Rechazan acusación constitucional contra Maya Fernández pese a evidente conflicto constitucional por intento de compra de casa de Allende

Este miércoles 26 de marzo, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional presentada contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, por su participación en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende —su abuelo— mientras aún ejercía su cargo. A pesar de la evidente infracción al artículo 37 bis de la Constitución, la acusación fue desestimada por 70 votos contra 64, generando críticas por la protección política otorgada desde el oficialismo y por la débil respuesta del Gobierno ante un caso que involucraba intereses familiares y recursos públicos.

Puntos Claves:

• Rechazo de la acusación pese a posible infracción constitucional: La acusación constitucional fue desestimada por la Cámara Baja con 70 votos en contra, 64 a favor y ninguna abstención. La Constitución es clara: los ministros están prohibidos de celebrar o caucionar contratos con el Estado mientras ejercen el cargo, situación que se habría infringido durante el proceso de compra de la casa familiar.
• Acusación por violar el artículo 37 bis: El libelo fue impulsado por parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano, quienes acusaban a Fernández de haber participado directamente en negociaciones para la compraventa de un inmueble de su propiedad, en su calidad de ministra, lo que vulneraría de forma explícita el artículo 37 bis de la Constitución. Este artículo prohíbe que los ministros participen en contratos con el Estado o gestionen intereses particulares durante su mandato. Aunque la compraventa no se concretó, el proceso llegó a una etapa avanzada con recursos fiscales comprometidos.
• Vínculo familiar y uso de recursos públicos: La casa en cuestión pertenecía a Maya Fernández como heredera del expresidente Salvador Allende. El Gobierno pretendía adquirirla con fondos públicos para convertirla en museo. Esta doble condición —ministra de Estado y beneficiaria de la venta— generó un evidente conflicto de interés que fue minimizado por el oficialismo.
• Débil defensa del Gobierno y respaldo político a Fernández: Lejos de distanciarse, el Ejecutivo acompañó públicamente a Fernández durante la votación. Ministros como Álvaro Elizalde (Interior), Nicolás Cataldo (Educación) y Aisén Etcheverry (Ciencias) estuvieron presentes en el hemiciclo, provocando fuertes críticas por parte de la oposición, que acusó uso indebido de tiempo y recursos públicos para proteger a una figura cercana al Presidente.
• Críticas desde la oposición por blindaje político: Parlamentarios como Luis Sánchez (Partido Republicano) cuestionaron el respaldo del Gobierno y calificaron el ambiente de la sesión como “una chacota”. También criticó duramente a los ministros presentes y acusó al oficialismo de proteger a una de las suyas pese a la falta de probidad: “Francamente, es otra cachetada más en la cara de todos los chilenos”.
• La defensa legal de Fernández centró sus argumentos en tecnicismos: La abogada Claudia Sarmiento sostuvo que no se materializó ningún contrato, y por tanto, no se configura la infracción. “Sólo hubo actos preparatorios”, afirmó. También alegó que las acciones del Ejecutivo fueron transparentes y que sancionar a Fernández era “una forma de venganza”. Sin embargo, esta defensa no abordó el hecho de que la exministra participó en el proceso mientras ejercía el cargo, y que existía un beneficio directo.
• El informe negativo de la comisión revisora influyó en el resultado: La acusación llegó a la Sala con recomendación negativa, tras la evaluación de la comisión revisora, que no encontró méritos suficientes para respaldar la iniciativa. A esto se sumó el voto en bloque del oficialismo, de la Democracia Cristiana y de independientes cercanos al Gobierno, lo que garantizó el rechazo del libelo.
• Salida del gabinete y momento político: Maya Fernández había renunciado al Ministerio de Defensa el pasado 10 de marzo, afirmando que lo hacía “con la tranquilidad de haber actuado siempre con lealtad y apego estricto a la Constitución y la ley”. No obstante, la decisión de continuar con la acusación por parte de la oposición apuntaba a establecer responsabilidades políticas y legales más allá de su salida del cargo.
• Un caso que evidencia debilidades institucionales: Más allá del rechazo del libelo, el caso revela falencias en la ética pública y deja abierta la discusión sobre el uso del poder para proteger a figuras del círculo político del Gobierno. También pone en duda la efectividad de los mecanismos de fiscalización cuando hay mayorías parlamentarias que funcionan como blindaje político.

Aunque el libelo fue rechazado, el caso de Maya Fernández expuso una clara zona gris entre la legalidad y la ética pública. La exministra participó, mientras ejercía funciones, en un proceso que la beneficiaba personalmente, en contravención con lo dispuesto por la Constitución. Que no se haya concretado el contrato no elimina el hecho de que se vulneraron principios fundamentales de probidad.

El respaldo político cerrado del Gobierno y la minimización del conflicto de interés por parte de los defensores de Fernández profundizan la percepción de impunidad cuando se trata de figuras cercanas al poder. A pesar de haber sido absuelta por el Congreso, el caso deja importantes dudas sobre el compromiso del Ejecutivo con los estándares constitucionales que dice respetar.