Hallan a los primeros niños haitianos desaparecidos en Estación Central y Graneros: Investigación expone el grave descontrol migratorio bajo la gestión de Luis Thayer y el gobierno de Boric

Durante las últimas horas de este viernes, los equipos municipales y policiales lograron ubicar a los primeros menores de edad haitianos que se encontraban con paradero desconocido tras ingresar a Chile bajo el programa de reunificación familiar del gobierno anterior. Los hallazgos se registraron principalmente en las comunas de Estación Central, en la Región Metropolitana, y de Graneros, en la Región de O’Higgins, luego de que un alarmante informe de la Contraloría General de la República encendiera las alertas por un posible delito de tráfico de personas, revelando que la administración del expresidente Gabriel Boric permitió el ingreso de cientos de niños sin verificar adecuadamente sus vínculos familiares ni sus domicilios reales en el país.

Puntos Claves:

Los hallazgos en terreno y despliegue local

• Éxito en la localización local: En la comuna de Graneros, en la Región de O’Higgins, el alcalde Marcelo Miñañir confirmó que se logró identificar al total de los nueve menores haitianos que figuraban en las alertas de búsqueda de dicha zona, detallando que se encuentran en buenas condiciones de salud, viviendo con sus familias de base y completamente incorporados al sistema escolar en recintos municipales y subvencionados.
• Hacinamiento en la Región Metropolitana: En la comuna de Estación Central, las autoridades detectaron a un grupo de siete niños habitando en condiciones de hacinamiento —es decir, una excesiva acumulación de personas en un espacio reducido— dentro de una pieza, bajo el cuidado de un tutor y en situación de pobreza material. A pesar de la precariedad económica, se reportó que están yendo al colegio, ante lo cual el alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, declaró a T13: “Están hacinados, pero tienen donde dormir”.
• Avances de la policía civil: La Policía de Investigaciones (PDI), que funciona como la policía civil encargada de las indagaciones criminales en Chile, informó que ya ha logrado identificar de manera preliminar a 25 menores de 18 años a nivel nacional, constatando que algunos de ellos se encontraban habitando en direcciones distintas a las registradas en las bases de datos oficiales, mientras que otros ya abandonaron el territorio chileno.

Las irregularidades y la responsabilidad política

• La polémica flexibilización de requisitos: El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) —el organismo público que regula las solicitudes de residencia de los extranjeros—, Luis Eduardo Thayer, firmó un polémico memorándum en mayo de 2024 que rebajó los estándares de control, permitiendo de forma inédita que los ciudadanos haitianos tramitaran visas utilizando certificados de nacimiento sin legalizar y sin la respectiva validación ante el Consulado de Chile en Puerto Príncipe.
• Ingresos masivos bajo sospecha: La Contraloría General de la República (CGR) —la institución del Estado que fiscaliza la legalidad y el uso de los recursos públicos— denunció en un preinforme que apenas 12 adultos ingresaron a Chile con un total de 486 niños haitianos entre los años 2024 y 2025, detectándose casos sumamente graves como el de un solo ciudadano que ingresó al país acompañado de 34 menores de edad en un único vuelo, lo que levantó sospechas inmediatas de explotación.
• Corrupción en el consulado extranjero: El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que debió remover de sus funciones al entonces cónsul chileno en Puerto Príncipe, Rafael du Monceau de Bergendal, tras detectar durante el año 2025 un aumento «inusualmente elevado» en las legalizaciones de documentos y ante la sospecha en la Fiscalía de eventuales pagos ilícitos dentro de la sede diplomática para acelerar los trámites de viaje de los menores.
• Acción penal y búsqueda coordinada: El actual director del Sermig, Frank Sauerbaum, junto a la Fiscalía Nacional, iniciaron una investigación penal por los delitos de tráfico de migrantes, cohecho y falsificación, luego de que un muestreo inicial en terreno arrojara que 64 de 105 niños controlados en enero de 2026 estaban completamente inubicables. Ante la emergencia, el Presidente de la República, José Antonio Kast, creó una Fuerza de Tarea coordinada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para cruzar los datos del periodo 2022-2025 mediante las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) —estamentos municipales que velan por la infancia—, señalando la ministra que “nosotros estamos actuando con urgencia como Gobierno de Chile”.
• Identificación de los supuestos tutores y las mafias detrás de los vuelos: Un reportaje investigativo de T13 reveló las identidades de las personas que transportaron masivamente a los menores bajo la fachada de la reunificación familiar, dejando en evidencia el absoluto descontrol de las fronteras durante la administración de Gabriel Boric. Entre los sospechosos que hoy están en el radar de la Fiscalía se encuentra Rose Shamaen, una ciudadana haitiana de 26 años que declara en redes sociales trabajar como asesora del hogar, pero que de forma inexplicable registra 18 viajes internacionales entre 2024 y 2025, ingresando al país con 34 niños en un solo vuelo. A ella se suma Pierre Louis Gesny, un haitiano nacionalizado chileno con un patrón idéntico de constantes viajes express, quien ingresó al territorio nacional a cargo de 22 menores de edad en apenas dos operaciones aéreas.
  
  Además, las indagaciones destaparon un millonario negocio operado por agencias de viaje que cobran montos que comienzan en los 2,7 millones de pesos por pasaje a través de redes sociales para asegurar el llenado de los aviones chárter —es decir, vuelos contratados de forma privada—. Testigos clave del caso denunciaron ante la Contraloría General de la República (CGR) que estas organizaciones obligaban a los pasajeros legítimos en el aeropuerto de Haití a recibir documentación falsa para hacerse cargo de niños que no eran suyos, bajo la amenaza de impedirles el viaje. Toda esta preocupante red de tráfico y engaño operó sin fiscalización alguna ante las narices de un sistema migratorio laxo que debilitó deliberadamente sus estándares de seguridad.

El hallazgo de estos primeros menores de edad devuelve un necesario grado de alivio humano frente a la profunda incertidumbre sobre la integridad y seguridad de niños que fueron expuestos a una alta vulnerabilidad social en nuestro país. Sin embargo, las condiciones de hacinamiento y pobreza en las que subsisten algunos de ellos reflejan la crudeza de un sistema de protección que falló en sus bases más elementales. Detrás de cada cifra de este caso hay rostros infantiles que sufrieron los efectos colaterales de fronteras sin control, transformándose en las víctimas de un lucrativo negocio del que organizaciones delictuales aún sacan provecho a costa de la infancia.

Este sombrío panorama expuesto por la Contraloría es la consecuencia directa de la negligencia del gobierno de Gabriel Boric y de la gestión ideológica de Luis Eduardo Thayer en el Servicio Nacional de Migraciones. Al debilitar de manera deliberada los filtros documentales bajo una malentendida política de «buenismo», la administración anterior le abrió las puertas de par en par al potencial tráfico de menores de edad y a la desprotección absoluta del territorio nacional. Chile hoy enfrenta la compleja tarea de enmendar los errores de una izquierda que prefirió la consigna política por sobre el resguardo de la seguridad y los derechos humanos de los más indefensos.