IVA a las apuestas online en Chile: Todo lo que necesitas saber sobre la polémica resolución del Servicio de Impuestos Internos que enfrenta a los casinos y al Gobierno

El Servicio de Impuestos Internos (SII) encendió el debate público en Chile al emitir la Resolución Exenta número 69, un mecanismo administrativo que permite a las plataformas extranjeras de apuestas online registrarse de forma remota para pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta medida adoptada por el organismo dirigido por Jorge Trujillo busca asegurar la recaudación fiscal de los servicios de entretenimiento digital prestados desde el exterior, pero desató una profunda controversia jurídica y económica en el país, enfrentando duramente a la Asociación Chilena de Casinos de Juego —quienes acusan una legalización encubierta de actividades ilícitas— con las empresas de apuestas virtuales y diversos parlamentarios que llevarán el caso ante las autoridades revisoras.

Puntos Claves:

• El origen de la medida administrativa: El Servicio de Impuestos Internos (SII) —la institución pública encargada de fiscalizar y aplicar los impuestos en el país— implementó un sistema simplificado para que los casinos virtuales y casas de apuestas extranjeras sin domicilio en Chile declaren y paguen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el tributo del 19% que se aplica habitualmente al consumo de bienes y servicios en el territorio nacional.
• Cobros con efecto retroactivo: La nueva normativa del organismo tributario chileno estipula que las plataformas internacionales que decidan inscribirse en este registro simplificado deberán pagar el IVA adeudado por las operaciones comerciales realizadas con usuarios chilenos durante los últimos 36 períodos tributarios, lo que equivale a tres años hacia atrás en su historial de funcionamiento.
• La justificación técnica del fisco: Desde el SII explicaron que su rol institucional se limita estrictamente a asegurar el cumplimiento de las obligaciones de dinero con el Estado y velar por la equidad económica, aclarando que no les compete calificar si un negocio es legal o ilegal, una tarea que el ordenamiento de Chile entrega a los tribunales de justicia y a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), la entidad pública encargada de fijar las reglas y supervigilar a los casinos formales autorizados.
• La dura respuesta de los casinos físicos: La Asociación Chilena de Casinos de Juego, liderada por Cecilia Valdés, criticó con dureza la resolución, afirmando que pagar impuestos no vuelve legal un negocio ilícito y advirtiendo sobre una fuerte competencia desleal, dado que los casinos tradicionales establecidos en el país pagan cerca de un 40% en impuestos y cumplen estrictas reglas de seguridad. Valdés denunció públicamente que: «En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal».
• Dictámenes judiciales previos incumplidos: En Chile, los juegos de azar en línea están prohibidos por regla general, salvo excepciones expresas autorizadas por ley como la Polla Chilena de Beneficencia. De hecho, la Corte Suprema de Justicia ya determinó en dos oportunidades que estas plataformas digitales operan al margen de la ley y ordenó bloquear sus sitios de internet a través de las empresas de telecomunicaciones, una instrucción judicial que hasta la fecha no se ha podido ejecutar con éxito en la práctica.
• Frenesí político y acciones fiscalizadoras: Parlamentarios de la oposición anunciaron que recurrirán a la Contraloría General de la República —el máximo órgano encargado de revisar que los actos de las autoridades de Gobierno se ajusten a las leyes— para frenar esta resolución administrativa, argumentando que se está regulando por secretaría un mercado que aún se discute en el Congreso. Respecto a esto, el senador Esteban Velásquez enfatizó que «es un serio error cobrar un impuesto a una actividad ilegal, a menos que se quiere legalizar por secretaría».
• El rol del gremio digital y gestiones de lobby: La Asociación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL), organización que agrupa a las firmas de juego electrónico y que realiza gestiones de lobby —reuniones reguladas por ley para presentar sus posturas ante las autoridades—, valoró la medida del SII al asegurar que repara una exclusión tributaria que sufrían desde 2023 y entrega mayor certeza jurídica al sector mientras se tramita una ley definitiva.

Esta encrucijada tributaria pone sobre la mesa un debate profundamente humano y social que va mucho más allá de las cifras macroeconómicas y la recaudación fiscal del Estado. Detrás de la proliferación de cientos de plataformas virtuales de apuestas, que operan de manera masiva a través de internet, existen riesgos latentes para las familias chilenas, tales como el aumento de la ludopatía (la adicción patológica a los juegos de azar), la desprotección total de los datos financieros de los consumidores y el libre acceso de menores de edad, quienes pueden ingresar fácilmente a estos entornos digitales sin controles efectivos de identidad ni trazabilidad sobre el origen de los dineros.

El desafío actual para el entramado institucional chileno radica en resolver la evidente contradicción entre un poder judicial que decreta la ilegalidad de estas plataformas extranjeras y un organismo tributario que les abre una ventanilla para recaudar fondos. Mientras el Congreso avanza con lentitud en un proyecto de ley para normar de raíz este mercado digital, la ciudadanía observa con incertidumbre cómo las decisiones administrativas impactan directamente en la seguridad económica, la transparencia de las empresas formales establecidas en Chile y el resguardo de la salud pública de la población.