Corte Suprema abre masivo proceso de remoción contra 56 jueces por fraudulentos viajes al extranjero con licencia médica e incluye al polémico juez Daniel Urrutia

La Corte Suprema de Chile, liderada por su presidenta Gloria Ana Chevesich, acordó esta semana la apertura de un total de 56 cuadernos de remoción en contra de jueces y juezas a lo largo del país que viajaron al extranjero mientras se encontraban bajo reposo por licencias médicas. La inédita e histórica determinación del pleno del máximo tribunal busca evaluar la destitución de los magistrados por mal comportamiento e irregularidades graves contra la probidad, revirtiendo criterios laxos anteriores y poniendo en el centro del huracán a figuras controversiales de la capital como el juez Daniel Urrutia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Puntos Claves:

• Histórica ofensiva contra las malas prácticas judiciales: El pleno del máximo tribunal del país aprobó, mediante una votación dividida de sus ministros, sumar 42 nuevas causas a las 14 ya abiertas la semana pasada, alcanzando un total de 56 procesos activos encaminados a la eventual expulsión de los implicados.
• Definición de un cuaderno de remoción: Este mecanismo consiste en un procedimiento administrativo especial contemplado en el artículo 80 de la Constitución Política, el cual no destituye de forma inmediata, sino que abre una etapa de cinco días hábiles para que cada juez presente sus descargos y defensas legales ante la Corte Suprema por faltas a su comportamiento e idoneidad.
• El polémico caso de Daniel Urrutia en Santiago: Entre los magistrados procesados destaca Daniel Urrutia, juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, conocido previamente por polémicas de corte político como liberar a imputados de la «primera línea» tras el estallido social, usar lenguaje inclusivo en fallos y autorizar videollamadas a peligrosos narcotraficantes en prisión; Urrutia registra salidas a Costa Rica en enero de 2020 y a Ecuador en junio de 2022 acusando estrés severo, ante lo cual su defensa argumentó que el último viaje fue para un tratamiento de medicina alternativa en la Amazonía.
• Cambio clave en los plazos de prescripción: Para evitar la impunidad, la Corte Suprema estableció un criterio estricto al fijar en cinco años el plazo de prescripción —que es el tiempo límite legal que tiene el Estado para castigar una falta—, revirtiendo la polémica decisión previa de la Corte de Apelaciones de Santiago que pretendía archivar el caso de Urrutia usando un límite de solo dos años.
• Altas autoridades judiciales bajo la lupa institucional: El proceso afecta exclusivamente a miembros del escalafón primario, que es la categoría interna que agrupa a los jueces de carrera en el escalafón del PJUD (Poder Judicial), confirmándose que la lista incluye a figuras de alta jerarquía como la presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Gloria Negroni, la ministra de la Corte de Santiago, Danai Hasbún, y el ministro de la Corte de Arica, José Delgado.
• Contraloría destapó el escándalo a nivel nacional: La crisis se originó tras una exhaustiva auditoría de la Contraloría General de la República que detectó más de 25 mil situaciones irregulares de funcionarios públicos viajando fuera de Chile con reposo médico, de los cuales 104 casos correspondían originalmente al Poder Judicial.
• Declaraciones de la máxima autoridad de la justicia chilena: En su vocería oficial, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, argumentó firmemente la severidad de la medida señalando de manera literal que: “La finalidad es resguardar la fe y la confianza pública de la sociedad en el Poder Judicial”. Asimismo, la ministra sumó que la institución tiene la misión de reaccionar porque “La Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deterioran su estatura moral, degradan su credibilidad o alimentan el desprestigio de la judicatura”.
• Arremetida internacional del juez Urrutia: Como contraofensiva a este proceso de destitución, el juez Urrutia —quien años atrás pidió refundar la institución judicial— denunció a la Corte de Apelaciones de Santiago ante la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), organismo internacional que ya dio acuse de recibo y otorgó un plazo de dos meses a la Cancillería chilena para responder por presuntas vulneraciones a sus derechos.

Este alarmante episodio deja al descubierto una preocupante erosión en los estándares éticos de quienes están llamados a impartir justicia con total probidad e imparcialidad en nuestro país. El mal uso de licencias médicas para realizar viajes de placer o actividades particulares en el extranjero no solo constituye una burla al sistema previsional que financian todos los contribuyentes con el esfuerzo de su trabajo, sino que también debilita gravemente la fe pública en un Poder Judicial que ya venía duramente golpeado por la desconfianza ciudadana.

La firme determinación de la Corte Suprema de aplicar «mano dura» y frenar la tradicional condescendencia interna es una señal valorable y urgente para limpiar las instituciones de conductas abusivas. La ciudadanía exige que los magistrados que intentaron imponer agendas ideológicas o que se creyeron por encima de las normas comunes asuman la total responsabilidad de sus actos, demostrando que en una verdadera democracia de derecho nadie posee privilegios corporativos cuando se trata de rendir cuentas ante la ley.