Escándalo en el Censo 2024: Contraloría destapa colosal falta de control del gobierno anterior al contratar delincuentes y pagar millones sin justificación

La Contraloría General de la República reveló un lapidario informe de auditoría que dejó al descubierto graves irregularidades y una profunda falta de control por parte del Instituto Nacional de Estadísticas durante la ejecución del Censo de Población y Vivienda 2024, proceso desarrollado a nivel nacional bajo la gestión del exministro de Economía del gobierno de izquierda, Nicolás Grau. El órgano fiscalizador detectó el uso injustificado de cientos de millones de pesos de todos los chilenos, la existencia de severos conflictos de interés en licitaciones millonarias y la peligrosa contratación en terreno de personas con antecedentes penales vigentes y extranjeros con órdenes de expulsión, vulnerando por completo la seguridad de las familias que abrieron de buena fe las puertas de sus hogares.

Puntos Claves:

Contrataciones negligentes y peligro para la seguridad ciudadana

• Personal en terreno con prontuario criminal: La Contraloría General de la República (CGR) constató que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contrató a 16 personas que registraban antecedentes penales vigentes por delitos graves como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. En seis de estos casos, los contratados presentaron papeles adulterados que la institución estatal no validó ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, mientras que en los 10 restantes directamente no se les exigió el certificado de antecedentes antes de ingresarlos al sistema de levantamiento de datos.
• Migrantes sin permisos y órdenes de expulsión vigentes: El informe técnico evidenció la incorporación de 14 ciudadanos extranjeros que no estaban habilitados legalmente para trabajar en Chile; de ellos, cinco tenían sus visados revocados por diversos motivos y uno de ellos contaba con una orden de expulsión de carácter administrativa vigente del territorio nacional al momento de recorrer los barrios.
• Coordinadores sin acreditación de estudios mínimos: El órgano regulador detectó que el INE no comprobó si más de 130 personas contratadas como Coordinadores de Local Censal y Gestores Administrativos poseían la escolaridad y los títulos requeridos para dichos cargos, una omisión de control que impidió aplicar multas a favor del Fisco —es decir, del tesoro público del Estado— por $131.972.500 a las empresas privadas encargadas del reclutamiento.

Despilfarro de recursos fiscales y conflictos de interés

• Pagos millonarios por trabajos fantasmas: La fiscalización arrojó que 515 supuestos censistas recibieron un total de $166.356.508 en remuneraciones a pesar de que no existe ningún registro oficial en el sistema informático de captura que demuestre que efectivamente realizaron las visitas que declararon haber hecho, reflejando una total ausencia de supervisión técnica.
• Grave conflicto de interés en licitación clave: Se descubrió que una exasesora directa del proceso censal actuó como evaluadora experta en una comisión de licitación pública adjudicada por cerca de $1.700 millones a la firma Dittborn y Unzueta S.A., siendo que en paralelo ella era la representante legal de otra sociedad (McCann Erickson S.A.) que poseía el 60% de las acciones de la empresa que resultó ganadora de los fondos públicos.
• Doble contratación ilegal en el aparato estatal: El ente fiscalizador detectó a 267 personas que prestaban servicios remunerados para el Censo 2024 mientras estaban simultáneamente contratadas a tiempo completo por otras instituciones públicas del Estado entre marzo y junio de ese año, ocultando su situación mediante omisiones deliberadas en sus declaraciones juradas obligatorias.
• Malversación en arriendos, transporte y tecnología abandonada: La cuestionada gestión del INE firmó 77 contratos de arriendo de locales sin justificación técnica; cinco de ellos se extendieron por 12 meses cuando el censo en terreno duró solo cinco, generando un gasto injustificado de $49.430.231. Además, el 1 de mayo de 2024 se pagaron $134.243.088 en transporte para traslados en un día festivo donde legalmente no se realizó ninguna labor censal. Por último, se compraron 4.588 computadores y 37.529 teléfonos inteligentes (smartphones) que quedaron arrumbados en bodegas sin un plan de uso; a fines de 2025, todavía permanecían almacenados 484 computadores y 29.226 teléfonos sin utilidad alguna.

Exigencia de responsabilidades políticas y acciones legales

• Cuestionamientos directos al exministro Nicolás Grau: El actual biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, apuntó a la responsabilidad de la anterior administración del Frente Amplio al señalar que «el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas».
• Ofensiva parlamentaria ante la justicia penal: Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hotuiti Teao y Marco Antonio Sulantay, acudieron formalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) —organismo encargado de defender judicialmente los intereses del país— para solicitar una querella criminal que persiga el fraude y busque restituir los fondos fiscales. En sintonía, el experto en seguridad Felipe Harboe fustigó con dureza el descontrol de la administración de Gabriel Boric catalogándolo derechamente como «una incompetencia más del gobierno anterior».

🔴 INFORME DE AUDITORÍA | CGR revela que, para el Censo 2024, el INE contrató a censistas con antecedentes penales y otros con expulsión administraba pendiente. Informe se envió al Ministerio Público.

La nota acá 👉🏻 https://t.co/l6uyPZJ0vI pic.twitter.com/VLylOu7BBh

— Contraloría (@Contraloriacl) June 10, 2026

Este escandaloso informe emitido por la Contraloría desnuda el verdadero sello de la anterior administración de izquierda: una profunda incompetencia operativa combinada con una total despreocupación por la seguridad de la ciudadanía. Exponer a miles de familias chilenas a abrir las puertas de la intimidad de sus hogares a personas con antecedentes vigentes por narcotráfico, estafas y robos violentos, bajo la falsa promesa de una campaña oficial segura, representa una negligencia imperdonable que vulneró gravemente la confianza pública y la tranquilidad de las familias de nuestro país.

El millonario desparpajo en el uso de los recursos fiscales, que incluye sueldos a censistas fantasmas, arriendos artificialmente inflados y miles de equipos tecnológicos acumulando polvo en bodegas, demuestra un desprecio absoluto por el dinero que con tanto esfuerzo aportan los contribuyentes chilenos. Resulta urgente que el Ministerio Público y la justicia penal avancen con máxima rigurosidad para que las exautoridades políticas del gobierno de Gabriel Boric, y muy especialmente el exministro Nicolás Grau, asuman las consecuencias legales y políticas de lo que se alza como uno de los mayores fiascos administrativos en la historia reciente de nuestras instituciones gubernamentales.