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Gobierno de José Antonio Kast ingresa indicaciones a Sala Cuna Universal: Redistribución del Seguro de Cesantía terminará con el «impuesto» a contratar mujeres sin elevar costos laborales

Ilustración Kast presentando indicaciones sala cuna universal Imagen generada con IA. Click para ampliar T

El Presidente de la República, José Antonio Kast, junto al ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, ingresó este lunes en el Congreso las indicaciones sustitutivas —es decir, modificaciones que reemplazan partes del texto original— al proyecto de ley de Sala Cuna Universal, una iniciativa que busca eliminar las barreras históricas de contratación de mujeres en Chile mediante la creación de un fondo común de financiamiento y una implementación gradual de cuatro años.

Puntos Claves:

  • Fin al impuesto a la contratación femenina: La propuesta modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, una normativa vigente desde 1917 que obliga solo a empresas con 20 o más trabajadoras a proveer sala cuna, eliminando este límite para terminar con un incentivo negativo que frena la contratación de mujeres cuando las empresas se acercan a ese número de empleadas.
  • Financiamiento mediante un fondo colectivo: El nuevo sistema se sustentará con una cotización adicional del 0,35% de cargo del empleador, la cual será compensada íntegramente con una rebaja equivalente en los aportes que las empresas realizan al Seguro de Cesantía (0,2 puntos menos a cuentas individuales y 0,15 puntos menos al Fondo de Cesantía Solidario), garantizando que no existan nuevos costos laborales para los contratantes.
  • Implementación gradual de beneficiarios: El acceso universal se completará en un plazo de cuatro años; el primer año cubrirá a madres dependientes bajo el Código del Trabajo —incluyendo a quienes se desempeñan en Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) con menos de 20 mujeres— y cuidadores legales; el segundo año sumará a trabajadoras independientes y de casa particular; el tercer año a madres desempleadas o que estudian; y el cuarto año a padres del sector público y casos restantes.
  • Proyección de beneficiarios y costos por niño: La Dirección de Presupuestos (Dipres) —organismo estatal encargado de velar por el uso eficiente de los fondos públicos— estima que el beneficio partirá con 15.241 niños el primer año y llegará a 73.449 en el décimo año, con un costo mensual promedio por menor de entre 5,2 y 5,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), una unidad de cuenta usada en Chile para actualizar montos de dinero de acuerdo a la inflación, lo que equivale hoy a unos 320 mil pesos.
  • Aporte y garantías del Estado: La iniciativa contempla un aporte fiscal inicial de 11.631 UTM (aproximadamente 10 mil millones de pesos) durante los dos primeros años y establece una garantía estatal en caso de que los recursos del fondo común no alcancen, asegurando la continuidad del beneficio para las familias.
  • Administración y fiscalización del sistema: El dinero será administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) —el servicio público que gestiona los beneficios del Estado—, mientras que la Superintendencia de Pensiones —organismo encargado de vigilar los fondos previsionales— se ocupará de fiscalizar el correcto uso de los recursos acumulados.
  • Respaldo del gremio empresarial: La propuesta fue bien recibida por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), cuya presidenta Susana Jiménez afirmó que “es positivo que la propuesta no establezca nuevos costos asociados a la contratación de mujeres ni aumente las cargas laborales para los empleadores, porque eso permite asociar en mayor cobertura sin generar desincentivos para la generación de empleo.»
  • Búsqueda de sostenibilidad fiscal: Al firmar las modificaciones junto a las ministras de Educación y de la Mujer, el Presidente José Antonio Kast enfatizó la responsabilidad financiera de la reforma señalando que “Lo que buscan estas indicaciones a un proyecto que ya viene discutiéndose, es un justo equilibrio“, apuntando además a mitigar la crisis de desempleo y ofrecer incentivos para revertir la baja natalidad en el país.

Esta reforma representa un avance largamente esperado por miles de familias chilenas que enfrentan a diario la encrucijada de conciliar la crianza de sus hijos con el desarrollo profesional. Al transformar la sala cuna en un derecho universal financiado de forma colectiva, se remueve una pesada mochila que cargaban desproporcionadamente las mujeres y los emprendedores, abriendo las puertas a un mercado laboral más inclusivo, justo y dinámico para todos.

Con un diseño responsable que no asfixia la economía de los empleadores y que resguarda la estabilidad fiscal del país, la iniciativa del Ejecutivo busca reactivar con fuerza el empleo formal femenino, ofreciendo certezas en un escenario económico complejo. Asegurar que los niños tengan un cuidado de calidad mientras sus padres trabajan es sentar una base sólida para el futuro, la corresponsabilidad familiar y el bienestar integral de la sociedad chilena.