Grave error del Registro Civil entre 2024 y 2025 provocó la entrega de cédulas con residencia definitiva a extranjeros que no cumplían los requisitos
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Durante la administración del expresidente Gabriel Boric, específicamente entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, el Servicio de Registro Civil e Identificación entregó de forma errónea cédulas de identidad con residencia definitiva por cinco años a ciudadanos extranjeros solicitantes de refugio que solo tenían autorización temporal para permanecer en Chile. Este grave fallo administrativo en el país, revelado por el medio de investigación CIPER Chile, dejó en evidencia una alarmante falta de coordinación entre los organismos públicos y encendió las alertas sobre el control migratorio y la seguridad nacional debido a deficiencias en la implementación de un nuevo sistema informático.
Puntos Claves:
- El origen del error administrativo: La falla comenzó el 16 de diciembre de 2024, coincidiendo con la puesta en marcha del nuevo sistema de identificación nacional del Registro Civil, el cual implicó una renovación tecnológica completa de software (programas informáticos) y bases de datos que terminó fallando en el cruce de información.
- Incongruencias masivas en el sistema: La institución pública admitió que se registraron cerca de 14.000 incongruencias informáticas en la interoperabilidad —es decir, la capacidad de dos o más sistemas para compartir datos y trabajar juntos— con el SERMIG (Servicio Nacional de Migraciones), específicamente vinculadas a los números de CODEX de extranjero, que son los códigos de registro para la identificación de ciudadanos extranjeros en Chile.
- Nacionalidades afectadas y beneficio irregular: Los documentos mal emitidos otorgaban de forma irregular una residencia definitiva de cinco años a personas procedentes de Cuba, Venezuela y Colombia que se encontraban en calidad de solicitantes de asilo político, por lo que debían contar únicamente con un permiso de permanencia temporal.
Alertas ignoradas y lentitud estatal
- Advertencias previas del Servicio de Migraciones: El entonces director nacional del SERMIG, Luis Eduardo Thayer, detectó las primeras anomalías y envió un oficio reservado al director del Registro Civil, Omar Morales, el 24 de marzo de 2025, solicitando un listado completo de los afectados para subsanar la entrega indebida de documentación.
- Escalamiento al Ministerio de Justicia: Ante la total falta de respuestas oportunas por parte del Registro Civil, Thayer tuvo que elevar la denuncia el 16 de abril de 2025 al entonces subsecretario de Justicia del gobierno de Boric, Ernesto Muñoz, alertando sobre el desconocimiento del origen, magnitud y posible solución del problema por parte de los equipos técnicos.
- Burocracia y tardanza en la respuesta: El Registro Civil tardó un total de 43 días en emitir un pronunciamiento oficial sobre el desperfecto, admitiendo posteriormente que el proceso de cedulación —la emisión de las cédulas de identidad— para refugiados no estaba automatizado y requería de un análisis técnico y generación de carácter manual.
- Inacción en Justicia y el posterior bloqueo de documentos: El entonces subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, mostró una evidente pasividad y no agilizó ninguna solución tras recibir un oficio de alerta máxima el 16 de abril de 2025, donde se le notificaba formalmente el descontrol migratorio y la total falta de respuestas del Registro Civil. Finalmente el servicio público implementó medidas para mitigar el impacto de la crisis, informando a los extranjeros afectados mediante cartas certificadas e inhabilitando los documentos mal emitidos, señalando formalmente que “Las cédulas fueron bloqueadas, lo que deja inservible a los documentos”.
Este lamentable episodio desnuda una vez más la profunda ineficiencia arraigada en la gestión pública durante la administración de izquierda de Gabriel Boric, donde las promesas de modernización digital terminaron transformándose en una vulnerabilidad directa para la seguridad del país. Otorgar estatus de permanencia definitiva por desprolijidades técnicas a personas que legalmente no calificaban para ello representa un error muy grave, especialmente en medio de la severa crisis migratoria y de seguridad que afecta diariamente a las familias chilenas.
La fe pública y el resguardo de nuestras fronteras demandan estándares de excelencia que el gobierno anterior fue incapaz de sostener debido a la desprolijidad y la lentitud burocrática para reaccionar ante sus propios errores. Los ciudadanos merecen un Estado eficiente que use la tecnología para proteger la soberanía y el orden legal, y no un aparato estatal que tarde más de un mes en responder una alerta interna mientras se debilitan los criterios de regularización en el territorio nacional.
