Un masivo operativo policial liderado por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Santiago terminó este martes con la detención de 18 personas, entre ellas un ejecutivo del Banco Santander, acusadas de integrar una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua. La organización criminal transnacional logró blanquear y sacar de Chile más de 78 mil millones de pesos utilizando múltiples cuentas bancarias y empresas de criptomonedas, dineros que provenían de delitos como extorsiones y trata de personas, y que tenían como destino final financiar a líderes delictivos recluidos en cárceles de Colombia.
Puntos Claves:
- El histórico monto del fraude financiero: Las autoridades confirmaron que la red criminal movió fuera de Chile una cifra superior a los 78 mil millones de pesos, consolidándose como uno de los mayores casos de lavado de activos —proceso que busca introducir dinero de origen ilícito en el mercado legal— detectados en el país.
- La detención de un ejecutivo en pleno centro de Santiago: Detectives de la PDI ingresaron a una sucursal bancaria en la intersección de las calles Agustinas con Miraflores para arrestar a José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano de 33 años que se desempeñaba como ejecutivo de recuperaciones desde 2019.
- El uso de múltiples cuentas corrientes de forma externa: El fiscal del caso aclaró que el imputado no utilizaba la infraestructura directa de su empleador para los ilícitos, sino que aprovechó sus conocimientos de la industria para abrir y operar cuentas personales en diversas entidades como el Banco Falabella y Scotiabank.
- El origen de los recursos mediante la extorsión: Las ganancias eran generadas por una célula delictiva que operaba como una falsa productora de eventos, la cual obligaba bajo serias amenazas a los dueños de locales nocturnos del barrio Bellavista a ceder sus recintos para realizar fiestas masivas, apoderándose de la venta de entradas y el comercio de drogas.
Nexos Internacionales y Operación Tokio
- El origen de la Operación Tokio: Esta investigación policial y judicial, denominada oficialmente «Operación Tokio», nació tras un quíntuple homicidio ocurrido en julio de 2024 durante una fiesta clandestina rural o «parcelazo» en la comuna de Lampa, donde el análisis del teléfono celular de uno de los involucrados permitió descubrir los nombres y las pistas de esta red financiera oculta.
- Financiamiento de actividades delictivas en Colombia: Las ganancias obtenidas en Chile eran trianguladas y enviadas hacia un centro penitenciario en Bogotá, Colombia, lugar donde se encuentra recluido Carlos «El Bobby» Gómez, uno de los cabecillas de la organización que utilizaba estos recursos para pagar por el control territorial de sus bandas.
- Millonarias incautaciones y dinero digital congelado: El despliegue de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado (Brico) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) permitió incautar 15 millones de pesos en efectivo en un domicilio y congelar más de 300 mil dólares en Binance, una conocida plataforma internacional de intercambio de activos digitales.
- Declaraciones oficiales del caso: Respecto al impacto económico de la indagatoria, el fiscal regional Héctor Barros sostuvo que: “Esta es la primera vez que logramos afectar directamente su capacidad financiera, golpeando el corazón de su negocio”. En tanto, la firma financiera afectada emitió un comunicado donde recalcó que: “El Banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente”.
Cobertura de T13 sobre la detención del ejecutivo de Banco Santander
Este inédito golpe judicial pone de manifiesto la alarmante capacidad de las bandas criminales transnacionales para infiltrarse y operar silenciosamente dentro de las estructuras del sistema financiero formal chileno. Más allá de las complejas transacciones de dinero digital y las abultadas cifras macroeconómicas del fraude, este caso expone la cruda realidad de pequeños comerciantes, emprendedores y trabajadores de locales nocturnos que debieron vivir bajo el constante y destructivo asedio de la extorsión organizada.
La desarticulación de este engranaje económico abre una ventana clave en la lucha contra la delincuencia organizada, demostrando que el combate efectivo no solo requiere de patrullajes en las calles, sino también de una estricta fiscalización en los escritorios. La protección de los ciudadanos y la integridad del comercio local dependerán, de ahora en adelante, de la rigurosidad con la que las instituciones públicas y la banca privada vigilen y refuercen sus filtros de seguridad interna frente a las nuevas amenazas delictivas.