fundación vinculada a la Universidad de La Frontera, pese a que no se contaba con claridad sobre los alcances del proyecto ni los beneficiarios involucrados.
• Falta de control sobre rendiciones de cuentas y recuperación de fondos:
  • No se gestionaron rendiciones ni recuperaciones de fondos en 660 proyectos, con un valor superior a $20 mil millones.
  • Entre 2021 y 2023, tampoco se exigieron rendiciones ni devoluciones en 89 proyectos, por más de $400 millones.
  • Al 31 de diciembre de 2023, existían 18 proyectos con saldos pendientes de rendición, totalizando cerca de $800 millones, los cuales fueron regularizados en febrero y marzo de 2024.
• Contraloría remite antecedentes al Consejo de Defensa del Estado:
  El informe fue enviado al CDE para que determine las acciones legales pertinentes, debido a la magnitud y gravedad de las observaciones.
• Se ordena investigación administrativa interna:
  La Contraloría instruyó una investigación administrativa para determinar responsabilidades dentro del Gobierno Regional de Los Ríos.
• Falta de mecanismos para prevenir conflictos de interés:
  El GORE no cuenta con un manual ni procedimientos claros para detectar o prevenir posibles conflictos de interés entre funcionarios, postulantes y ejecutores de proyectos.
• Respuesta del GORE Los Ríos ante las observaciones:
  Desde el gobierno regional afirmaron que las observaciones “no implican que los recursos estén perdidos”, ya que las iniciativas están ejecutadas y rendidas, pero que las rebajas contables no fueron reflejadas oportunamente en el sistema SIGFE.
  También señalaron que se creó una comisión especial de rendiciones en la División de Desarrollo Social y que están implementando un software de trazabilidad para mejorar la gestión de inversión.
• Contexto político:
  Dos semanas después del informe, el gobernador Luis Cuvertino fue reelegido con el 40,9% de los votos en primera vuelta. En su discurso de celebración, sostuvo: “Hubo un reconocimiento de nuestro trabajo, de nuestra lucha regionalista, de una práctica política que ha sido valorada por la ciudadanía”.

En un escenario donde el correcto uso de los recursos públicos cobra cada vez mayor importancia, las observaciones de Contraloría en el GORE de Los Ríos generan preocupación y obligan a una revisión profunda de los mecanismos de control y fiscalización en las transferencias a entidades privadas. La derivación de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado abre la puerta a posibles acciones legales, mientras las autoridades regionales insisten en que los recursos no se han perdido, aunque sí reconocen deficiencias en los registros contables.

Este caso se suma a una creciente preocupación nacional sobre el uso de fondos públicos en convenios con fundaciones, poniendo el foco en la necesidad urgente de fortalecer los controles internos y la transparencia en la administración pública.