

Según una investigación de BioBioChile, el estudio jurídico Bascuñán, Barra, Awad, Contreras y Schürmann (BACS), del que es socio el abogado y representante del presidente Gabriel Boric, Miguel Schürmann, ha firmado contratos con el Poder Ejecutivo por un total de $380 millones desde 2012. De estos, una cantidad significativa corresponde a tratos directos, es decir, sin procesos de licitación, lo que levanta dudas sobre posibles conflictos de intereses y falta de transparencia en la administración pública.
De los 14 contratos revisados:
Ejemplo destacado: el contrato con la Superintendencia de Pensiones en noviembre de 2022, por $60 millones, fue un trato directo para asesorías legales en el caso Aridum, sin convocatoria abierta a otros oferentes.
Solo un número reducido de estos contratos se ejecutaron bajo procesos licitatorios.
En octubre de 2023, la Superintendencia de Pensiones contrató a BACS por trato directo, pagando $60 millones por asesorar en sanciones contra Aridum Asesorías e Inversiones, una firma que promovía especulación financiera en fondos de pensiones voluntarios.
¿Qué es sospechoso aquí?
En 2021, Boric otorgó un poder de representación a Schürmann y su estudio jurídico, días antes de la primera vuelta presidencial. Desde entonces, BACS ha mantenido una fuerte relación con organismos del Ejecutivo.
Sospechas recurrentes:
Además de sus tratos con el Ejecutivo, BACS también ha trabajado con municipios como Maipú, Lampa, Mostazal, y Estación Central, utilizando en algunos casos la modalidad de trato directo, aunque la escala de estos contratos ha sido menor en comparación con los del Ejecutivo.
Ni Schürmann ni los organismos involucrados, como la Superintendencia de Pensiones o la Fiscalía Nacional Económica, han respondido a solicitudes de información de medios de comunicación.
Irregularidades en los contratos:
La investigación sobre los contratos de BACS con el Ejecutivo deja en evidencia preocupantes patrones de contratación mediante tratos directos, particularmente bajo la administración de Gabriel Boric. Aunque este tipo de acuerdos no son ilegales per se, su recurrencia, la falta de licitaciones y la relación personal entre el abogado Miguel Schürmann y el mandatario, generan serias dudas sobre la transparencia y la ética en la gestión de recursos públicos. Es imperativo que las autoridades pertinentes aclaren estas situaciones y refuercen los mecanismos para evitar posibles conflictos de intereses. La ciudadanía merece explicaciones claras y una administración pública verdaderamente comprometida con la probidad.