La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú finalizó este viernes el procesamiento del 100% de las actas de votación de la segunda vuelta presidencial realizada el pasado domingo, confirmando un estrecho escenario donde la candidata de centroderecha, Keiko Fujimori, lidera el escrutinio con un 50,012% de los votos frente al 49,988% del postulante de izquierda, Roberto Sánchez. Con una diferencia de apenas 4.519 sufragios, el desenlace final de los comicios para definir al próximo gobernante del país andino para el período 2026-2031 quedó en manos de los tribunales electorales, encargados de resolver más de 1.500 actas que fueron observadas debido a errores materiales o impugnaciones.
Puntos Claves:
- Resultados al límite del escrutinio: Con el 98,327% de los votos ya contabilizados de forma definitiva en el sistema oficial, Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, suma 9.043.934 sufragios, mientras que Roberto Sánchez, representante de la coalición de izquierda Juntos por el Perú, acumula 9.039.415 votos.
- División geográfica y respaldo en el extranjero: El avance de la votación consolida la fragmentación del país, donde Fujimori logró imponerse con fuerza en la capital Lima Metropolitana, el Callao, las regiones de la costa norte y central, y de manera contundente gracias al voto de los peruanos residentes en el exterior (especialmente en Estados Unidos y Japón); por su parte, Sánchez obtuvo sus mayores ventajas en el sur andino y las zonas de la sierra peruana.
- El rol crítico de las actas observadas: La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) —que es la institución pública encargada de organizar y ejecutar los comicios— reportó que un total de 1.556 actas electorales fueron catalogadas como «observadas», lo que significa que presentan inconsistencias como sumas incorrectas, errores formales o falta de firmas de los vocales de mesa, por lo que deben ser revisadas minuciosamente antes de sumar sus votos al cómputo final.
Maniobras de la izquierda y defensa institucional
- Propuesta de reconteo fuera de los márgenes legales: Ante la ventaja de la opción de centroderecha, el candidato izquierdista Roberto Sánchez —quien postuló bajo la sombra de la facción del encarcelado expresidente Pedro Castillo— propuso públicamente a su rival exigir un recuento total de las papeletas de votación, manifestando textualmente: «Les propongo que solicitemos conjuntamente una revisión exhaustiva, un recuento de todo el proceso, sobre todo allí donde haya indicios de que no se ha respetado la transparencia necesaria».
- Inviabilidad legal y económica del pedido de Sánchez: Expertos constitucionalistas explicaron que un recuento general es inviable en el derecho peruano debido a que los plazos legales son «preclusivos» (término técnico que significa que una vez vencido el tiempo establecido por ley, el derecho a reclamar se pierde de forma irrevocable). Además, la izquierda enfrenta una barrera económica insalvable al intentar anular mesas sin pagar los derechos correspondientes, cuya tasa obligatoria asciende a 1.375 soles (moneda peruana equivalente a unos 340 mil pesos chilenos) por cada acta impugnada, sumando más de 2,4 millones de soles solo para el territorio de Lima.
- Firme rechazo del fujimorismo en resguardo de las instituciones: Desde el comando de Fuerza Popular, el candidato a la vicepresidencia, Luis Galarreta, rechazó la propuesta de la izquierda y defendió el Estado de derecho, declarando ante la prensa: «El reconteo de votos no se hace por capricho. Vamos a respetar la normativa electoral. Las impugnaciones, aunaciones y recuentos obedecen a un procedimiento que debe seguirse».
- Definición final en manos de los Jurados Especiales: La resolución de los votos restantes dependerá exclusivamente de los Jurados Electorales Especiales (JEE) —órganos temporales encargados de impartir justicia electoral en primera instancia— y, en última instancia, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que revisarán en audiencias públicas y televisadas cada uno de los documentos bajo sospecha antes de proclamar oficialmente al ganador. Se espera que el resultado final se de a conocer a mediados de Julio, para que el mandatario electo tome posesión el 28 de julio.
Esta reñida definición electoral mantiene en vilo a más de 27 millones de peruanos que acudieron a las urnas con la esperanza de poner fin a una severa crisis institucional que arrastra el país, sumido en una profunda inestabilidad que se traduce en la preocupante cifra de ocho mandatarios en tan solo una década. Frente al temor ciudadano de caer bajo un modelo económico de corte estatista y discursos cambiantes que ahuyentan la inversión privada, la opción que encabeza Keiko Fujimori emerge como una alternativa de estabilidad jurídica, orden y reactivación para los sectores productivos y las regiones postergadas que exigen un Estado eficiente.
El desenlace de los próximos días pondrá a prueba la solidez de la institucionalidad electoral de la nación vecina. Mientras las fuerzas de izquierda intentan presionar con mecanismos al margen de la ley y recursos masivos de nulidad para revertir una tendencia adversa, la defensa de los canales democráticos regulares y el respeto estricto a las normas vigentes se alzan como las únicas garantías para dar certeza, transparencia y paz social a una ciudadanía agotada de la polarización política.