La cifra sube a 486 niños haitianos perdidos: Todo lo que se sabe del escándalo de tráfico ilegal que apunta a la inoperancia de Luis Eduardo Thayer y el gobierno de Boric

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Contraloría General de la República se encuentran investigando una alarmante red de eventual tráfico de personas que operó en Santiago de Chile durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, luego de que un preinforme revelara que se ha perdido el rastro de al menos 486 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana. Estos menores ingresaron al país mediante vuelos chárter —vuelos privados que se contratan de forma exclusiva y no siguen las rutas comerciales habituales— bajo el amparo del programa estatal de reunificación familiar administrado por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Las alarmas se encendieron de forma crítica tras constatarse la absoluta falta de control, desprolijidades en las bases de datos e inexistencia de inspecciones en terreno por parte de los organismos públicos dirigidos por la izquierda, lo que ha dejado en total desamparo a cientos de menores cuyos paraderos actuales son un completo misterio.

Escándalo de descontrol migratorio en el gobierno de Gabriel Boric: Contraloría y Fiscalía investigan la desaparición de cientos de niños haitianos ingresados en el 2025

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte de Santiago y la Contraloría General de la República iniciaron una exhaustiva investigación penal y administrativa tras detectar graves fallas de control estatal que permitieron el ingreso masivo y la posterior desaparición de cientos de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana en Chile durante el año 2025 […]

Puntos Claves:

• Aumento dramático de casos registrados: El último anexo del preinforme de la Contraloría General de la República reveló que la cifra de menores haitianos en riesgo de haber sido víctimas de redes de tráfico de personas asciende a 486 casos identificados entre mayo de 2024 y septiembre de 2025, superando ampliamente las estimaciones iniciales que hablaban de 200 menores desaparecidos.
• Adultos con ingresos masivos y sospechosos: El organismo fiscalizador identificó un patrón donde solo 12 adultos —siete de nacionalidad haitiana, dos dominicanos y tres chilenos nacionalizados— ingresaron a Chile en 61 vuelos distintos actuando de forma reiterada como supuestos tutores de grandes comitivas de niños; destaca el caso de un ciudadano dominicano que registró 12 ingresos con un total de 130 menores de edad a su cargo, y un haitiano que llegó en un solo viaje con 34 niños.
• El memorándum de la flexibilización: En mayo de 2024, el entonces director del Sermig y militante del Frente Amplio (FA), Luis Eduardo Thayer, firmó el Memorándum N°1886/2024, una instrucción interna que permitió explícitamente aceptar certificados de nacimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) sin la correspondiente legalización ni trámites consulares en el consulado de Chile en Haití, además de flexibilizar la entrega del Certificado de Antecedentes Penales (CAP) del país de origen, debilitando los filtros de seguridad del Estado. Se tiene que investigar si esta flexibilización fue ideológica o bien era en coordinación con el crimen organizado.
• Nula verificación en domicilios declarados: Funcionarios de Contraloría junto a las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) —organismos comunales encargados de proteger los derechos infantiles— realizaron fiscalizaciones en terreno en ocho comunas de la Región Metropolitana (como Quilicura, Estación Central y Pedro Aguirre Cerda), descubriendo que de una muestra de 105 menores, 64 no se encontraban en las direcciones registradas, evidenciando casas abandonadas o residentes de otras nacionalidades que vivían ahí desde mucho antes de la supuesta llegada de los niños.
• El misterioso incidente del vuelo WAL-801: El 15 de octubre de 2025 se detectó una grave anomalía con un avión de la empresa Caribbean Sun Airlines que despegó desde Puerto Príncipe con un itinerario que transportaba a 124 menores con rumbo a Santiago; la aeronave realizó una escala no programada en Lima, Perú, donde parte de los niños fueron bajados y redistribuidos de forma extraña, aterrizando finalmente en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez con solo 44 menores a bordo y borrando la trazabilidad del resto de los pasajeros.
• Alertas ignoradas por la autoridad migratoria: El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, denunció una inacción sistémica por parte de la administración anterior ante las reiteradas alertas emitidas desde el año 2023, señalando que se solicitó formalmente al servicio dirigido por Thayer implementar un registro biométrico —un sistema de identificación mediante huellas dactilares o rasgos físicos— para monitorear a los menores en contexto de movilidad humana, una petición que el gobierno de izquierda dejó archivada y sin respuesta.
• Explicaciones insuficientes ante la justicia: Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), como Natalia Romero, solicitaron formalmente a la Fiscalía citar a declarar a Luis Eduardo Thayer en calidad de «sujeto de interés» por su presunta inacción y permisividad administrativa. Al respecto, Thayer ensayó una débil autocrítica en una entrevista radial señalando: «en el otorgamiento de la residencia el preinforme hace algunas observaciones respecto de desprolijidades en términos del registro de información. Hay que esperar el informe final. Pero respecto del otorgamiento de la visa a los niños y respecto de la verificación de que los padres estaban en Chile, yo me hago cargo completamente y me hago responsable».
• Advertencias desoídas desde el Congreso: El exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, quien impulsó originalmente el requerimiento fiscalizador tras recibir denuncias de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) sobre el arribo sospechoso de estos vuelos, criticó la muralla burocrática del Ejecutivo anterior al afirmar que hablar con Thayer y las autoridades del gobierno de Gabriel Boric «fue como hablar con una pared. Nadie se cuestionaba que llegara un adulto con 40 niños».

Este devastador escenario expone la faceta más amarga del descontrol migratorio y la desidia estatal: el total desamparo de cientos de niños vulnerables que ingresaron de forma visada bajo el papel, pero cuyo destino hoy es una trágica incógnita. La prioridad humana y urgente del Estado debe ser, sin dobles lecturas, desplegar todos los recursos de la recién creada fuerza de tarea interministerial —liderada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf— y coordinarse de forma estricta con las policías para rastrear el paradero de estos menores antes de que caigan en redes delictuales irreversibles.

Sin embargo, esta crisis humanitaria no puede desvincularse de la evidente responsabilidad política de las autoridades de izquierda del gobierno de Gabriel Boric. La aplicación de una agenda ideológica garantista de fronteras abiertas y la firma de resoluciones que flexibilizaron intencionalmente los estándares mínimos de validación legal, como lo hizo Luis Eduardo Thayer en el Servicio Nacional de Migraciones, terminaron por desmantelar las capacidades de control de la Policía de Investigaciones (PDI) y del aparato público. La permisividad de la administración anterior no fue un simple error administrativo, sino una negligencia flagrante que le abrió las puertas de par en par a mafias internacionales de tráfico humano, dejando una herida profunda en la seguridad nacional y la protección de la infancia en Chile.