“Intenté huir, pero fui sujeta del brazo”: el nuevo caso de abuso sexual en La Moneda que sacude al gobierno de Gabriel Boric
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En 2023, una impactante denuncia por acoso sexual y discriminación política estremeció los pasillos de La Moneda. Una funcionaria de iniciales C.G.I., con 13 años de trayectoria en la Presidencia, demandó al Gobierno de Gabriel Boric tras haber sido desvinculada de su cargo en un entorno que, según ella, se caracterizó por la desprotección institucional y la discriminación. La resolución del caso culminó en un millonario acuerdo con el fisco, pero el episodio ha dejado cuestionamientos profundos sobre la gestión gubernamental en temas de derechos laborales y acoso.
Puntos claves:
- Un historial intachable, quebrado por la discriminación política
C.G.I. trabajó 13 años en La Moneda, desempeñándose en áreas como Patrimonio Cultural e Investigación. Durante su trayectoria, cumplió a cabalidad con sus responsabilidades. Sin embargo, al inicio del gobierno de Gabriel Boric, comenzaron los problemas, según relata, debido a la percepción de desconfianza por no haber sido contratada directamente por la administración actual. La demandante señaló que Paz Moreno, su jefa directa, manifestó explícitamente su descontento con su permanencia, sugiriendo que la discriminación política era el trasfondo de la hostilidad hacia ella. - El abandono institucional frente a una iniciativa social
Inspirada por su hijo con síndrome de Down, C.G.I. propuso un proyecto de accesibilidad universal para el Palacio de La Moneda. Aunque inicialmente fue bien recibido, su jefatura desestimó la iniciativa y la aisló laboralmente. En un mensaje de WhatsApp, una colega confirmó haber recibido instrucciones para evitar cualquier cercanía con C.G.I., citando amenazas laborales como justificación. - El acoso sexual ignorado por la administración
La funcionaria denunció un constante acoso sexual por parte de Francisco Cofré, un compañero de trabajo cercano a su jefa Paz Moreno. Según su relato, Cofré le envió mensajes de texto de carácter sexual, en los que incluso amenazaba con suicidarse si ella no accedía a sus demandas. En uno de los mensajes, Cofré mencionaba su cercanía con Moreno como respaldo para sus amenazas, diciendo: “Veremos quién de los dos pesa más”.
El episodio más alarmante ocurrió cuando Cofré la condujo a la sala N° 100 del Palacio de La Moneda. Allí, según relató la denunciante, “me manifestó enérgica y reiterativamente que si no accedía a sostener relaciones sexuales con él se iba a matar. Ante esta situación intenté huir, pero fui firmemente sujeta del brazo por Francisco. Tan solo pidiéndole que se calmara, y argumentando que si doña Paz Moreno lo veía en ese estado de exaltación, quien sufriría las consecuencias sería yo, es que Francisco Cofré recuperó la compostura, coincidiendo conmigo en que efectivamente esta situación produciría consecuencias desfavorables principalmente para mí”.
La denunciante aseguró que no se atrevió a reportar inmediatamente lo sucedido debido a las amenazas de Cofré, el evidente respaldo de su jefatura hacia él y el temor constante a perder su trabajo. - Un manejo administrativo cuestionable
Lejos de tomar medidas contra el agresor, la jefatura trasladó la carga de resolver la situación a la propia víctima. C.G.I. declaró que se le pidió decidir si su acosador podía participar en reuniones, una acción que la puso en una posición extremadamente vulnerable y reforzó su sensación de abandono. - Un acuerdo económico silencioso
En abril de 2023, tras un proceso judicial, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Gobierno, alcanzó un acuerdo con la demandante: el pago de $40 millones para evitar que la causa continuara en los tribunales. Aunque esta resolución permitió a la funcionaria costear tratamientos psicológicos, el caso no dejó de resonar como un ejemplo de mala gestión y desprotección institucional.
El caso de C.G.I. pone en entredicho las políticas del Gobierno en materia de acoso laboral y protección de derechos fundamentales. A pesar de que el Ejecutivo ha declarado su compromiso con los derechos humanos y la igualdad de género, este episodio refleja serias falencias en la implementación de dichas promesas.
“Esperaba que mi jefatura me protegiera, hecho que no ocurrió”, afirmó la demandante. Estas palabras resuenan como un llamado de atención frente a un sistema que, en vez de salvaguardar a las víctimas, parece estar más enfocado en minimizar el impacto político de las denuncias.
El caso de C.G.I. no solo revela un preocupante abandono institucional, sino también una falla ética en el manejo de situaciones de acoso y discriminación. La reparación económica no puede sustituir el compromiso del Gobierno con la protección efectiva de sus trabajadores. Mientras los responsables directos ya no están en sus cargos, la pregunta que queda es: ¿qué se está haciendo para prevenir que casos como este se repitan? La ciudadanía merece una respuesta clara y acciones contundentes para garantizar que La Moneda sea un espacio libre de acoso y discriminación.
