Escándalo de descontrol migratorio en el gobierno de Gabriel Boric: Contraloría y Fiscalía investigan la desaparición de cientos de niños haitianos ingresados en el 2025

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte de Santiago y la Contraloría General de la República iniciaron una exhaustiva investigación penal y administrativa tras detectar graves fallas de control estatal que permitieron el ingreso masivo y la posterior desaparición de cientos de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana en Chile durante el año 2025. El escándalo, detonado por un informe reservado del órgano fiscalizador, reveló que el Servicio Nacional de Migraciones y otros organismos en el gobierno del Presidente Gabriel Boric autorizaron el arribo de masivos vuelos chárter —aviones comerciales no regulares contratados de forma privada— bajo la modalidad de reunificación familiar, sin verificar de manera efectiva los lazos de parentesco de los menores con los adultos acompañantes, perdiéndose el rastro de decenas de ellos en diversas comunas del país.

Puntos Claves:

• Vuelos chárter sin fiscalización efectiva: De un total de 2.792 personas que ingresaron a Chile por concepto de reunificación familiar entre enero y octubre de 2025, un total de 1.476 ciudadanos lo hicieron a través de vuelos chárter operados por aerolíneas como Galistair, Aruba Airlines y Caribbean Sun Airlines, todas con la autorización de ruta otorgada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
• Auditoría interna y alarmante muestra: La Contraloría General de la República examinó una muestra focalizada de 366 pasajeros que arribaron en estos vuelos especiales al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en la capital, descubriendo que 333 de ellos correspondían a niños, niñas y adolescentes (NNA), lo que evidencia un flujo migratorio compuesto de manera casi absoluta por menores de edad bajo un control deficiente de la Policía de Investigaciones (PDI).
• Patrón sospechoso de adultos transportadores: El actual director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Frank Sauerbaum, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público tras detectarse que al menos 12 adultos —tanto chilenos como extranjeros— ingresaron reiteradamente al país actuando como supuestos tutores legales de contingentes de entre 2 y 18 menores haitianos cada uno, sin poseer un vínculo de consanguineidad —parentesco de sangre— real ni las autorizaciones exigidas por la Ley de Migración y Extranjería.
• Alertas ignoradas por la autoridad aeronáutica: El exdirector del SERMIG, Luis Eduardo Thayer Correa, reveló que mediante oficios emitidos el 23 de julio de 2025 advirtió formalmente al director general de la DGAC, Carlos Madina Díaz, sobre estas graves irregularidades documentales y el riesgo de una eventual vulneración de derechos, solicitando suspender estos vuelos; sin embargo, la entidad aeronáutica declinó acoger la prohibición inmediata de las operaciones aéreas.
• Permisos otorgados a un tutor fallecido: Entre los hallazgos más críticos del ente contralor figura la aprobación, con fecha 13 de febrero de 2025, de permisos de residencia temporal para tres niños haitianos solicitados supuestamente por su padre; no obstante, el progenitor de los menores había fallecido un mes antes del viaje, lo que no impidió que los niños abordaran el avión chárter y cruzaran las fronteras chilenas sin que se activara ninguna alerta institucional.
• Desaparición total de niños en terreno: Funcionarios de la Contraloría realizaron fiscalizaciones presenciales en los domicilios declarados por los solicitantes en la Región Metropolitana, constatando de forma alarmante que decenas de menores de edad no pudieron ser ubicados debido a que el sistema público descansó exclusivamente en la información autorreportada por los interesados sin validación previa, provocando que el Estado perdiera completamente la trazabilidad y el paradero actual de los niños.
• Ofensiva penal e indagatoria de la Fiscalía: El director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, fundamentó la apertura de la causa penal de oficio que liderará el fiscal regional Francisco Jacir, señalando que: «Estos son hechos graves que requieren una investigación específica por parte del Ministerio Público, es por eso que el fiscal nacional ha decidido esta denuncia de oficio para poder despejar aquellos hechos o no, si revisten carácter de delito y en los cuales eventualmente pudiese estar involucrado un funcionario público». Por su parte, el actual director del SERMIG, Frank Sauerbaum, reforzó la urgencia de las diligencias afirmando que: «La eventualidad de delitos graves que pudieran involucrar a menores de edad es suficiente justificación como para que el Ministerio Público y nuestra Policía de Investigaciones se aboquen preferentemente (…) a determinar la ubicación de estos menores de edad».

La crisis detectada por la Contraloría desnuda el absoluto descalabro operativo y la indolencia burocrática del gobierno de Gabriel Boric frente al control de las fronteras de nuestro país. Bajo la bandera ideológica de una supuesta «reunificación familiar» desprovista de exigencias severas, las autoridades de izquierda desmantelaron los filtros más elementales de seguridad, permitiendo que Chile se convirtiera en un territorio de tránsito ciego para operaciones masivas de traslados aéreos de menores de edad. Hoy, el desgarrador paradero desconocido de decenas de niños haitianos no solo representa una negligencia administrativa imperdonable por parte del Servicio Nacional de Migraciones y las policías, sino que expone el rostro más amargo de la ineficiencia gubernamental: la desprotección absoluta de la infancia vulnerable.

El caso, que ya se investiga judicialmente bajo las serias sospechas de tráfico ilícito de migrantes y corrupción de funcionarios públicos en la Región Metropolitana, exige un giro drástico y firme en la política migratoria nacional. No es admisible que un Estado supuestamente organizado autorice rutas aéreas privadas, timbre pasaportes a tutores ficticios —e incluso fallecidos— y luego admita con total liviandad que perdió el rastro de los seres humanos que ingresaron bajo su tutela. La ciudadanía chilena demanda responsabilidades políticas y penales inmediatas ante una gestión gubernamental que, por sesgo dogmático y debilidad institucional, terminó facilitando un escenario de extrema gravedad delictual en nuestro propio territorio.