¿Cuáles son las posibles consecuencias legales del Delito de Omisión para el Presidente de la República en Chile?

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Aún estamos procesando la conferencia de prensa que dio ayer el Presidente de Chile, en la que sorprendió al país al confesar que sabía que el Subsecretario del Interior había accedido de manera irregular a grabaciones de cámaras de seguridad. Eventualmente, esto se pudo hacer con el fin de encubrir un eventual delito de violación del que se acusa al subsecretario. Ante esta situación, surgen varias preguntas: ¿qué consecuencias legales enfrenta el Presidente por no denunciar? ¿Qué dice la ley chilena sobre la omisión de denuncia? Y si encubrimiento o no denuncia de un delito, ¿cómo se puede proceder para sancionar al Presidente?

Este artículo responde estas interrogantes y detalla las posibles vías legales que se abrirían si el Presidente efectivamente omitió denunciar hechos que son delitos.

¿Qué es el delito de omisión y cómo afecta al Presidente?

La ley chilena, en particular el Código Procesal Penal en su artículo 175, establece que las autoridades públicas están obligadas a denunciar cualquier delito del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Esta norma aplica a todos los funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República.

El delito de omisión ocurre cuando una autoridad, sabiendo de la comisión de un delito, no lo denuncia. Si el Presidente sabía que el Subsecretario del Interior accedió a grabaciones de forma irregular y que estaba involucrado en un delito tan grave como la violación, tenía la obligación legal de denunciar estos hechos. De no hacerlo, estaría incurriendo en un delito de omisión, que según el artículo 177 del Código Procesal Penal, puede ser sancionado con multas o incluso con la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Consecuencias legales para el Presidente

En este escenario, si el Presidente no cumplió con su deber de denunciar, podría enfrentar diferentes tipos de sanciones:

1. Sanciones penales: El Código Procesal Penal contempla multas y sanciones administrativas como la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Estas sanciones aplicarían si se demuestra que el Presidente omitió denunciar un delito que claramente conocía.
2. Consecuencias políticas y constitucionales: Más allá de las sanciones penales, las omisiones graves por parte del Presidente también pueden tener consecuencias políticas. Como explicaremos más adelante, la acusación constitucional es una de las vías posibles para sancionar a un Presidente que incumpla sus deberes.

Vías para sancionar al Presidente: ¿Solo con una acusación constitucional?

Si bien la acusación constitucional es el mecanismo más conocido para destituir a un Presidente en Chile, no es la única vía por la que el mandatario podría enfrentar consecuencias. A continuación, repasamos las posibles alternativas:

1. Acusación constitucional

Este es el mecanismo más formal y se encuentra regulado en la Constitución chilena. Según el artículo 52, la Cámara de Diputados tiene la facultad de presentar una acusación constitucional si el Presidente ha cometido “actos que comprometan gravemente el honor o la seguridad de la nación, o que infrinjan abiertamente la Constitución o las leyes”.

Pasos para una acusación constitucional:

• Presentación de la acusación: Un grupo de al menos 10 diputados debe presentar la acusación.
• Votación en la Cámara de Diputados: La Cámara de Diputados vota si la acusación procede o no. Si es aprobada, el caso pasa al Senado.
• Juicio en el Senado: El Senado actúa como jurado y decide si el Presidente es culpable. Si lo declaran culpable, el Presidente es destituido y queda inhabilitado para ejercer cargos públicos.

2. Investigación penal por omisión de denuncia

Además de la acusación constitucional, si se prueba que el Presidente incurrió en el delito de omisión de denuncia, podría iniciarse una investigación penal en su contra. Dado que ningún ciudadano, incluida la máxima autoridad del país, está por encima de la ley, el Ministerio Público puede abrir una investigación formal.

El Ministerio Público sería el encargado de investigar si el Presidente cometió el delito de omisión al no denunciar los hechos de los que tuvo conocimiento. Si el caso avanza, el Presidente podría enfrentar un juicio penal como cualquier otro ciudadano.

El Ministerio Público en Chile es un organismo autónomo, independiente del gobierno, encargado de investigar y perseguir delitos. No pertenece al Ministerio del Interior ni al gobierno. Está vinculado al sistema judicial y su función es llevar adelante las investigaciones penales a través de los fiscales.

3. Consecuencias políticas y sociales

El impacto de una omisión de denuncia en una situación tan grave como esta también podría llevar a una crisis de gobernabilidad. El Congreso podría ejercer presión para que el Presidente renuncie voluntariamente. En algunos casos, la presión pública y política puede ser suficiente para que un presidente decida dejar su cargo antes de ser destituido formalmente.

Otras consecuencias si el Presidente conocía del delito de violación

En este caso, la situación es más grave, pues hablamos de la posible encubrimiento de un delito de violación. El Código Penal chileno establece penas severas para quienes encubran un delito tan grave como la violación. Si el Presidente no solo omitió denunciar, sino que de alguna forma ayudó a encubrir el delito o a dificultar la investigación, podría enfrentar sanciones penales más severas.

Encubrir un delito implica una participación activa en ocultar o impedir que se esclarezcan los hechos, y las penas para los encubridores pueden incluir prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Un escenario con múltiples consecuencias

El delito de omisión de denuncia es una falta grave en el ejercicio de la función pública, y si el Presidente de la República no denunció hechos de esta gravedad, podría enfrentar consecuencias legales, políticas y penales. Desde una acusación constitucional hasta un juicio penal, el Presidente no está exento de rendir cuentas ante la justicia si incumple su deber de denunciar.

Chile cuenta con un marco legal sólido que busca garantizar que todas las autoridades actúen con transparencia y dentro de la ley. En este caso, el destino del Presidente dependerá de la forma en que se desarrollen los hechos y de si las instituciones deciden investigar o no las omisiones de las que se le acusa.

La eventual sanción del Presidente no depende únicamente de una acusación constitucional; existen mecanismos penales y políticos que podrían activarse si se demuestra que hubo una omisión deliberada de sus obligaciones legales.

En el muy probable caso de que esta polémica siga escalando es esperable que la defensa del presidente intente resaltar que Boric era consciente de las grabaciones pero no del delito de violación. Un curso de acción posible es autodenunciarse, de modo que el presidente pueda pagar una multa o sanción menor en comparación a lo que es omitir una denuncia de violación.

Si bien este escenario seguiría siendo una omisión de un delito, dado lo irregular del acceso a las grabaciones, es menos grave que omitir o encubrir una violación. En cualquier caso es importante respetar la presunción de inocencia, esperar a que avance la investigación y se pronuncie ministerio público o sistema judicial.