Todo lo que necesitas saber sobre la auditoría del Gobierno que reveló el descontrol de $1,4 billones transferidos a fundaciones sin rendir durante la gestión de Boric

El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del actual Gobierno de Chile, liderado por la subsecretaria Constanza Castillo, reveló este miércoles un alarmante reporte del Plan de Inspección Total al Estado, el cual descubrió que más de 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones durante la administración anterior del expresidente Gabriel Boric no cuentan con ninguna rendición de cuentas acreditada. El hallazgo encendió las alertas nacionales por el severo descontrol financiero y el uso desmedido de contrataciones directas sin licitación pública en el aparato estatal entre los años 2022 y 2026.

Puntos Claves:

• Desolador desfalco en las cuentas públicas: De un total de 5,4 billones de pesos traspasados a diversas entidades privadas entre 2022 y 2026, la impactante suma de 1,4 billones de pesos carece de rendición acreditada, siendo el Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura los organismos con peor rendimiento fiscal.
• Fundaciones express creadas bajo sospecha: Durante la pasada administración izquierdista se crearon 177 fundaciones que recibieron más de 11 mil millones de pesos, de los cuales el 60% (unos 6.500 millones de pesos) no posee rendición acreditada, habiendo 79 de estas nuevas entidades con un absoluto cero por ciento de rendición registrada y nexos directos con el Caso Convenios.
• Abuso sistémico del trato directo: La auditoría denunció un uso intensivo del trato directo —un mecanismo excepcional de compra directa que utiliza el Estado para adquirir bienes saltándose las licitaciones públicas (concursos abiertos donde compiten distintas empresas)—, superando la mitad de las compras totales en el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
• Falsas emergencias, incluso superando a la pandemia: El uso de la causal de «emergencia» para saltarse los controles en compras públicas aumentó un 17% en comparación con lo registrado durante toda la crisis sanitaria del Covid-19, concentrándose este cuestionable patrón en la Junaeb (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) y la Dirección General de Obras Públicas. Resulta evidente que hay un abuso de la causal «Emergencia» para evitar control y ejecutar los recursos de forma más rápida, es sorprendente que en gobierno anterior se ocupara más esta causal que la propia pandemia, siendo la emergencia sanitaria más grande de los últimos tiempos.
• Nuevas investigaciones criminales y administrativas: Ante las graves alertas de riesgo institucional, el comité resolvió instruir auditorías inmediatas en cuatro ministerios clave de la gestión anterior: Deporte (enfocado en el Instituto Nacional de Deportes), Energía (Agencia de Sostenibilidad Energética), Agricultura y Salud.
• Eventuales consecuencias judiciales: Los antecedentes por pagos irregulares de más de 14 mil millones de pesos en raciones de alimentos jamás entregadas por la Junaeb ya fueron denunciados criminalmente ante el Ministerio Público (Fiscalía), marco en el cual la presidenta del comité y subsecretaria de la Segpres (Secretaría General de la Presidencia), Constanza Castillo, advirtió firmemente: «Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que esos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos». En esa misma línea fiscalizadora, la diputada Gloria Naveillán arremetió contra el desorden del gobierno de Boric manifestando que «es impresionante cómo, escarbando un poquitito debajo de la alfombra, empieza a salir toda la mugre que ocultaron ahí».

El crudo diagnóstico presentado por el Plan de Inspección Total al Estado desnudó la cara más amarga de una gestión de izquierda que, bajo falsas promesas de superioridad moral, sumió los fondos de todos los chilenos en un pozo de opacidad e ineficiencia institucional. Dejar sin rendir miles de millones de pesos destinados originalmente a la protección de la niñez vulnerable, la capacitación laboral y la alimentación de los estudiantes más pobres no constituye un mero atraso administrativo; es una vulneración directa a los derechos de las familias chilenas que terminan pagando los platos rotos del desorden del gobierno anterior.